El Ministerio de Salud adoptó un nuevo Modelo de Atención en Salud para las Personas Privadas de la Libertad mediante la Resolución 1099 de 2026, con la que se reemplazan las normas vigentes desde 2015 y 2016 que regulaban la prestación de estos servicios en los establecimientos penitenciarios del país.
La principal modificación consiste en la reorganización integral del sistema de atención para la población bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), bajo un enfoque de Atención Primaria en Salud (APS). El objetivo es fortalecer el acceso, la continuidad y la calidad de los servicios médicos dentro y fuera de los centros de reclusión.
Entre las novedades más relevantes se encuentra la incorporación de modalidades como la telesalud, que permitirá realizar consultas y seguimientos médicos a distancia, así como la prestación de servicios extramurales cuando las necesidades de atención no puedan resolverse al interior de los establecimientos. La resolución también establece protocolos específicos adaptados a las condiciones propias del sistema penitenciario.
El nuevo modelo introduce, además, enfoques diferenciales para atender las necesidades particulares de distintos grupos poblacionales, incluidas las mujeres privadas de la libertad y los menores de tres años que conviven con sus madres en los centros de reclusión. Asimismo, desarrolla lineamientos sobre aseguramiento en salud, gestión del riesgo, referencia y contrarreferencia de pacientes, y mecanismos de seguimiento a la calidad de la atención.
Otra de las transformaciones es la creación de la Red Integral e Integrada de Prestadores para la Población Privada de la Libertad (RIIPPL), que busca articular los servicios de salud dentro y fuera de los establecimientos carcelarios para facilitar la atención de los pacientes y reducir barreras de acceso.
La resolución también establece una clasificación de los establecimientos penitenciarios en cinco categorías de Unidades de Atención Primaria (UAP), definidas según factores como el número de personas recluidas, las condiciones de seguridad, la ubicación geográfica y las características jurídicas de cada centro. Esta categorización permitirá distribuir de manera más eficiente los recursos humanos y asistenciales.
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El modelo queda estructurado en seis componentes: prestación de servicios de salud, red de prestadores, condiciones de calidad, sistema de referencia y contrarreferencia, salud pública y mecanismos de seguimiento y evaluación. De manera transversal, se incluyen estrategias para fortalecer la gestión y disponibilidad del talento humano en salud.
Según el Ministerio de Salud, la actualización responde a la necesidad de superar problemas históricos relacionados con la fragmentación de la atención, la falta de coordinación entre entidades y las dificultades de acceso a servicios médicos para la población privada de la libertad. Además, busca dar cumplimiento a recientes decisiones de la Corte Constitucional sobre la garantía del derecho fundamental a la salud en los establecimientos penitenciarios del país.
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