De acuerdo con Juan Francisco García, coordinador de la ONG FundaRedes en el estado Apure, la acción militar se llevó a cabo durante la madrugada del viernes mediante aeronaves no tripuladas de origen estadounidense. El vocero enfatizó la total ausencia de fuerzas militares locales durante la incursión aérea: “Esto no tuvo ninguna participación del ejército venezolano. Aquí básicamente se metieron los gringos”.García, en diálogo con Mañanas Blu, precisó que las tropas venezolanas solo hicieron presencia en el lugar horas después del ataque para la recolección de restos e inspección: “El bombardeo fue el viernes amaneciendo en la madrugada del viernes y el día sábado el ejército venezolano bajó en tierra. Han estado allí haciendo un barrido de la zona... una unidad de respuesta rápida del ejército venezolano”. Asimismo, la organización denunció una absoluta opacidad del Estado venezolano, señalando el silencio del ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, así como de la cúpula militar y las autoridades regionales.Saldo mortal y reclutamiento de jóvenesLa ONG tuvo acceso a registros visuales de la zona atacada que muestran la severidad del impacto y el estado irreconocible en el que quedaron los 23 cuerpos. Entre las víctimas identificadas figura un operador logístico de la zona: “El día de ayer yo conversé con los familiares de un logístico que fue dado de baja allí, un muchacho que responde al nombre de Luis Alexander Solorzano Camacho”.Según la información obtenida por la ONG a través de familiares y pobladores de la zona, la incursión aérea habría coincidido con la llegada de un alto jefe insurgente al campamento: “Había un mando importante en la zona y él había reclutado en días previos al evento 16 jóvenes más de San Fernando y los había llevado hasta la zona”. Se especula además sobre la posible presencia de mandos históricos como alias "Garganta", el comandante "M.EL" o la integrante del comando central alias "Silvana Guerrero", cuya estancia en territorio venezolano ha sido documentada previamenteUn enclave del narcotráfico y la "simbiosis" estatalEl ataque puso nuevamente en evidencia el uso del territorio venezolano como zona de retaguardia impune para el ELN. El estado Apure abarca 800 kilómetros de los 2.219 kilómetros de frontera compartida entre Colombia y Venezuela, albergando a apenas 500.000 habitantes en un área desprotegida. García recordó que el sector afectado funciona como punto clave de acopio y despacho de estupefacientes: “Nosotros hemos en Apure registrado más de 60 pistas en narcotráfico, algunos laboratorios para la producción de clorhidrato base de cocaína”.Finalmente, el vocero lamentó la complicidad histórica de las instituciones venezolanas con los grupos irregulares colombianos, señalando que la Fuerza Armada ha facilitado el uso de vehículos militares y lanchas artilladas a los rebeldes desde años atrás. “La simbiosis del ejército venezolano con el ELN es una tragedia que costará muchísimo en resolver acá en Venezuela”, puntualizó el representante de Fundaredes.Escuche aquí la entrevista:
El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta admitió un incidente de desacato contra el presidente Abelardo De La Espriella, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, y el comandante general de las Fuerzas Militares, Erik Rodríguez Aparicio, por presuntamente incumplir una tutela que ordenó adoptar "un estándar de precaución y verificación" en la "planeación de ejecución" de bombardeos donde haya riesgo de la presencia de menores reclutados ilegalmente por grupos ilegales.La decisión responde a una solicitud presentada por la ciudadana Natalia Bernal Cano, quien señaló que las tres autoridades habrían incumplido la sentencia de tutela del pasado 29 de septiembre de 2026. El fallo amparó los derechos a la vida, la integridad personal y la dignidad humana de niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, personas con discapacidad y adultos mayores que viven en zonas de conflicto armado. Al admitir el incidente, la jueza ordenó notificar a los tres funcionarios y les dio un plazo de dos días para que expliquen si han cumplido las órdenes judiciales. Deberán presentar un informe detallado y las pruebas de las medidas que han adoptado para acatar la sentencia.Sin embargo, el despacho negó la solicitud de medida urgente presentada por la ciudadana, quien buscaba suspender todos los bombardeos y operaciones aéreas militares en el país mientras se resolvía el desacato.La jueza explicó que la prohibición general de estas acciones ya había sido descartada en el fallo de tutela y que este trámite no permite modificar decisiones que ya fueron adoptadas.Una vez termine el plazo de dos días y se reciban las respuestas, el expediente volverá al despacho para estudiar las pruebas y determinar si hubo un incumplimiento injustificado.Recordemos que la sentencia del 29 de septiembre estableció que, antes de realizar bombardeos o ataques aéreos, las Fuerzas Militares deben verificar rigurosamente si hay población civil y menores de edad en la zona. También deben evaluar si el beneficio militar de la operación justifica los posibles daños a los civiles, con especial protección para los niños y adolescentes.El fallo también aclaró que un menor no puede ser considerado automáticamente combatiente por vestir prendas militares o permanecer en un campamento de un grupo armado ilegal. Las autoridades deben considerar que puede ser víctima de reclutamiento y utilización ilícita y aplicar medidas especiales para proteger su vida e integridad.Esta decisión se suma a otros pronunciamientos judiciales. El Juzgado 34 de Familia de Bogotá determinó que no puede existir una prohibición absoluta de los bombardeos cuando estén dirigidos contra objetivos militares, pero fijó precauciones especiales ante información verificable sobre la presencia de menores.Además, la semana pasada el Tribunal Superior de Bogotá revocó un fallo de tutela y dejó sin efectos una medida provisional que restringía estas operaciones ante la posible presencia de niños, niñas y adolescentes.
