A pocos días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, la Policía encendió las alertas en varias regiones del país donde persisten amenazas de seguridad y riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de la jornada democrática. El foco principal de preocupación está en municipios de Cauca, Tolima y Antioquia, territorios que concentran la mayor cantidad de alertas por fenómenos violentos relacionados con el proceso electoral.
Según el más reciente análisis realizado por las autoridades, 32 municipios del país presentan riesgos asociados a hechos de violencia que podrían impactar la seguridad de votantes, jurados, candidatos y funcionarios electorales. A esto se suman otros 38 municipios con alertas por fenómenos no violentos que, aunque no implican ataques armados, sí podrían comprometer la transparencia y garantías del proceso electoral. En este último grupo aparecen departamentos como Valle del Cauca, Bolívar y Cundinamarca.
En departamentos como Cauca y Antioquia, la preocupación se concentra en corredores rurales donde en las últimas semanas se han registrado acciones violentas, amenazas y confrontaciones entre grupos armados.
Por esto, la Policía desplegó más de 120 mil uniformados fueron asignados para garantizar la seguridad perimetral, custodiar puestos de votación y asegurar la movilidad en las diferentes regiones del país. El operativo incluye además capacidades tecnológicas y aéreas para vigilancia y reacción inmediata. En total, fueron habilitadas 94 aeronaves tripuladas y no tripuladas que estarán dedicadas a labores de monitoreo, seguimiento y control durante toda la jornada electoral.
Las autoridades informaron que habrá presencia prioritaria en el 57 % de los puestos de votación del país, es decir, en 7.694 de los 13.489 habilitados para estas elecciones. Asimismo, la cobertura de seguridad alcanzará el 90 % de las mesas electorales, con vigilancia sobre más de 106 mil puntos de votación distribuidos en el territorio nacional.
El dispositivo también contempla el fortalecimiento de labores de inteligencia, investigación criminal y policía judicial, así como coordinación permanente con las Fuerzas Militares, la Fiscalía General de la Nación, la Registraduría y organismos de control para atender cualquier situación que pueda alterar el proceso democrático.
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