El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís, Putumayo, decidió no ampliar por ahora la medida provisional que había suspendido el cierre de la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal del Valle del Guamuez.
La decisión fue adoptada luego de que la Defensoría del Pueblo solicitara ampliar y precisar el alcance de la medida, ante la expedición de una nueva resolución de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz que establece el cronograma para la salida de las personas que permanecen en la zona.
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El juez Carlos Alexander Coral Cuatín consideró que la medida provisional adoptada el pasado 24 de septiembre es suficientemente clara y, por ahora, no requiere una interpretación adicional. En esa decisión, el despacho había ordenado suspender transitoriamente los efectos de la Resolución 389 del 9 de septiembre, específicamente lo relacionado con la terminación de la ZUT a partir del 30 de septiembre, mientras se resolvía de fondo una acción de tutela presentada por un excombatiente.
La controversia surgió después de que el Consejero Comisionado de Paz encargado, Carlos Andrés Ríos, expidiera la Resolución 215 del 29 de septiembre, mediante la cual se estableció el cronograma para la salida ordenada, gradual y articulada de las personas ubicadas en la ZUT.
Según ese documento, la salida física está prevista entre la medianoche del 1 de octubre y la medianoche del 2 de octubre. Situación que llevó a la Defensoría a advertir que la nueva resolución podría materializar precisamente los efectos del cierre que el juez había ordenado suspender.
Sin embargo, el juzgado no accedió a la solicitud de ampliar la medida. En lugar de esto, abrió un requerimiento dirigido a la Consejería Comisionada de Paz para que informe, en un plazo de 48 horas, si dio cumplimiento a la orden del 24 de septiembre.
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El despacho también pidió que, en caso de no haber cumplido la medida, se expliquen las razones y se adopten las medidas necesarias para acatarla.
Exjefe negociador del Gobierno pide garantías para las personas ubicadas en la ZUT en Putumayo.
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En medio de esta discusión, Armando Novoa García, quien hasta el pasado 6 de agosto fue jefe de la delegación del Gobierno Nacional en la mesa de diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, cuestionó las condiciones en las que se estaría produciendo la salida de las personas ubicadas en la ZUT.
Según Novoa, inicialmente el Gobierno había establecido que la ZUT tendría vigencia hasta el 30 de septiembre y se había comprometido a presentar, dentro de los cinco días siguientes, una hoja de ruta para garantizar una salida ordenada de los exmiembros de los Comandos de la Frontera.
Sin embargo, asegura que esa hoja de ruta no se habría establecido en los términos esperados y que la nueva resolución establece directamente un cronograma de salida.
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“Más bien lo que ocurrió es que en forma abrupta hoy se expidió una resolución que no establece una hoja de ruta, sino que elude establecer ese cronograma para permitir precisamente lo que en la resolución anterior se había dicho”, aseguró Novoa.
El exfuncionario también respaldó la solicitud que la Defensoría del Pueblo presentó este miércoles para que el juez amplíe la medida cautelar y suspenda las actuaciones relacionadas con la salida física de los excombatientes.
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“Esas personas entraron a la zona bajo un principio de buena fe, de confianza legítima, se desarmaron, se separaron de la violencia y del grupo”, señaló Novoa.
Uno de los principales cuestionamientos del exjefe de la delegación tiene que ver con las condiciones materiales en las que quedarían las personas una vez abandonen la ZUT. Según afirmó, los excombatientes no contarían, hasta el momento, con apoyos suficientes para cubrir transporte, alimentación o alojamiento durante los primeros días después de su salida.
“Esa es la razón de la manifestación que ha hecho la Defensoría del Pueblo, que va en la dirección correcta y que demanda una intervención inmediata del juez en orden a proteger los derechos de esas personas que se encuentran en un estado de indefensión, y de acuerdo a la jurisprudencia de la corte constitucional, son sujetos de especial protección por parte del estado, lo cual no está cumpliendo la resolución del Gobierno”, agregó.
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Novoa aseguró ademas que los excombatientes no cuentan con recursos, ni garantías suficientes de subsistencia.
“Las personas van a tener que salir hoy sin protección, sin seguridad, sin un mínimo que les garantice la subsistencia humanitaria, sin condiciones de dónde ir a dormir ni dónde ir a comer, porque ellos están en una zona rural que queda 20 kilómetros dentro más cercano, que es la el centro poblado de La Hormiga del municipio del Valle del Guamué. Muy lamentable, muy deplorable. El Gobierno, al parecer, no le interesa pacificar estas regiones con decisiones de entrega voluntaria, sino solamente con todo cadáveres. Eso es muy triste.”, afirmó.
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Aunque la Resolución 215 de 2026, establece que las personas acreditadas como desmovilizadas podrán continuar o iniciar su ruta de reincorporación ante la ARN en cualquier parte del país y la salida de la zona no extingue investigaciones penales, órdenes de captura, medidas de aseguramiento o condenas, el exjefe negociador asegura que la nueva resolución no habla sobre una hoja de ruta específica.
Asimismo, advirtió sobre los riesgos de seguridad que podrían enfrentar los excombatientes una vez abandonen la zona.
“Me imagino que llegará entonces la fuerza pública a sacarlos a las malas de la zona de ubicación temporal. ¿Qué necesidad hay de hacer eso? Si las personas allí están pacíficamente, por lo menos tienen una morada en donde dormir. Si lo único que estaban pidiendo es que se respetara el término inicial del duración de la zona que va hasta el mes de diciembre, o por lo menos hasta que hubiera una hoja de ruta clara al respecto”, concluyó.