En el marco del Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Bogotá, el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Cortés, habló en Mañanas Blu, sobre el informe detallado sobre los menores de edad fallecidos en el contexto de operaciones militares. Durante su intervención, el funcionario precisó las cifras oficiales registradas por la entidad, los protocolos internacionales empleados para la identificación de los cuerpos y el alcance de los peritajes forenses en investigaciones judiciales de alta relevancia.Balance de menores fallecidos y precisión conceptualFrente al reporte de fallecidos en acciones de la Fuerza Pública, Cortés hizo una distinción técnica respecto al lenguaje institucional utilizado por la entidad. "Realmente el concepto que no usamos es bombardeos porque es un concepto calificativo que lo ve la Fiscalía General de la Nación y los jueces", sostuvo el director, enfatizando que el organismo se refiere a estos eventos como operaciones militares.Con corte al 30 de septiembre, la institución reportó inicialmente ocho menores de 17 años o menos fallecidos —correspondientes a tres mujeres y cinco hombres— en seis operaciones militares. Las edades de las víctimas oscilan entre los 13 y los 17 años. Las regiones con mayor incidencia de estos hechos han sido Cauca, Norte de Santander y Guaviare. A esta cifra se sumó un caso reciente remitido a Tuluá procedente del Cauca, con lo cual el total asciende a nueve menores. Según confirmó Cortés, "los ocho menores de edad han sido entregados" a sus respectivas familias.Al abordar el comportamiento histórico de estos decesos, el director expuso los datos comparativos que maneja la institución por periodos gubernamentales. Cortés detalló que durante la administración del expresidente Iván Duque se registraron 42 muertes de menores en estas circunstancias, mientras que en el gobierno de Gustavo Petro la cifra se ubicó en 62. En el transcurso del periodo gubernamental actual, el registro alcanza los nueve casos.Aplicación de protocolos internacionalesPara la determinación de las causas de fallecimiento y el abordaje forense de los cuerpos, Medicina Legal aplica estándares internacionales específicos. "Nosotros tenemos un protocolo que se utiliza precisamente para temas muy específicos de operaciones militares. En este caso usamos el de el protocolo de Minnesota. Cuando las personas no fallecen o son más de lesiones, usamos el protocolo de Estocolmo", explicó Cortés, señalando que estos se complementan con protocolos propios diseñados por la institución para atender estas contingencias.En relación con la participación de Medicina Legal en indagaciones judiciales sobre presunta instrumentalización de personas o presiones a cambio de contratos públicos, el director aclaró las atribuciones y límites de la entidad. Explicó que cualquier examen médico-legal requiere una solicitud previa formal por parte de los fiscales, jueces o las partes involucradas en el proceso.Escuche aquí la entrevista:
El Tribunal Superior de Bogotá revocó un fallo de tutela y dejó sin efectos una medida provisional que restringía los bombardeos cuando se presumía que había presencia de menores en las zonas donde se iban a adelantar las operaciones.“La providencia permite que las Fuerzas Militares continúen desarrollando sus capacidades operacionales dentro del marco constitucional y legal vigente, observando en todo momento los principios de distinción, proporcionalidad y precaución establecidos en el Derecho Internacional Humanitario”, señaló el Gobierno tras la decisión.Desde el Ejecutivo también aseguraron que se tomarán las medidas para proteger a los niños y adolescentes víctimas de reclutamiento por parte de los grupos armados.“El Gobierno reitera, además, que el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales constituyen graves violaciones de sus derechos. Su prevención y la protección integral de las víctimas seguirán siendo prioridades de las instituciones del Estado”, se lee en el comunicado de la Presidencia.Justamente, tras esta decisión del Tribunal Superior de Bogotá, el director de Medicina Legal confirmó que, durante este Gobierno, ocho menores han fallecido en operaciones militares. En lo corrido del año, se registran en total 17 menores fallecidos en estas circunstancias.
