La Unión Sindical Obrera (USO), el principal sindicato de trabajadores de Ecopetrol, fijó su postura frente a las propuestas de diversos analistas económicos que sugieren la venta de activos o filiales del grupo petrolero, en particular de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), con el objetivo de aliviar el déficit de las finanzas públicas y prepagar deuda estatal. En diálogo con Mañanas Blu, el presidente de la organización gremial, Martín Ravelo, manifestó la preocupación del sindicato ante cualquier posible proceso de enajenación de bienes públicos.Inquietud por la enajenación de activos y la situación de ISADurante un encuentro institucional con el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, la representación sindical expresó de forma directa su rechazo a salir de las propiedades operativas de la compañía. Ravelo afirmó que en dicho diálogo le expusieron al mandatario "nuestra premisa de que no se vendiera ni se enajenara ningún activo estratégico de Ecopetrol, especialmente lo que concierne a su negocio original".Al ser indagado sobre la alternativa de vender a ISA —planteada recientemente por expertos del sector financiero—, el dirigente sindical enfatizó que, aunque difiere de la rama de hidrocarburos, constituye un bien público clave. "Si bien ISA no pertenece a los activos estratégicos del Oil & Gas, es un patrimonio de la nación y eso es un tema que desde el sindicato, desde el seno de los trabajadores tenemos que analizar", sostuvo. Asimismo, hizo un llamado a evaluar las razones y el destino de dichos recursos: "¿Para qué van a ser esos recursos? ¿En qué se van a invertir? Es decir, aunque no sea un activo estratégico de Oil & Gas, a nosotros nos preocupa mucho porque es patrimonio público de la nación".Hoja de ruta para la junta directiva y defensa de la soberanía energéticaEl pronunciamiento del líder gremial se dio en el contexto de la Asamblea de Accionistas citada para ratificar a los miembros de la junta directiva postulados por el Gobierno nacional. Ravelo indicó que respetan la conformación propuesta, pero subrayó que la prioridad de los trabajadores es que la administración fortalezca la exploración y producción tradicional de petróleo y gas, aplique tecnologías de recobro mejorado en campos maduros y firme nuevos contratos.Ravelo justificó estas demandas señalando la dependencia de importaciones energéticas que registra el país. Según detalló, en la actualidad Colombia importa "más del 30% de gas de consumo esencial" y "más del 40% de la gasolina que consumimos los colombianos", mientras que la refinería de Barrancabermeja requiere importar "más del 5% de crudo boliviano para las dietas de carga" ante la falta de crudo liviano. "Eso atenta directamente contra la soberanía y la seguridad energética del país. Y eso tiene que superarse", aseveró.En esa línea, la USO defendió la realización de pilotos de yacimientos no convencionales (fracking) en Puerto Wilches (Santander) para determinar con base científica su viabilidad ambiental y social, aprovechando el aprendizaje técnico de Ecopetrol en la cuenca del Permian.Igualmente, sobre el nombramiento del nuevo presidente de la petrolera, para el cual el Gobierno presentó como fuerte candidato a Joaquín Gutiérrez, Ravelo indicó que el elegido debe ser "una persona idónea, una persona que implemente políticas de fortalecimiento, especialmente del negocio tradicional de nuestra empresa".Rechazo a escándalos de corrupción y respaldo sindicalFrente a los recientes señalamientos periodísticos por presunta corrupción que involucran al expresidente de la compañía Juan Carlos Hurtado, Rabelo expresó el malestar del cuerpo laboral. "Para los trabajadores es gravísimo que Ecopetrol esté permanentemente en los reflectores de los medios de comunicación y del país por escándalos, cuando Ecopetrol es una empresa maravillosa, es el patrimonio público más importante que tenemos los colombianos", manifestó.Por ello, instó a que las auditorías de la junta directiva arrojen resultados claros y que las autoridades "establezcan si hay responsabilidades objetivas y que las personas que tengan que pagar por esos actos, pues que paguen". Escuche aquí la entrevista:
