Colombia ha fracasado en enjuiciamiento de altos mandos del Ejército: HRW

En el reciente informe mundial de Human Rights Watch correspondiente al año 2019, el panorama para Colombia no es el mejor. Según el diagnóstico de eventos ocurridos el año pasado realizado por la organización no gubernamental, las medidas que ha tomado el Gobierno en diferentes ámbitos fueron insuficientes.Mientras reafirman que los abusos por parte de grupos al margen de la ley como el ELN, las disidencias y los paramilitares son graves, no dejan a un lado la violencia perpetrada contra defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas, comunidades indígenas y afros.Mencionan temas como las “barreras”, a la restitución de tierras para desplazados, límites de derechos reproductivos, aislamiento de comunidades y como otra gran preocupación: la pobreza extrema. Aunque el Gobierno colombiano ha insistido en disminución en factores de violencia e inequidad, el panorama para HRW vislumbra una situación, por demás, alarmante.Pese a que la misión política de Naciones Unidas había verificado la aceptación del Acuerdo de Paz por parte de la extinta guerrilla de las Farc, en el informe se muestra cómo uno de los puntos más importantes el resurgimiento de una nueva agrupación de unos pocos líderes y excombatientes de menor rango que se enlistaron nuevamente en un grupo subversivo, tras la salida a la implementación de ‘Jesús Santrich’, ‘El Paisa’ e ‘Iván Márquez’ el año pasado.Sobre las disidencias, manifiesta el reporte que los crímenes y graves abusos registrados en diferentes zonas, Arauca y áreas fronterizas con Venezuela, han generado un entorno complejo por cuenta de la intranquilidad de las poblaciones cercanas.A su vez, cuestionan el actuar del ELN y las disputas con el EPL, como los enfrentamientos en el Chocó contra paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que han originado diversos casos de lo conocido como confinamiento de comunidades, en las que, por si fuera poco, abunda la pobreza y el acceso a servicios básicos es precario.De otro lado, el informe pone en tela de juicio la desmovilización de grupos paramilitares, quienes tenían “vínculos estrechos”, con fuerzas de seguridad y políticos entre 2003 y 2006, por lo que lo califica como “profundamente defectuoso en el que muchos miembros permanecieron activos y se reorganizaron en nuevos grupos”, en el entendido que siguieron cometiendo violaciones a la ley como asesinatos y desapariciones. Y entre otros, pone como ejemplo que los enfrentamientos de esos grupos paramilitares ocasionaran el desplazamiento de más de 2.000 personas en Córdoba en el primer semestre del año pasado.Pero no solo eso, el informe lanza duros dardos a la implementación de la Ley de Justicia y Paz de 2005, haciendo referencia a que ha sido lenta, mencionando que “de más de 30,000 tropas paramilitares que se desmovilizaron, 4,000 han tratado de cambiar una confesión por una sentencia más leve. Hasta marzo de 2018, 215 habían sido condenados”.Y al respecto, infiere el caso de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de asesinato y conspiración en el grupo paramilitar de “Los 12 apóstoles”, y que solo hasta octubre, el hoy senador llegó a la Corte Suprema de Justicia a comparecer por el delito de manipulación de testigos.¿Fracaso en juicio a miembros del Ejército?En el capítulo de violaciones por parte de las fuerzas de seguridad pública, el informe trae a la luz los casos de falsos positivos, mencionando que desde septiembre de 2019, la Fiscalía había abierto más de 2.000 investigaciones por denuncias de ejecuciones extrajudiciales cuando Álvaro Uribe era presidente, logrando más de 900 condenas y destaca testimonios entregados por miembros de la fuerza pública entregados a la JEP, pero señala como un “fracaso”, el enjuiciamiento de altos oficiales del Ejército y que al contrario, algunos fueran promovidos en la institución.“Hasta septiembre de 2019, los casos contra 29 generales del Ejército bajo investigación por asesinatos falsos positivos, habían visto un progreso escaso”, dice el informe.Pero el capítulo del actuar de las Fuerzas Militares no cierra ahí. El documento pone en la mesa aquellos episodios que se convirtieron en escándalo y que algunos, lograron trascendencia mundial.“En diciembre de 2018, el presidente Duque nombró al general Nicacio de Jesús Martínez Espinel como jefe del Ejército, a pesar de la evidencia creíble que lo vinculaba con falsos positivos”, dice.Le puede interesar: Ejército abrió 13 procesos internos por corrupción en Antioquia y Chocó Adicional a eso, menciona el asesinato del excombatiente de las Farc Dimar Torres, en el que un sargento fue acusado del crimen, y un coronel de encubrimiento. Además, las explosivas revelaciones del New York Times y otros medios sobre cómo las políticas militares del Gobierno colombiano el año pasado, tenían semejanza a lo sucedido años atrás con los falsos positivos.Líderes socialesPese a que el Gobierno Nacional ha insistido en el esclarecimiento y reducción de casos de violencia contra líderes sociales, el informe de HRW muestra una radiografía compleja de lo que viven aquellos activistas indígenas, afros, y de otras comunidades que viven en medio de ataques y amenazas permanentes.Denunciar irregularidades se ha convertido en sinónimo de exposición al riesgo, ya sea por organizaciones dedicadas al narcotráfico, la extorsión y otros delitos, con base en denuncias registradas en el informe. El sur de Colombia persistió durante 2019 como la región más peligrosa para líderes sociales y aunque la Fiscalía ha esclarecido algunos casos, para HRW “Las autoridades han progresado mucho menos en el enjuiciamiento de las personas que ordenaron asesinatos contra líderes comunitarios”.Entre otras, el informe entregó un balance de las labores reportadas por la Jurisdicción Especial para la Paz, (JEP), destacándolo como parte de la implementación del acuerdo entre el gobierno y las Farc en 2016, también se refirió al desplazamiento interno y la restitución de tierras, donde deja entrever la postura de un senador del Centro Democrático que presentó “un proyecto de ley que limitaría la restitución de tierras en los casos en que las tierras fueron robadas y luego vendidas”.También pone en la mesa la migración venezolana reconociendo algunas labores de protección a la niñez, al ser Colombia el país que más ha recibido ciudadanos en vista de su cercanía bajo la crisis humanitaria que enfrentan en medio del gobierno de Nicolás Maduro.De otro lado, el informe señala que la violencia de género está “muy extendida”, por deficiencia en accesos para las mujeres y las niñas, justicia y graves hechos violentos donde ellas son las víctimas, lo cual no deja de ser preocupante, y donde los actos sexuales abusivos se enrutan en dificultad para acceder a verdadera protección.Y en el mismo escenario, el aborto. “El aborto en Colombia es legal solo cuando la vida o la salud de la mujer o la niña están en riesgo, el embarazo es el resultado de una violación o el feto sufre condiciones incompatibles con la vida fuera del útero”.Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones, los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.