Una adolescente de 16 años está entre los cuatro integrantes del frente 33 de las disidencias de las Farc que fueron abatidos en el bombardeo del 10 de octubre contra tres campamentos de esa organización en el Catatumbo, Norte de Santander.De acuerdo con el Ministerio de Defensa, las cuatro personas muertas, tres hombres y una mujer, pertenecían a esta estructura armada al mando de alias ‘Calarcá’. Medicina Legal confirmó que entre los muertos figura una menor de 16 años que, según las autoridades, cumplía funciones continuas de combate.Durante el operativo, tres soldados resultaron heridos por la activación de un campo minado en áreas cercanas a uno de los campamentos. La operación también permitió localizar un búnker y tres áreas preparadas con explosivos, además de incautar armas y municiones que pertenecían a esta facción que está al mando de alias ‘Calarcá' según el balance del Ministerio de Defensa.Las acciones combinaron ataques aéreos con el ingreso posterior de comandos para asegurar y registrar el área, según el ministro de Defensa, general en retiro Jorge Eduardo Mora. El material incautado incluye diez fusiles, una ametralladora, una pistola, un revólver, 57 cargadores y 3.867 cartuchos de diferentes calibres. También fueron encontradas dos miras ópticas, tres celulares, material de intendencia y cinco brazaletes alusivos a las Farc.Los tres campamentos localizados tenían capacidad para albergar aproximadamente a 36 integrantes de la organización. Además, las tropas encontraron un búnker y tres áreas preparadas con artefactos explosivos improvisados.Según el Ministerio de Defensa, la operación buscaba proteger a las comunidades rurales de Tibú frente a las acciones armadas del frente 33 y el ELN. Este es el cuarto bombardeo realizado durante el Gobierno de Abelardo De La Espriella, según el balance entregado por el ministro de Defensa.
Un primer balance del bombardeo ejecutado en la madrugada de este domingo 11 de octubre contra un campamento del frente 33 de las disidencias de las Farc, en la región del Catatumbo, Norte de Santander, reporta la recuperación de cuatro cuerpos, según información preliminar conocida por fuentes oficiales.La operación militar se desarrolló contra un punto donde, al parecer, se encontraban cerca de 20 integrantes de esta estructura armada ilegal. Para el ataque se utilizaron aeronaves Tucano y Kfir, de acuerdo con el reporte conocido durante el informe al aire.Tras el bombardeo, las tropas comenzaron a ingresar a la zona con el propósito de verificar los resultados de la operación y establecer las condiciones en las que se encontraba el campamento. Hasta el momento del primer balance, las autoridades habían confirmado la recuperación de cuatro cuerpos.Este operativo se produce en medio de la controversia jurídica alrededor del uso de bombardeos contra estructuras armadas en territorios donde existe riesgo de presencia de menores de edad reclutados por estos grupos ilegales.Según la información entregada durante el reporte periodístico, esta es la primera operación de este tipo que se ejecuta tras las discusiones sobre las condiciones para realizar estos ataques durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.Con este procedimiento, ya serían cuatro los bombardeos ejecutados durante la actual administración, de acuerdo con el balance presentado en el informe.Por ahora, la información disponible corresponde a un reporte preliminar. El ingreso de las tropas permitirá avanzar en la verificación de los resultados y determinar si hay más víctimas tras el ataque contra el campamento del frente 33.El Catatumbo, ubicado en Norte de Santander, es una región afectada por la presencia de grupos armados ilegales y las confrontaciones por el control territorial. Se espera que las autoridades entreguen información adicional sobre los resultados de esta operación militar.
Un nuevo capítulo del pulso político se vivió en la plenaria del Senado de la República durante el debate de moción de censura promovida por el Pacto Histórico contra el ministro de Defensa, general en retiro Jorge Eduardo Mora.La discusión estuvo centrada en los bombardeos realizados contra campamentos de grupos criminales en el departamento del Guaviare, particularmente contra una de las disidencias de las Farc, la de alias 'Calarcá'. En esas operaciones murieron menores de edad que habían sido reclutados para integrar las filas de ese grupo.La votación de la moción de censura se realizará el miércoles, 23 de septiembre, a las 3:00 de la tarde en la plenaria del Senado, por lo que este miércoles solo se escuchó a los citantes, voceros de los demás partidos y al ministro responsable.Desde el Pacto Histórico uno de los senadores en intervenir fue Alberto Benavides, quien advirtió que si había varios meses de inteligencia genera duda que no se conociera que había menores de edad en el campamento que se iba a bombardear.