La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) aseguró que Colombia debe avanzar en la evaluación y desarrollo de los yacimientos no convencionales como una alternativa para enfrentar el déficit energético que atraviesa el país, al señalar que las tecnologías asociadas al fracking han tenido importantes avances en el mundo durante los últimos 15 años. La organización destacó que Estados Unidos cuenta con más de un millón de pozos desarrollados con esta tecnología y que en Argentina, mediante el proyecto de Vaca Muerta, se han implementado operaciones con controles orientados a prevenir impactos relacionados con el uso del agua y la actividad sísmica.La ACP indicó que las preocupaciones alrededor del fracking deben ser consideradas y respondidas con información técnica y datos comprobables. Según explicó, en algunas cuencas internacionales esta técnica utiliza menos del 1 % del agua disponible y no ha generado efectos sísmicos relevantes. Para la asociación, el país debe promover un debate informado sobre los yacimientos no convencionales, teniendo en cuenta tanto las inquietudes ambientales como las necesidades energéticas nacionales. Colombia enfrentará al menos cuatro años de déficit en gas y petróleo, advirtió Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP). Según explicó, el país ya perdió la autosuficiencia en gas y también registra una disminución en su capacidad de producción petrolera. De acuerdo con el gremio, es necesario adoptar decisiones inmediatas para atender este panorama, ya que existen recursos disponibles, tecnologías probadas y un marco institucional que permite desarrollar nuevos proyectos bajo condiciones reguladas.La asociación recordó que Colombia cuenta desde 2008 con lineamientos de política pública, requisitos técnicos y disposiciones ambientales para la ejecución de actividades relacionadas con yacimientos no convencionales. De esta manera, afirmó que no se necesitan nuevas leyes para avanzar en la implementación del fracking, ya que la regulación vigente establece las condiciones necesarias para autorizar estos proyectos, siempre que se cumplan los controles exigidos por las autoridades competentes.Según la ACP, un escenario de inversión inmediata en yacimientos no convencionales podría permitir que en un periodo aproximado de tres años el país alcance una producción cercana a 50.000 barriles diarios de petróleo y alrededor de 50 millones de pies cúbicos de gas. La organización señaló que ese volumen sería fundamental para contribuir al cumplimiento del marco fiscal de mediano plazo, debido a que, si no se modifica la tendencia actual, desde 2027 comenzaría una disminución en la producción petrolera nacional.Frente a los proyectos costa afuera, la ACP explicó que iniciativas como Sirius podrían entrar en operación entre finales de 2029 y comienzos de 2030, pero advirtió que ese desarrollo no sería suficiente para recuperar por sí solo la autosuficiencia gasífera del país.Actualmente Colombia importa cerca del 35 % del gas que consume y necesita la entrada de nuevos proyectos, incluidos los del Valle Medio del Magdalena. La asociación también destacó que los pilotos de fracking han permitido recopilar información técnica para evaluar la tecnología y afirmó que su eventual desarrollo debe incluir beneficios para las comunidades ubicadas en las zonas de operación.
