Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Ministerio del Trabajo de Colombia ha publicado un nuevo borrador de decreto con el objetivo de actualizar y fortalecer las normas que rigen la contratación en la industria de hidrocarburos, priorizando el empleo de personas residentes en las zonas donde se desarrollan estos proyectos. Esta medida buscaría garantizar que las comunidades locales se beneficien directamente de la explotación de recursos naturales en su región, a la vez que promueve la equidad laboral y la inclusión social.
Una de las principales modificaciones que introduce el borrador es el aumento en el porcentaje de trabajadores calificados que deben ser residentes del área de influencia del proyecto. En términos concretos, al menos el 50 % de los puestos calificados, que incluyen a técnicos, tecnólogos y profesionales, deberán ser ocupados por personas de la región.
Además, la propuesta mantiene la obligación de que el 100 % de la mano de obra no calificada, como obreros y auxiliares, debería ser de la comunidad local. Esta medida refuerza el compromiso con la población directamente afectada por los proyectos hidrocarburíferos, asegurando que los trabajos menos calificados queden reservados para quienes habitan las zonas de influencia directa.
Lo que se podría convertir en un decreto también prioriza la contratación de poblaciones vulnerables, como mujeres, jóvenes, víctimas del conflicto armado y personas de municipios PDET o ZOMAC. Esta disposición busca fomentar la inclusión laboral y social de aquellos que históricamente han tenido barreras para acceder al empleo.
En cuanto a los cargos "transversales" y las "emergencias", establece nuevas reglas. Los cargos transversales son aquellos que prestan servicios a varios proyectos simultáneamente, mientras que las emergencias se refieren a situaciones operacionales excepcionales. Para estos casos, se ha creado un procedimiento específico que permite flexibilizar la contratación sin la rigidez del proceso estándar de priorización, facilitando una respuesta rápida a situaciones críticas.
Además, obligaría a las empresas a promover la reconversión laboral, incentivando la capacitación para que los trabajadores locales puedan adaptarse a la transición hacia la carbono neutralidad. Esta medida busca que las comunidades se preparen para los cambios que trae la transición energética del país.
Las empresas deberían enviar, en los primeros cinco días de los meses de febrero y agosto, reportes detallados sobre su nómina de trabajadores y las vacantes disponibles a las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo. Este control permitirá una supervisión más efectiva de las empresas y garantizará el cumplimiento de las nuevas normas.
Publicidad
Este nuevo enfoque está basado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que exige que al menos el 50 % de la mano de obra en proyectos regionales sea local. Además, retoma principios constitucionales sobre la función social de la empresa, el derecho al trabajo en condiciones equitativas, la experiencia y las solicitudes previas de comunidades y empresas.
Finalmente, las empresas deberían seguir un orden estricto de priorización al contratar fuera de la región. Primero se contratará a residentes del área de influencia, luego a personas de municipios vecinos, después a personas de otros municipios del departamento, y solo se considerará a nivel nacional si no hay candidatos locales disponibles.
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.