“Si se llevaban 6 meses de inteligencia sobre ese sitio, más alertas todavía. Necesitamos que se cumpla la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario, y que nunca más niños y niñas sean bombardeados. Esto no es de un Gobierno o del otro. Ha llegado el momento de tener la guerra. ¿Ustedes están dispuestos? Nosotros y nosotras sí”, dijo Benavides.Ministro defendió el bombardeo como una operación estratégicaDurante su intervención, el ministro de Defensa comenzó mostrando un video sobre la atención brindada por la fuerza pública a las personas afectadas por el terremoto.Posteriormente, abordó los cuatro puntos planteados durante el debate y se refirió al bombardeo en el Guaviare, operación que calificó como estratégica ante las circunstancias de orden público que enfrenta ese departamento.Mora explicó que el ataque aéreo fue autorizado porque, según la información disponible, existían razones suficientes para actuar contra el grupo de alias 'Calarcá', además se trataba de un sitio donde había unos 60 integrantes de la organización delictiva.Señaló que, únicamente en el departamento del Guaviare, esa estructura criminal ha asesinado a 10 militares, dejado 16 heridos y secuestrado a cinco uniformados.El ministro también hizo referencia al enfrentamiento entre las estructuras de alias 'Calarcá' e 'Iván Mordisco' en el mismo departamento, conflicto que, de acuerdo con las cifras expuestas durante el debate, ha dejado 48 muertos, entre ellos 11 menores de edad.Mora sostuvo que las operaciones desarrolladas por la fuerza pública son de carácter quirúrgico y que se ejecutan con el objetivo de evitar efectos sobre áreas diferentes a las previamente definidas.Como parte del balance operacional desde que asumió el Ministerio de Defensa, el pasado 7 de agosto, destacó el rescate de 39 menores de edad que habían sido reclutados por grupos criminales y la liberación de otras 29 personas que permanecían secuestradas.Durante su intervención, el ministro resaltó además su experiencia y conocimiento en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario. Afirmó que nunca ha sido denunciado por violaciones de derechos humanos y señaló que no es compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en referencia a la pulcritud de su hoja de vida.Defensa de la actuación de la fuerza públicaEntre otras voces, el senador Wilder Escobar respaldó la actuación de la fuerza pública y sostuvo que la responsabilidad por el reclutamiento de menores corresponde a los grupos armados ilegales.“La falla no es del Estado, la falla es del grupo armado irregular, que convierte a los menores de edad en escudos humanos. Son víctimas porque son reclutados, pero hay que hacer claridad a los colombianos, que las víctimas sí son los menores de edad, pero el victimario no es el Estado, el victimario es el grupo armado irregular que los recluta y que los utiliza como escudo para que no vayan a ser atacados”, afirmó.Escobar también se refirió a la situación jurídica de los menores que participan directamente en las hostilidades. Citó la sentencia C-291 de 2007 de la Corte Constitucional y recordó que, aunque los menores son víctimas del reclutamiento, cuando participan directamente en las hostilidades adquieren también la condición de participantes directos en estas.“Un menor de edad es víctima del reclutamiento, pero también un menor de edad cuando se pone un uniforme, cuando empuña un arma o un fusil, y participa en hostilidades contra la fuerza pública, adquiere también la condición de participante directo de estas hostilidades. Así también lo establece el protocolo de Ginebra”, señaló.El senador pidió además no limitar la capacidad de actuación de la fuerza pública frente a los grupos armados.“Yo quiero decirle a todos los colombianos que hoy, más que nunca, no podemos atar de manos a la fuerza pública en Colombia, necesitamos recuperar la seguridad y el control territorial, devolverle la tranquilidad al pueblo colombiano”, manifestó.Escobar agregó que, a su juicio, el debate no debería estar determinado por diferencias ideológicas. “Yo me atrevo a decir que esto no es de colores políticos, ni de izquierdas ni de derechas. Es de devolverle un derecho fundamental a Colombia, y es el derecho a vivir tranquilo en un país seguro”, enfatizó.Llamado de atención por lenguaje durante la sesiónEl debate también estuvo marcado por momentos de tensión entre los congresistas. En uno de ellos, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, tuvo que llamar la atención al senador David Racero por el lenguaje agresivo que utilizó durante su intervención.Henríquez le pidió moderar el tono y evitar expresiones soeces y agresivas en el desarrollo de la sesión.Otro choque fue de la senadora Alejandra Umaña, quien le reclamó a su colega Germán Rodríguez y le respondió que no siente vergüenza de recordarle a Amaranta Hank.Con las posiciones de defensa y cuestionamiento expuestas durante la plenaria, el Senado quedó a la espera de la votación de la moción de censura, programada para el próximo miércoles.