Ecopetrol cerró el segundo trimestre de 2026 con un resultado financiero positivo, pero con un comportamiento operativo que llama la atención: la producción de hidrocarburos disminuyó.La compañía reportó una producción de 705.800 barriles equivalentes por día, una caída del 6,6 % frente al mismo periodo del año anterior.La reducción en la producción, según explicó la compañía petrolera, se debe principalmente a menores volúmenes en algunos activos y a bloqueos y restricciones operativas que afectaron varios campos en Colombia.“Un elemento fundamental en el tema de producción es el bloqueo que tuvimos durante 76 días en Orinoquía, por parte de unos miembros de una subdirectiva, donde nos estaban pidiendo condiciones que no tenían lugar, hasta que se llegaron a acuerdos para poder levantar ese paro”, señaló Juan Carlos Hurtado, presidente encargado de Ecopetrol.La compañía señaló que, aunque estas dificultades tuvieron un impacto sobre la operación, la caída no estaría relacionada con los cuestionamientos reputacionales que han rodeado a la petrolera.“La línea de producción no tuvo nada que ver con este tema reputacional, sino que obedeció más a un tema de entorno y a problemas de confiabilidad del sistema de interconexión eléctrica con los campos de Caño Sur y Rubiales”, agregó.Cabe destacar que este comportamiento contrasta con el resultado financiero del trimestre. Ecopetrol registró utilidades por cerca de 6 billones de pesos, lo que representa un incremento del 235 % frente al mismo periodo del año anterior. El resultado estuvo favorecido, entre otros factores, por el comportamiento de los precios del crudo y por el desempeño de las refinerías.Asimismo, de cara a los próximos años, la compañía también señaló que evalúa nuevas alternativas para aumentar su producción y reservas de gas. Entre ellas están las oportunidades de negocio en Venezuela, además del desarrollo de proyectos como Sirius, que adelanta junto con Petrobras.“Seguimos esperando licencias para poder avanzar en todas las oportunidades que se puedan presentar, no solo en el tema de importación de gas, sino en la posibilidad de operar algún activo, sea de hidrocarburos o energético, para poder avanzar. Pero para nosotros es fundamental cumplir con todos los procedimientos y, en este caso, contar con las licencias para poder avanzar en eso”, aseguró el presidente encargado de la compañía.La compañía también mantiene en evaluación los proyectos de yacimientos no convencionales Kalé y Platero, en Santander. Kalé cuenta con licencia y podría reactivarse si se cumplen las condiciones legales y financieras, mientras que el trámite de licencia de Platero fue suspendido. Ambos proyectos están relacionados con el debate sobre la eventual utilización del fracking en Colombia.“Desde 2019 se viene avanzando en el análisis de proyectos. En abril de 2022 se suspendieron los proyectos que se habían denominado como pilotos. Hoy te puedo decir que Kalé tiene licencia y se podría reactivar, una vez se cumplan las condiciones legales y financieras. El otro es Platero, en el que se suspendió la solicitud de la licencia”, agregó Hurtado.
Ante un inminente fenómeno de El Niño, cuya probabilidad de ocurrencia ya está en más del 90 %, Empresas Públicas de Medellín alertó a hogares, empresas y al Gobierno nacional la necesidad del ahorro de agua, energía y gas.Alberto Mejía, gerente de generación de energía de EPM, expuso que este fenómeno climatológico va a ser más severo que lo que se ha vivido en el pasado, por lo que de llegar a marzo con niveles de embalse del 20% como ha ocurrido en la historia de Colombia, sin generación térmica adicional y con consumos por encima de la energía firme, habría que racionar en el país."Tenemos un déficit equivalente a una planta térmica de 700 megavatios aproximadamente. Necesitamos una planta térmica para darle la firmeza y el respaldo al sistema. En marzo del año entrante, los embalses probablemente van a llegar ya a niveles mínimos históricos, que no se han presentado desde el racionamiento del año 92", indicó. Desde la compañía, responsable de aproximadamente el 33 % de la generación de energía en el país, propusieron otros frentes de trabajo para evitar el racionamiento, como lo son incentivos al ahorro en la factura de energía, poner plantas diésel e instalar en diferentes zonas del país barcazas, que son plantas eléctricas flotantes montadas sobre grandes barcos o plataformas sin motor. "Estamos mirando la alternativa de lo de las plantas, plantas diésel, especie de como decíamos en su momento el roceamiento de barcazas, plantas que podamos instalar en algunos sectores distribuidos en algunos sectores, de tal manera que podamos inyectar esa energía en firme. Y lo otro, pues, el consumo racional, que es lo único que que nos puede ayudar", indicó el gerente de EPM, John Maya.Actualmente, las cuatro unidades de generación de Hidroituango en operación aportan cerca de 1.200 megavatios, equivalentes aproximadamente al 10 % de la demanda nacional.Finalmente, indicaron que la central termoeléctrica La Sierra, ubicada en Puerto Nare, se encuentra disponible para entrar en operación cuando el Sistema Interconectado Nacional lo requiera. Hasta ahora, los embalses de EPM se encuentran en un 84,2% de su capacidad, mientras que el promedio nacional es del 78,8 %.
