El Gobierno nacional publicó para comentarios un borrador de decreto que busca modificar las reglas que deben seguir las autoridades durante las manifestaciones públicas. La propuesta plantea que la Policía pueda intervenir de manera individualizada cuando se presenten hechos de violencia o se verifique la presencia o utilización de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios.
El contenido del proyecto generó posiciones diferentes entre congresistas, dependiendo de en qué sector político están.
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El senador Alfredo Deluque sostuvo que la propuesta parte de la necesidad de diferenciar entre la protesta pacífica y aquellas manifestaciones en las que se presentan hechos que afectan el orden público o los derechos de terceros.
“Partimos de la base de que la protesta debe ser pacífica. Si la protesta no es pacífica, amenaza el orden público, la vida en sociedad o los derechos fundamentales de los demás ciudadanos, tiene que ser controlada por la fuerza pública”, afirmó.
Deluque agrega que el decreto no busca afectar las manifestaciones pacíficas ni aquellas que cuentan con los permisos correspondientes.
“No se trata de atacar la protesta pacífica ni aquellas manifestaciones públicas que tienen permiso de las autoridades correspondientes, sino aquella que se sale de control, que es una protesta violenta”, señaló.
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Una posición diferente expresó el senador Kevin Gómez, quien cuestionó el alcance del borrador y afirmó que este podría terminar criminalizando la protesta social.
“Este decreto va encaminado a criminalizar la protesta social”, sostuvo Gómez, quien considera que, en su concepto, la propuesta es “absolutamente contraria a nuestro ordenamiento jurídico, a nuestra Constitución”.
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También defendió el derecho a la protesta como una garantía que, según dijo, ha permitido la movilización de sectores políticos y sociales tanto de derecha como de izquierda.
Sector empresarial respalda el equilibrio entre derechos
Desde el sector empresarial, el presidente de Analdex, Javier Díaz, calificó como positiva la propuesta del Gobierno, particularmente por el planteamiento de equilibrar el derecho a la protesta con otros derechos de los ciudadanos.
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Díaz señaló que las comunidades suelen acudir a las manifestaciones cuando consideran que sus derechos están siendo vulnerados, pero advirtió que durante algunas protestas también pueden resultar afectados los derechos de otras personas.
“Generalmente, las comunidades protestan porque se les están vulnerando sus derechos, pero en esas protestas desconocen los derechos del resto de la comunidad (…) En nuestro caso, particularmente, el derecho a la movilidad y el derecho al trabajo, que se ven alterados simplemente porque unas pocas personas, ustedes lo han visto, cinco personas cierran la vía a Buenaventura. Pues no, no se deberían permitir esas afectaciones cerrando una vía”, afirmó.
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Entre tanto, el borrador continuará en etapa de comentarios hasta el 4 de octubre de 2026.
Detalles del decreto
El documento fue publicado por el Ministerio del Interior y estará abierto a comentarios hasta el 4 de octubre de 2026. Por ahora, se trata de un proyecto que busca modificar el Decreto 003 de 2021, que establece las actuaciones preventivas, concomitantes y posteriores de las autoridades frente a las protestas.
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La propuesta mantiene el diálogo como mecanismo preferente durante las manifestaciones, pero plantea cambios frente a la manera en que debe operar ese principio cuando se presenten conductas violentas.
Uno de los principales cambios consiste en establecer que privilegiar el diálogo no sea un requisito que suspenda o retrase las actuaciones individualizadas contra quienes estén ejecutando determinados actos de violencia durante una movilización.
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De acuerdo con el borrador, si desde el inicio de una manifestación se verifica el porte o utilización de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios, la Policía podría actuar contra las personas responsables, mientras los canales de comunicación con quienes participan en la protesta permanecen abiertos.
La misma regla aplicaría ante situaciones como retenciones de personas, agresiones contra ciudadanos, servidores públicos, uniformados, misiones médicas o periodistas, así como frente a la destrucción de infraestructura pública o privada.
El texto precisa que la actuación de las autoridades tendría que dirigirse específicamente contra quienes estén ejecutando esas conductas. Además, las personas que continúen manifestándose de manera pacífica conservarían las garantías contempladas en el protocolo y seguirían cobijadas por los mecanismos de diálogo y mediación.
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En estos casos, la obligación de privilegiar el diálogo, según el proyecto, “no pospone ni condiciona” la intervención individualizada de las autoridades.
El borrador también contempla situaciones en las que resulte materialmente imposible aplicar previamente las primeras etapas del procedimiento. En esos casos, estas podrían omitirse, pero el Puesto de Mando Unificado tendría que dejar constancia expresa de la decisión y justificar específicamente cada nivel del protocolo que no haya sido utilizado.