En medio del debate de control político que se llevó a cabo en la Comisión II del Senado por los bombardeos realizados en territorios con presencia de menores, el ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, defendió las dos operaciones realizadas en Guaviare, que dejaron cinco menores muertos. Según el ministro, estas acciones respondían a un “deber constitucional” frente a la disputa entre las disidencias de 'Calarcá' y 'Mordisco', que, según dijo, ya deja más de 48 muertos en el departamento."Cuando nosotros determinamos atacar un grupo organizado en un área campamentaria, que se han reunido ahí para preparar un ataque a la población civil o a las tropas, o ir contra una comunidad de estas alertas tempranas, pues nosotros tenemos que actuar antes de que ellos actúen y cometan una masacre, un ataque, y terminen haciendo las acciones que todos los colombianos conocemos. Es una obligación. Aquí está en juego la acción o la omisión", afirmó el general (r) Mora.El ministro afirmó que ya son 11 menores de edad los que han fallecido en los combates que se llevan a cabo en Guaviare por las disputas por el control territorial, de las drogas y de actividades ilícitas entre las dos disidencias de las Farc. También dijo que 10 uniformados han sido asesinados, 16 han resultado heridos y cinco han sido secuestrados. Además, señaló que antes de las operaciones ya existían 368 alertas tempranas de la Defensoría.Ante esta respuesta, la senadora Jennifer Pedraza, una de las principales citantes del debate, calificó como un “falso dilema” el argumento presentado por el ministro. “Aquí nadie le está pidiendo a la fuerza pública que se quede quieta y que omita actuar si considera que es necesario. Sin duda alguna, puede existir la necesidad, pero la posibilidad de utilizar diferentes herramientas para actuar y para intervenir en una determinada región”, afirmó la senadora.Pedraza se refirió a diferentes operaciones militares, como el combate, ejercer presión y el arrinconamiento en el territorio. “Hay muchas herramientas, el ministro las enlistó, que se pueden utilizar y que se deben ponderar antes de tomar la decisión simplista de, no verificamos si hay niños y niñas, ignoramos las alertas tempranas, bombardeamos y después salimos a decir que fijo estaban en combate. Esa práctica sería negligente y violatoria del derecho internacional humanitario”, afirmó Pedraza.Por otro lado, el ministro de Defensa también se refirió a la adhesión de Colombia a la Coalición de las Américas contra los Cárteles, del pasado 12 de agosto, concretada en Ciudad de Panamá mediante un acuerdo firmado por el ministro de Defensa y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. Mora aseguró que la soberanía del país no está en riesgo."Declaramos, y ahí lo establece la declaración, y ahí está mi firma y la firma del secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth; eso fue lo que hicimos en Panamá. No estamos vendiendo la soberanía, ni aquí van a pasar tropas, ni aquí va a venir ninguna fuerza, ni de Estados Unidos, ni de Ecuador, ni de ningún país. Estén tranquilos, conozco la responsabilidad que atañe a mi cargo como ministro de Defensa", concluyó el general (r) Jorge Mora.
El Juzgado 34 de Familia de Bogotá resolvió de fondo la tutela relacionada con las operaciones militares aéreas ofensivas y determinó que no puede existir una prohibición absoluta de este tipo de acciones cuando estén dirigidas contra objetivos militares legítimos.De acuerdo con la decisión, una prohibición general podría afectar el deber del Estado de proteger a la población y las competencias de la fuerza pública frente a los grupos armados ilegales. Sin embargo, el despacho también estableció límites frente a la presencia de niños, niñas y adolescentes en los lugares donde se proyecten este tipo de operaciones.El juzgado precisó que la sola presencia de un menor de edad dentro de un campamento de un grupo armado no permite considerarlo automáticamente como un objetivo militar legítimo. Por el contrario, recordó que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección constitucional y que, cuando se encuentran vinculados a estructuras armadas, su condición puede estar relacionada con situaciones de reclutamiento y utilización ilícita.Por esta razón, la decisión establece un estándar reforzado de precaución para las autoridades cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de menores en el área de una operación aérea ofensiva.Entre las medidas ordenadas al Gobierno nacional y a la fuerza pública está intensificar las labores de verificación de inteligencia antes de ejecutar una operación, evaluar los riesgos asociados a la presencia de menores y analizar si existen alternativas operacionales menos lesivas para alcanzar el objetivo militar.El despacho también señaló que las actuaciones de la fuerza pública deben desarrollarse bajo los principios de distinción, precaución y proporcionalidad establecidos por el Derecho Internacional Humanitario, teniendo en cuenta la protección especial que corresponde a los menores de edad en escenarios de conflicto armado.De esta manera, el fallo no establece una prohibición general de las operaciones aéreas ofensivas, pero sí fija condiciones de precaución cuando las autoridades tengan conocimiento verificable de la posible presencia de menores reclutados o utilizados por grupos armados.Además, el juzgado impartió instrucciones relacionadas con la atención posterior de los niños, niñas y adolescentes afectados por el reclutamiento ilícito. En ese sentido, solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a las entidades competentes del Gobierno nacional fortalecer las rutas de desvinculación, atención integral y restablecimiento de derechos para esta población.La decisión busca, así, establecer un equilibrio entre las obligaciones del Estado frente a la seguridad y la protección de la población, y el deber reforzado de garantizar los derechos de los menores de edad que puedan encontrarse en medio del conflicto armado.