Las reservas de hidrocarburos en Colombia siguen cayendo. De acuerdo con el reporte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el principal problema hasta las reservas de gas que cayeron 16,8 % en 2025 y que llegaron a 1.717 gigapies cúbicos. Si Colombia, no encontrara ni una sola molécula de gas adicional se quedaría sin recursos dentro de 5,9 años (es decir a finales del 2030).Por su parte, las reservas de petróleo se mantuvieron prácticamente estables en 2020 millones de barriles, exactamente. El mismo volumen de reservas que teníamos en 2023. La vida de esas reservas aumentó de 7,2 años a 7,4, pero no porque ya hemos encontrado más petróleo, sino porque produjimos menos petróleo.Uno de los puntos preocupantes del informe es que el país volvió a los niveles de reservas que tenía en el año 2023 y que no pudo reemplazar. La producción petrolera del año pasado. El país apenas logró reponer 94 barriles de cada 100 que extrajo del subsuelo.Sin embargo, el gobierno entregó el balance con notas de optimismo. “El informe demuestra que Colombia cuenta con una base sólida de recursos energéticos y que las medidas adoptadas para optimizar la gestión de reservas y recursos están dando resultados concretos para la seguridad y la soberanía energética del país”, señaló la ANH en un comunicado.Este año, la ANH volvió a resaltar la existencia de recursos contingentes, esto es recursos que se podrían desarrollar en el futuro y que en este reporte llegan a los 10.540 GPC. Monitorar esos lrecursos contingentes ha sido una estrategia de la administración de Gustavo Petro para responder a las críticas por su decisión de no entregar. Los contratos de exploración y producción para la industria.Según el Gobierno, "las medidas adoptadas desde 2023 para optimizar la gestión de reservas y recursos contingentes han permitido fortalecer el aprovechamiento de los contratos vigentes".
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) publicó su más reciente informe sobre la producción de petróleo y gas en Colombia correspondiente a marzo de 2026, en el que resalta un desempeño por encima de sus escenarios proyectados. Sin embargo, el comunicado omite un dato clave: la comparación con el mismo mes del año anterior.Según la entidad, la producción de petróleo alcanzó los 740.497 barriles por día (bpd) en marzo, mientras que el promedio en lo corrido del año se ubica en 740.812 bpd, un 3.15 % por encima del escenario de reservas probadas. En gas, la producción comercializada fue de 700 millones de pies cúbicos por día (Mpcd).No obstante, expertos aseguran que al contrastar estas cifras con marzo de 2025, se evidencia una caída en ambos casos. La producción de petróleo pasó de 747.891 bpd a 740.497 bpd, lo que representa una disminución cercana al 1% en un año.El descenso es más pronunciado en el gas. La producción fiscalizada cayó de 821 Mpcd en marzo de 2025 a 700 Mpcd en marzo de 2026, una reducción de casi el 15%.En su comunicado, la ANH opta por comparar los resultados únicamente frente a febrero de 2026, mes en el que se registró un leve repunte impulsado por la recuperación de campos como Indico (Meta), el aporte de nuevos pozos en Casanare y la entrada en operación de otros en Castilla Norte.La entidad también menciona factores que han afectado la producción, como el aumento en el corte de agua, fallas eléctricas y la declinación natural de los yacimientos, especialmente en campos maduros.En el caso del gas, los problemas técnicos en campos del Valle Inferior del Magdalena, así como mantenimientos programados y menor demanda estacional, explican parte de la caída registrada en meses anteriores.Si bien es válido que la ANH destaque el cumplimiento de sus metas y la comparación con escenarios de reservas, la ausencia de un análisis frente al mismo periodo del año anterior limita la lectura completa de la evolución del sector.
