El ejercicio del periodismo en Colombia continúa desarrollándose en un entorno de alto riesgo. Así lo advierte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que documenta asesinatos, amenazas, atentados y presiones judiciales contra periodistas, especialmente en zonas con presencia de grupos armados.
Según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, el país enfrenta un escenario en el que la violencia no solo afecta a periodistas de manera individual, sino que impacta directamente el derecho de la sociedad a estar informada.
“La violencia contra periodistas es la forma más extrema de censura, y que tiene un triple efecto: vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares y violan los derechos de las personas y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo. Las consecuencias para la democracia, que depende de un intercambio libre, abierto y dinámico de ideas e información, son particularmente graves”.
En un estudio realizado en 34 municipios, el 24% de los medios reportó amenazas para suspender coberturas y el 35 % evitó publicar información por razones de seguridad. La CIDH advierte que esto ha consolidado la autocensura como mecanismo de protección, especialmente frente a temas como economías ilegales y orden público.
Según la Comisión, la violencia también se manifiesta a través de intimidaciones sistemáticas. La Fundación para la Libertad de Prensa ha advertido que grupos armados presionan a periodistas incluso por redes sociales para influir en contenidos informativos.
A este panorama se suma la estigmatización, un elemento que la CIDH considera preocupante. El informe advierte que estos hechos no ocurren de forma aislada, sino en un contexto de estigmatización sostenida y baja tolerancia frente a la crítica.
“La Relatoría Especial advierte con preocupación que estos hechos de violencia no ocurren de manera aislada, sino en un contexto de estigmatización sostenida y baja tolerancia del Poder Ejecutivo hacia las críticas y los procesos deliberativos. Los reportes recibidos confirman la existencia de un patrón de estigmatización contra medios de comunicación que informan sobre asuntos de interés público o cuestionan la gestión gubernamental, lo que estaría fomentando un entorno cada vez más hostil y permisivo frente a la violencia contra la prensa, y contribuyendo de manera significativa al deterioro de las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión en el país”.
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En particular, señala que funcionarios públicos, como el presidente de la República, han calificado a periodistas como “desinformadores”, “mentirosos”, “criminales” o “vagabundos”, con el aparente propósito de desacreditar su labor.
La Relatoría tomó nota de declaraciones del presidente en distintas ocasiones, en las que cuestionó el trabajo de medios y periodistas, llegando a afirmar que algunos “mienten” o “construyen falsedades”. Para la CIDH, este tipo de discurso “contribuye no solo a la polarización política y al deterioro del debate público”, sino que puede aumentar el riesgo de agresiones contra la prensa.
“La Relatoría Especial ha señalado de manera consistente que el discurso oficial que estigmatiza a la prensa, calificando su labor de “mentiras” o “noticias falsas”, contribuye no solo a la polarización política y al deterioro del debate público, sino que también tiene el potencial de exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia de distintos sectores de la población, y en consecuencia puede colocar a periodistas y comunicadores en una posición de mayor vulnerabilidad y riesgo de sufrir ataques”.
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Además, advierte que “las periodistas mujeres continúan siendo blanco de agresiones en entornos digitales que ponen en riesgo su seguridad e integridad y que presentan un evidente componente de violencia de género”. Estos ataques, agrega, buscan silenciar sus voces y limitar su participación en el debate democrático.
La Relatoría también alertó sobre un patrón de violencia dirigido a mujeres periodistas, especialmente en redes sociales, donde se registran amenazas, campañas de desprestigio y contenidos intimidatorios.
“Esta Oficina ha señalado que las prácticas discriminatorias afectan de manera especialmente grave a las mujeres que ejercen activamente la libertad de expresión y tienen un alto perfil público, como periodistas, defensoras de derechos humanos y políticas. Estos grupos de mujeres son doblemente atacados por ejercer la libertad de expresión y por su género. Asimismo, enfatiza que los discursos de las mujeres que denuncian violencia por su condición de mujer o de carácter sexual deben ser especialmente protegidos en la actualidad”.
Además de la violencia y la estigmatización, la CIDH alerta sobre el uso de mecanismos judiciales como forma de presión. Procesos penales, tutelas y sanciones han sido utilizados contra periodistas que investigan asuntos de interés público, lo que, según el organismo, constituye “un medio indirecto de censura”. Incluso la amenaza de estos procesos puede generar autocensura por su “efecto amedrentador”.
En este contexto, la Comisión insiste en que el Estado tiene la obligación de actuar con diligencia. “Es crucial que los Estados cumplan su obligación de investigar” estos crímenes, señala el informe, advirtiendo que la falta de resultados no solo perpetúa la impunidad, sino que agrava el efecto inhibidor sobre el periodismo.
“Es crucial que los Estados cumplan su obligación de investigar a fin de encontrar a los responsables de estos crímenes, para hacer justicia en el caso concreto, evitar su repetición y evitar el efecto inhibitorio que la violencia causa en los comunicadores. La falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de todos los responsables puede generar una violación adicional a los derechos al acceso a la justicia y a las garantías judiciales de las personas afectadas y sus familiares.
"Por otra parte, la Relatoría continuó monitoreando la situación de los medios públicos en Colombia. En ese marco, se tomó conocimiento de un estudio de Colombia Risk Analysis que identificó algunos riesgos en el sistema de medios públicos, entre ellos: la alineación editorial de medios públicos con la agenda gubernamental; estigmatización de periodistas que reforzaría la percepción de medios públicos como “voceros del Gobierno” y privados como “defensores de intereses económicos”; y la asignación de recursos publicitarios con criterios políticos, que puede afectar la cobertura y fomentar autocensura838. Además, la organización advirtió sobre incorporación de creadores de contenido o “influencers” en espacios de opinión y análisis sin garantías de transparencia”.
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Según el informe, se han registrado reportes sobre “presuntas presiones en RTVC para modificar, eliminar o abstenerse de publicar contenidos críticos al Gobierno u opositores”.
Pese a este panorama, la CIDH reconoce algunos avances, como decisiones judiciales que fortalecen la investigación de crímenes contra periodistas y fallos de la Corte Constitucional en defensa del acceso a la información. Sin embargo, advierte que persisten desafíos en materia de pluralismo informativo e independencia editorial, especialmente en los medios públicos.
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