El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta admitió una acción de tutela presentada por Natalia Bernal Cano, quien actúa como agente oficiosa de personas de especial protección constitucional y población civil que habita en zonas donde se han registrado, o podrían registrarse, bombardeos y operaciones militares.En la misma decisión, el despacho concedió parcialmente una medida provisional y ordenó al Gobierno y a los mandos de las Fuerzas Militares abstenerse de ejecutar operaciones aéreas ofensivas cuando, después de agotar las verificaciones y precauciones disponibles, exista información objetiva sobre la presencia de niños, niñas, adolescentes o población civil en el área que podría resultar afectada, o cuando persista una duda razonable que no haya podido ser despejada. El juzgado aclaró que la decisión no constituye una prohibición general de las operaciones militares, ni anticipa una conclusión sobre su legalidad. La medida busca que, antes de ejecutar una operación, se adopten y verifiquen las precauciones necesarias para reducir el riesgo sobre la población protegida.Además, el despacho requirió información sobre la eventual divulgación oficial de fotografías o videos de personas fallecidas durante operaciones militares.La decisión también incluye un requerimiento de información sobre una eventual participación, apoyo o asesoría de personal o medios extranjeros en las operaciones mencionadas en la tutela, como también sobre la eventual divulgación oficial de fotografías o videos de personas fallecidas durante operaciones militares.
Los seguidores de Maluma podrán comprar anticipadamente las entradas para su concierto en Bogotá como parte del Loco X Volver World Tour 2027. La preventa comienza este lunes 9 de noviembre, a las 10:00 a. m., y estará habilitada para clientes con tarjetas de crédito Bancolombia Visa, quienes podrán adquirir hasta seis boletas por tarjeta.La presentación del artista colombiano está programada para el 5 de febrero de 2027 en El Corazón de Bogotá – Arena. La venta anticipada se realizará a través de TuBoleta y tendrá una duración de 48 horas o finalizará antes si se completa el 50 % del aforo previsto para esta primera fecha.La alianza entre Visa y la gira también contempla beneficios para sus tarjetahabientes en América Latina y el Caribe. En Colombia, los clientes de Bancolombia y los usuarios de Nequi que tengan activa la tarjeta Visa podrán acceder a la preventa.¿Quiénes pueden comprar hasta seis boletas para Maluma?De acuerdo con la información entregada por Bancolombia, el beneficio de compra de hasta seis entradas por tarjeta está disponible para los clientes que tengan tarjetas de crédito Bancolombia Visa.La entidad recomendó verificar antes de ingresar a la plataforma que la tarjeta tenga cupo suficiente para cubrir el valor total de la compra. También pidió revisar los topes, pues si el límite está por debajo del monto necesario, puede modificarse a través de la Sucursal Virtual Personas.Por su parte, los usuarios de Nequi también podrán participar en la preventa. Para acceder, deben activar la Tarjeta Nequi Visa desde la aplicación. La compañía explicó que esta opción busca ampliar los beneficios de su tarjeta y permitir que sus usuarios accedan a experiencias como conciertos y eventos.“Con solo activar la Tarjeta Nequi-Visa pueden aprovechar la preventa de esta alianza”, afirmó Santiago Johnson, director de Mercadeo de Nequi. El directivo agregó que la intención es que este medio de pago abra las puertas a nuevas experiencias y facilite que las personas utilicen su dinero en actividades de su interés.¿Cuándo comienza la venta general de entradas para Maluma?La preventa estará disponible desde las 10:00 a. m. del lunes 9 de noviembre y se extenderá por 48 horas, siempre que no se complete antes el 50 % del aforo previsto.Una vez termine esta etapa, se habilitará la venta general el 11 de noviembre, con todos los medios de pago y hasta agotar existencias.La alianza también contempla la posibilidad de pagar en cuotas con tarjetas Visa de crédito Bancolombia y beneficios especiales para clientes Visa Infinite. Además, durante el concierto en Bogotá se ofrecerán activaciones dentro del recinto.El único canal oficial para adquirir las entradas es TuBoleta. La organización anunció que en las próximas semanas dará a conocer nuevas ciudades de Sudamérica, Centroamérica y México que harán parte del recorrido de Loco X Volver World Tour 2027.