Un nuevo resultado en la lucha contra el hurto de hidrocarburos fue reportado en el departamento de Santander, donde la implementación del Centro Integrado de Monitoreo, Vigilancia y Reacción Inmediata (CIMVRI) permitió afectar de manera significativa las economías ilegales que operan en la región del Magdalena Medio.De acuerdo con información oficial, tropas del Ejército Nacional de Colombia, a través del Batallón de Artillería de Campaña n.° 6, lograron la ubicación y neutralización de dos válvulas ilícitas utilizadas, al parecer, por integrantes de grupos armados organizados para el robo de combustibles.Estas estructuras ilegales generaban rentas cercanas a los 400 millones de pesos mensuales cada una, lo que representa una afectación total de aproximadamente 800 millones de pesos mensuales a las finanzas de estas organizaciones criminales.Las operaciones se desarrollaron en zonas rurales del departamento, específicamente en la vereda Comuneros, en jurisdicción de Puerto Wilches, y en la vereda Vizcaína, en Simacota, donde se evidenció la instalación de estos puntos clandestinos que comprometían la infraestructura petrolera.Según las autoridades, este resultado fue posible gracias a la integración de capacidades tecnológicas del CIMVRI y la rápida reacción de las tropas en terreno, lo que permitió detectar y desmantelar estas actividades delictivas.Tras la intervención, se coordinó con personal especializado de CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos para realizar la reconexión segura de la infraestructura afectada, evitando la pérdida de combustible y reduciendo riesgos para las comunidades cercanas, así como posibles daños ambientales.El hurto de hidrocarburos ha sido una de las principales fuentes de financiación de grupos armados ilegales en el Magdalena Medio, además de generar graves afectaciones al medio ambiente y a la economía formal del país.Con este tipo de operaciones, el Ejército Nacional busca debilitar las estructuras criminales que operan en la región, al tiempo que protege activos estratégicos y refuerza la seguridad en zonas históricamente afectadas por este delito.
El Ministerio del Trabajo de Colombia ha publicado un nuevo borrador de decreto con el objetivo de actualizar y fortalecer las normas que rigen la contratación en la industria de hidrocarburos, priorizando el empleo de personas residentes en las zonas donde se desarrollan estos proyectos. Esta medida buscaría garantizar que las comunidades locales se beneficien directamente de la explotación de recursos naturales en su región, a la vez que promueve la equidad laboral y la inclusión social.Una de las principales modificaciones que introduce el borrador es el aumento en el porcentaje de trabajadores calificados que deben ser residentes del área de influencia del proyecto. En términos concretos, al menos el 50 % de los puestos calificados, que incluyen a técnicos, tecnólogos y profesionales, deberán ser ocupados por personas de la región.Además, la propuesta mantiene la obligación de que el 100 % de la mano de obra no calificada, como obreros y auxiliares, debería ser de la comunidad local. Esta medida refuerza el compromiso con la población directamente afectada por los proyectos hidrocarburíferos, asegurando que los trabajos menos calificados queden reservados para quienes habitan las zonas de influencia directa.Lo que se podría convertir en un decreto también prioriza la contratación de poblaciones vulnerables, como mujeres, jóvenes, víctimas del conflicto armado y personas de municipios PDET o ZOMAC. Esta disposición busca fomentar la inclusión laboral y social de aquellos que históricamente han tenido barreras para acceder al empleo.En cuanto a los cargos "transversales" y las "emergencias", establece nuevas reglas. Los cargos transversales son aquellos que prestan servicios a varios proyectos simultáneamente, mientras que las emergencias se refieren a situaciones operacionales excepcionales. Para estos casos, se ha creado un procedimiento específico que permite flexibilizar la contratación sin la rigidez del proceso estándar de priorización, facilitando una respuesta rápida a situaciones críticas.Además, obligaría a las empresas a promover la reconversión laboral, incentivando la capacitación para que los trabajadores locales puedan adaptarse a la transición hacia la carbono neutralidad. Esta medida busca que las comunidades se preparen para los cambios que trae la transición energética del país.Las empresas deberían enviar, en los primeros cinco días de los meses de febrero y agosto, reportes detallados sobre su nómina de trabajadores y las vacantes disponibles a las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo. Este control permitirá una supervisión más efectiva de las empresas y garantizará el cumplimiento de las nuevas normas.Este nuevo enfoque está basado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que exige que al menos el 50 % de la mano de obra en proyectos regionales sea local. Además, retoma principios constitucionales sobre la función social de la empresa, el derecho al trabajo en condiciones equitativas, la experiencia y las solicitudes previas de comunidades y empresas.Finalmente, las empresas deberían seguir un orden estricto de priorización al contratar fuera de la región. Primero se contratará a residentes del área de influencia, luego a personas de municipios vecinos, después a personas de otros municipios del departamento, y solo se considerará a nivel nacional si no hay candidatos locales disponibles.
