La Fiscalía General de la Nación instaló un plan integral para acompañar y vigilar la jornada electoral del próximo domingo, con el objetivo de priorizar la investigación de delitos electorales, amenazas contra candidatos y posibles afectaciones informáticas relacionadas con el proceso democrático.
La estrategia contempla la implementación de las resoluciones 016 y 047 de 2026, mediante las cuales se fortalecen las acciones para investigar delitos electorales e informáticos, amenazas contra integrantes de campañas políticas y presuntas irregularidades en la financiación electoral.
Según informó la entidad, el despliegue institucional incluirá fiscales, investigadores y servidores de policía judicial en las 35 seccionales del país, quienes estarán encargados de atender denuncias ciudadanas e iniciar investigaciones de oficio antes, durante y después de los comicios.
La directora especializada contra la corrupción, Madeleyne Pérez Ojeda, aseguró que para el 31 de mayo estarán disponibles 5.600 integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), entre investigadores, peritos y funcionarios de policía judicial, para adelantar actos urgentes en todo el territorio nacional.
De manera complementaria, la Sección de Análisis Criminal mantiene un monitoreo permanente las 24 horas con el propósito de identificar hechos que puedan constituir delitos electorales. Este seguimiento permitirá detectar patrones y contextos territoriales para facilitar la reacción institucional y el análisis de posibles conductas ilícitas.
Asimismo, el ente acusador activó protocolos especiales para atender posibles afectaciones a la infraestructura digital asociada al proceso electoral. Fiscales especializados en delitos informáticos asumirán las investigaciones relacionadas con ataques cibernéticos, accesos irregulares a sistemas tecnológicos y uso indebido de herramientas digitales.
Finalmente, la Fiscalía indicó que mantiene especial atención frente a amenazas, hostigamientos o intimidaciones contra candidatos y actores políticos, por lo que continúan activas las rutas de atención y los mecanismos de articulación institucional para adoptar medidas de protección.
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