El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, rompió el silencio tras recuperar su libertad luego de 11 meses de detención prevenitiva. En diálogo con Mañanas Blu, el exfuncionario abordó los señalamientos en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), defendió su actuación política y cuestionó los procedimientos judiciales que lo llevaron a prisión.Ante el cuestionamiento sobre si la responsabilidad recaía exclusivamente en Olmedo López o si alcanzaba a otras instancias del Gobierno, Velasco aclaró que sus críticas se dirigen hacia operadores específicos y no a la totalidad de la administración del presidente Gustavo Petro: “En el gobierno de Petro encontré gente maravillosa. Así como gente muy mala y que debemos reconocer como este señor Olmedo y de pronto otra gente”.Libertad tras 11 meses y duras críticas al procedimiento judicialVelasco calificó su encarcelamiento como una "barbaridad" y responsabilizó a la actuación de la magistrada Aura Rosero, señalando que tomó una medida intramural desproporcionada. “Es doloroso saber que el 18 de diciembre del año pasado por la vacancia judicial, una magistrada... me mandara a la cárcel... 11 meses después, después de que la Corte Suprema de Justicia en tutela diga, 'Mire, eso fue palabras más palabras menos, una barbaridad lo que hicieron con Velasco', un magistrado del propio tribunal reconozca esos errores, esas decisiones francamente ilegales y me devuelva la libertad”, afirmó.El exministro sostuvo que nunca intentó evadir a la justicia y que ejercerá su defensa plenamente en libertad.Desvinculación del desfalco en la UNGRDFrente a las acusaciones que lo vinculan con los entramados de corrupción en la Gestión del Riesgo, Velasco enfatizó que la propia Fiscalía General de la Nación ha reconocido que él no participó en la apropiación ilícita de recursos.“La propia Fiscalía en una audiencia de hace unos meses dijo con toda claridad que yo no tengo nada que ver con el saqueo de la Unidad de Gestión de Riesgos. O sea, no me he apropiado de un solo centavo”, aseveró Velasco. Asimismo, precisó que no ha sido acusado de peculado y que los señalamientos en su contra se basan en interpretaciones sesgadas de su labor institucional.Niega la "compra de congresistas" y defiende reuniones de GobiernoConsultado sobre las declaraciones de Olmedo López y Sneider Pinilla —quienes afirmaron que en reuniones de la Casa de Nariño se habría planificado la entrega de dádivas a parlamentarios para respaldar proyectos oficiales—, Velasco rechazó tajantemente dicha versión.“Mientras yo fui ministro, en lo que respecta, no vi ni actué para eso y es lo que puedo decir y es lo que diré ante la Corte”, sostuvo. Velasco explicó que como ministro del Interior participó en más de 50 reuniones de coordinación política del Gobierno, pero negó que en ellas se acordara comprar votos. Destacó además que los otros ocho asistentes a las reuniones mencionadas por Olmedo López han desmentido la existencia de pactos ilícitos.Respecto a los trámites con congresistas, aclaró que facilitar encuentros entre legisladores y altos funcionarios es una tarea cotidiana y legítima del Ministerio del Interior: “El ministro del Interior entre sus funciones está la de acercar al gobierno con congresistas, gobernadores, alcaldes... Conseguí no menos de 100 citas de congresistas con altos funcionarios del gobierno”.Velasco identificó a Olmedo López como el "gran operador" de las irregularidades en la UNGRD y cuestionó que las investigaciones de la Fiscalía no hayan profundizado en otros contratos multimillonarios. Como ejemplo, citó contrataciones para atender la emergencia en La Mojana, donde según sus afirmaciones se suscribieron acuerdos por 129.000 millones de pesos para obras que podían ejecutarse por 45.000 millones. Finalmente, sobre su relación con el presidente Gustavo Petro, señaló que fue institucional y motivada por coincidencias programáticas, aunque aclaró que nunca existió una amistad personal cercana.Escuche aquí la entrevista:
La Gobernación de Antioquia negó la solicitud de ingreso de Miguel Quintero Calle a la cárcel de Yarumito en el municipio de Itagüí, luego de determinar que las condiciones de seguridad del establecimiento penitenciario no son compatibles con el perfil de riesgo del hermano de Daniel Quintero Calle.La decisión quedó consignada en una respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, tras estudiar la petición presentada por el abogado Felipe Alzate, defensor de Quintero Calle, quien solicitó un cupo en este centro de reclusión.De acuerdo con el documento, Miguel Quintero enfrenta una investigación penal en la que se le atribuyen los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, conductas contempladas como delitos contra la Administración Pública.Sin embargo, se aclaró que la naturaleza de estos delitos no significa, por sí sola, que el investigado tenga la condición de servidor público, como efectivamente no lo era. Se debe mencionar que este ítem es importante para ser recluido en la cárcel de Yarumito, que es un establecimiento especial para servidores y exservidores públicos.Otro de los argumentos analizados fue el vínculo familiar con Daniel Quintero. Frente a este punto, la Gobernación de Antioquia señaló que la condición de servidor público es personal y no se extiende a los familiares por razones de consanguinidad, por lo que este parentesco no constituye un fundamento para obtener un cupo en el establecimiento.La defensa también expuso circunstancias particulares de vulnerabilidad relacionadas con el entorno familiar y la exposición pública del proceso. No obstante, la Administración Departamental explicó que Yarumito es una cárcel de seguridad mínima y no cuenta con capacidades operativas compatibles con las condiciones de seguridad planteadas.Por estas razones, la Secretaría de Seguridad emitió concepto desfavorable y negó formalmente la asignación del cupo solicitado, por lo que, por ahora, Miguel Quintero deberá permanecer en la cárcel de Cómbita en donde está recluido hace más de una semana.