Un borrador de decreto en construcción busca establecer las reglas para la atención y manejo de los vertimientos naturales de hidrocarburos en Colombia, conocidos como “resumaderos”. La iniciativa se desarrolla en el marco de mesas institucionales que reúnen a entidades del sector ambiental, minero-energético y técnico.De acuerdo con William Elías Ramírez, ingeniero de petróleos de la coordinación de ingeniería de subsuelo regional central, el proyecto tiene dos objetivos principales. El primero consiste en determinar la naturaleza de estos fenómenos, con el fin de establecer si corresponden efectivamente a procesos naturales de migración de hidrocarburos hacia la superficie. El segundo apunta a definir los lineamientos de atención y gestión, incluyendo la asignación de responsabilidades frente a estos eventos.En el proceso participan entidades como el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Servicio Geológico Colombiano y Ecopetrol, entre otras, con el propósito de construir un marco regulatorio de alcance nacional.Según explicó Ramírez, los resumaderos se producen cuando el hidrocarburo migra de manera natural a través de formaciones geológicas hasta la superficie, donde se expone a procesos de degradación. Esto implica que el crudo pierde su valor comercial y no puede ser aprovechado como el que se extrae mediante pozos.En la región central, se han identificado 104 resumaderos, de los cuales 73 se concentran en el campo La Infanta, mientras que el resto se distribuye en otros campos operativos. A nivel nacional, cifras del Servicio Geológico Colombiano reportan 1.746 puntos en 29 departamentos.Aunque se trata de un fenómeno natural, el hidrocarburo que aflora mantiene propiedades contaminantes. Puede afectar fuentes hídricas y generar riesgos para el entorno. Frente a esto, Ecopetrol ha implementado medidas de mitigación como la instalación de barreras de contención y la atención periódica de estos puntos para evitar la dispersión del crudo.El aumento de la población en zonas cercanas a campos petroleros también ha incrementado la exposición de comunidades a estos fenómenos. Entre las recomendaciones se incluye evitar el consumo de agua de fuentes potencialmente contaminadas, no realizar quemas cerca de los afloramientos y limitar la permanencia en áreas donde puedan presentarse emisiones de gases.El borrador de decreto, aún en desarrollo, busca consolidar un esquema que permita coordinar la gestión de estos resumaderos en todo el país y establecer con claridad las responsabilidades de las entidades involucradas.
El juzgado 20 de ejecución de penas de Bogotá negó la acción de tutela presentada contra la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, por el proceso de cesión del bloque Sinú-9, al considerar que era improcedente, que no vulneró los derechos fundamentales y que la entidad actuó conforme a la ley en todas las etapas del trámite contractual.Con esto, queda en firme dicha cesión a la estatal francesa Maurel & Prom, una compañía que, según la ANH, cuenta con amplia trayectoria y solidez financiera en el sector energético internacional.El fallo respalda la actuación de la ANH y deja claro que cualquier controversia adicional deberá tramitarse por las vías administrativas o judiciales ordinarias, marcando así el camino que sigue el proceso fuera del ámbito constitucional.La tutela fue interpuesta por Felipe Jesús Pimienta Barrios, representante legal de FG Oil & Gas Inc., quien alegó presuntas afectaciones al debido proceso y de petición y cuestionando la cesión del contrato de exploración y producción del bloque Sinú-9, porque, según él, se había adelantado con irregularidades y, por ello, debía suspenderse.Sin embargo, el juez señaló que la ANH respondió oportunamente todos los derechos de petición presentados, cumplió con las competencias que le asigna la normativa del sector de hidrocarburos y no encontró irregularidades.El fallo además reiteró que la acción de tutela no puede utilizarse para sustituir los mecanismos ordinarios o reabrir etapas ya concluidas, pues esta misma pretensión ya había sido archivada el año pasado.En medio de esto, Orlando Velandia Sepúlveda, saliente presidente de la Agencia, negó que su renuncia a la dirección del cargo esté relacionada el proceso de cesión del Bloque Sinú-9 y que esta responde únicamente a las dinámicas propias del Gobierno nacional.Velandia insistió en que la cesión de Sinú-9 se adelantó con el acompañamiento preventivo de la Procuraduría y que el proceso no ha recibido reproches judiciales ni observaciones de los organismos de control ni del Gobierno, pues la evaluación jurídica, técnica y económica de la cesión tomó cerca de nueve meses, periodo durante el cual se atendieron todas las solicitudes de la ciudadanía y de los interesados.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo (norte).El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
La policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), halló el cadáver de un hombre de 75 años en su casa, donde una mujer y su hija, familiares del fallecido, habían convivido con el cuerpo durante años.Fuentes de los 'Mossos' informaron este jueves a EFE que ayer fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en el municipio barcelonés de Cabrera d'Anoia, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en ella, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.Agentes de la policía catalana se personaron en la casa, en la que encontraron a una madre y a la hija, mayor de edad, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.Las citadas fuentes indicaron que, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.Las mismas fuentes precisaron que ayer miércoles se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.La autopsia del cuerpo, explicaron estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada del fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.Las dos mujeres, que no están detenidas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.
Alrededor de la medianoche aterrizó en Cali el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para liderar la puesta en marcha del primer bloque de seguridad urbana del país. Se trata de la opeación 'Iron', en la que más de 1.200 hombres de la Fuerza Pública se desplegaron por el centro y el oriente de la ciudad. La operación inició en la madrugada de este jueves y sigue activa en toda la ciudad, enfocándose principalmente en los barrios Calvario, San Pascual y Sucre en el centro de Cali, los cuales históricamente han sido afectados por problemáticas de microtráfico."Acaba de empezar el operativo más importante en la historia de esta ciudad, de Cali, más de 1.200 hombres, vamos a recuperar el centro de Cali que está tomado por las ollas que venden droga con la que se envenenan a nuestros niños y jóvenes, por los extorsionistas que acaban con los sueños de nuestros de nuestros comerciantes y emprendedores. Los delincuentes hacen lo que les da la gana, hoy lo vamos a derrotar, vamos a liberar a Cali de ese flagelo del crimen organizado", aseguró el presidente.En el operativo también estuvieron presentes el general retirado Jorge Mora; el alcalde de Cali, Alejandro Eder; y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quienes durante toda la madrugada estuvieron recorriendo seis comunas y 15 barrios, donde se efectuaron más de 80 órdenes de captura y 161 diligencias de allanamiento.