La historia de Nicole Mera y Felipe Velasco estuvo marcada por una noticia inesperada durante el embarazo y una intervención médica de alta complejidad. Sus hijas, Adara Isabel y Arlet Sofía, nacieron siamesas y unidas por el pecho y tuvieron que ser sometidas a una cirugía de separación en el Hospital Universitario del Valle (HUV), en Cali.La intervención, que requirió la participación de más de 50 profesionales de distintas especialidades, permitió que una de las pequeñas sobreviviera, mientras que su hermana falleció durante el procedimiento. El equipo médico continúa atendiendo a la bebé que salió con vida.Las niñas nacieron el 26 de mayo de 2026, después de que sus padres, conocieran durante una ecografía que esperaban gemelas siamesas. La noticia llegó cuando Nicole tenía aproximadamente cuatro meses de embarazo y acudió a un centro médico por un episodio de sangrado.Inicialmente, la pareja pensó que esperaba un solo bebé. Sin embargo, los exámenes confirmaron que eran dos niñas unidas por el tórax.¿Por qué tuvieron que operar a las siamesas?De acuerdo con el equipo médico, las bebés compartían el pecho y el diafragma, una condición que comprometía su capacidad respiratoria y ponía en riesgo sus vidas. Por esta razón, los especialistas decidieron intubarlas y mantenerlas bajo vigilancia en la unidad de cuidados intensivos pediátricos mientras preparaban la separación quirúrgica.La doctora Marisol Nahui, jefe del servicio de cirugía pediátrica del Hospital Universitario del Valle, explicó que el procedimiento representaba un desafío para el equipo, que tuvo que estudiar y organizar cada etapa con anticipación.“Nos tocó aprender, leer, estudiar. Lo empezamos a hacer desde meses antes, planear, hacer simulacros para hacer algo que nosotros no hacemos normalmente”, explicó la especialista en Los Informantes.“Ese era el momento más riesgoso de la cirugía porque hay una de las niñas que estaba dependiendo 100 % de la hermanita. Entonces, al quitarle estas comunicaciones, la nena le tocaba empezar a trabajar solita”, relató la médica.Cerca de las 5:50 de la tarde, los padres recibieron la noticia de que una de las pequeñas había entrado en paro. Los especialistas intentaron reanimarla durante dos horas, pero no consiguieron salvarle la vida.La doctora explicó que, después de separar las conexiones del hígado, la bebé no logró responder: “La nena no pudo responder, no arrancó ni a orinar, ni su corazoncito funcionó bien, ni sus pulmones funcionaron bien”.¿Cómo evoluciona la bebé que sobrevivió?Después de la cirugía, Arlet Sofía permanece hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. De acuerdo con el equipo médico, su condición es favorable, aunque todavía enfrenta importantes retos relacionados con su desarrollo neurológico, la vía aérea y el cierre de algunas estructuras corporales.Sus padres acompañan su recuperación con la esperanza de llevarla a casa. Para Felipe y Nicole, la operación dejó una profunda pérdida, pero también la expectativa de que su hija sobreviviente pueda continuar evolucionando favorablemente.
La Procuraduría General de la Nación inició un seguimiento preventivo al contrato de mejoramiento y mantenimiento del corredor vial Duitama – Charalá – San Gil, en Santander, por presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución física y financiera de las obras.Se trata del contrato de obra 987 de 2021, cuyo valor asciende a cerca de 310.625 millones de pesos y que, según el Ministerio Público, lleva seis años en ejecución.La actuación se produce luego de las denuncias y solicitudes presentadas por habitantes de la zona, quienes manifestaron su preocupación por las condiciones del proyecto, especialmente por la construcción de un paso nacional que atravesaría la mitad del casco urbano de Charalá.Ante esta situación, representantes de la comunidad solicitaron que se estudie la posibilidad de construir una variante que evite el paso de vehículos por el centro del municipio. La propuesta busca mejorar la seguridad de peatones, residentes, escolares y turistas, además de proteger el patrimonio histórico, cultural y paisajístico de Charalá.En desarrollo de este seguimiento, la Procuraduría informó que requirió al Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) para que entregue información detallada sobre el avance físico y financiero del contrato, las condiciones de transitabilidad del corredor, el cumplimiento de las obligaciones pactadas y los estudios técnicos que respaldan la construcción del paso nacional.Por su parte, la Alcaldía de Charalá deberá informar sobre las actuaciones adelantadas frente al proyecto, particularmente en aspectos relacionados con el ordenamiento territorial, la seguridad vial, la protección del patrimonio histórico y cultural y los mecanismos de participación ciudadana.La Procuraduría señaló que esta actuación preventiva busca garantizar la conectividad de las comunidades rurales y proteger el acceso a servicios básicos, así como la seguridad de quienes transitan por este corredor vial de Santander.