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, afirmó que la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo se mantiene en términos de diálogo y coordinación, pese a las diferencias que han surgido alrededor de asuntos como el presupuesto nacional y las prioridades de gasto. El senador sostuvo que ha mantenido conversaciones frecuentes con el presidente de la República y con diferentes integrantes del gabinete.“Le tengo que decir de mi parte una relación cordial, sincera, franca y permanente”, aseguró Henríquez al ser consultado por la relación entre el Congreso y el Gobierno. Según explicó, durante los periodos de sesiones se han desarrollado reuniones con distintos ministros para abordar asuntos relacionados con salud, seguridad, deporte y otros sectores.El pronunciamiento se produjo durante una entrevista con Mañanas Blu, en la que el presidente del Congreso también se refirió a la situación de seguridad que atraviesa Santa Marta, ciudad de la que es oriundo, luego de las acciones atribuidas a estructuras criminales y de las medidas adoptadas por el Gobierno para recuperar el control territorial.Seguridad en Santa Marta y presencia de la Fuerza PúblicaHenríquez señaló que, aunque no permaneció en Santa Marta durante los días más críticos de la situación de orden público, recibió información sobre el temor que se extendió entre los habitantes y las medidas de resguardo adoptadas por la comunidad.Para el presidente del Congreso, la prioridad debe ser el restablecimiento del orden y el retorno de la ciudad a la normalidad. En ese sentido, respaldó la presencia de policías y militares en Santa Marta y en otros territorios de la región.“Aquí lo que hay que hacer prevalecer es la libertad, el orden”, manifestó. También sostuvo que una ciudad turística como Santa Marta necesita recuperar la confianza y consideró que la seguridad constituye una condición fundamental para el desarrollo de las demás actividades sociales y económicas.Sobre la presencia histórica de grupos criminales y fenómenos como las extorsiones, Henríquez reconoció que se trata de una problemática que ha afectado a distintas regiones del país. “Las regiones están a merced de los grupos al margen de la ley. La ciudad de Santa Marta no es una excepción”, afirmó.El senador agregó que el fortalecimiento de la seguridad requiere recursos para modernización, tecnología, equipamiento y ciberseguridad. Según sus declaraciones, existe un desbalance entre las capacidades de los grupos armados ilegales y las de la Fuerza Pública que debe ser atendido.Ley de sometimiento y estatuto antiterroristaOtro de los asuntos abordados fue el trámite de los proyectos relacionados con seguridad, entre ellos la ley de sometimiento y el estatuto antiterrorista. enríquez explicó que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó al Congreso que el Gobierno ya cuenta con un borrador de estas iniciativas, pero que el documento continúa en revisión por parte de la Presidencia de la República.“Estamos a la espera de que ello ocurra”, señaló el presidente del Congreso, quien agregó que el Gobierno no ha establecido todavía una fecha concreta para la presentación de los proyectos.Presupuesto: salud y defensa, entre las prioridadesEn materia económica, Henríquez se refirió a la aprobación del monto general del presupuesto y a las discusiones que deberán continuar en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Uno de los asuntos que expresó como preocupación es la financiación del sistema de salud. El senador señaló que el sector enfrenta un déficit frente a los recursos solicitados y destacó la necesidad de revisar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).“La salud para mí y todos es una prioridad”, afirmó, al reconocer al mismo tiempo las limitaciones fiscales que enfrenta el Estado. a seguridad también aparece entre las prioridades planteadas por Henríquez. El presidente del Congreso manifestó que considera necesario incrementar los recursos destinados al sector defensa, particularmente para fortalecer capacidades operativas, tecnología y equipamiento.Ajuste fiscal y dificultades presupuestalesRespecto al anunciado proyecto de ley de ajuste fiscal, Henríquez indicó que hasta el momento no conoce una fecha de radicación ni los detalles de su contenido. Sin embargo, consideró necesario que la iniciativa sea presentada y debatida. “Nosotros esperamos que lo antes posible lleguen con la información y lleguen a radicarlo y a debatirlo, porque es lo sensato y es lo que los técnicos dicen que hay que hacer”, afirmó.El senador también fue consultado sobre el recorte previsto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En respuesta, señaló que no conoce en detalle su presupuesto y planteó que el problema es generalizado en diferentes entidades del Estado.Henríquez sostuvo que sectores como defensa, salud y justicia enfrentan necesidades adicionales de financiación, mientras el Gobierno debe afrontar restricciones fiscales y buscar mecanismos para reducir los gastos de funcionamiento.Diálogo entre poderes para buscar solucionesFinalmente, el presidente del Congreso explicó que sus encuentros con representantes de las altas cortes y otros órganos del Estado tienen como propósito identificar problemas y construir acuerdos dentro del principio de separación e independencia de poderes. “En medio de las diferencias hay que construir consenso para buscar soluciones a los temas que afectan a los colombianos”, señaló.Henríquez puso como ejemplo los asuntos que llegan a la Corte Constitucional y que requieren actuaciones del Congreso, así como el elevado número de acciones de tutela relacionadas con servicios de salud.Según explicó, el objetivo de estos encuentros es identificar qué problemas requieren decisiones administrativas y cuáles necesitan reformas legales.