El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, advirtieron que Colombia podría entrar en default en 2027, es decir, enfrentar dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras, si el Congreso no aprueba antes de finalizar este año la denominada Ley de Rescate Económico.
En entrevista con la revista Semana, los funcionarios defendieron el proyecto presentado por el Gobierno y explicaron las razones por las que consideran necesario implementar un ajuste fiscal. Según argumentaron, el país enfrenta una situación compleja en sus finanzas públicas y necesita conseguir recursos para garantizar el funcionamiento del Estado.
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“Si de aquí al cierre de 2026 no se avanza en esta ley de rescate, Colombia entra en default el próximo año”, aseguró José Manuel Restrepo, quien explicó que este escenario implicaría dificultades para pagar los salarios de los funcionarios públicos y financiar los programas que necesita el país.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, sostuvo que el déficit que necesita financiar el Gobierno está entre 80 y 90 billones de pesos. Además, advirtió que, sin un ajuste fiscal, el próximo año habría dificultades para financiar el Presupuesto General de la Nación y mantener la estructura actual del Estado.
“Si no hacemos el ajuste, el año próximo vamos a tener dificultades para financiar el Presupuesto General de la Nación. No vamos a poder pagar las nóminas, no vamos a poder mantener la estructura del Estado como está operando hoy”, afirmó Gómez en la entrevista.
Uno de los principales componentes de la Ley de Rescate Económico es la reducción del gasto público. Según explicaron los funcionarios, el 70 % del ajuste provendría del propio Estado, mediante medidas para disminuir la burocracia, reducir el derroche y combatir posibles focos de corrupción.
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Entre las propuestas está reducir en un 50 % las órdenes de prestación de servicios, limitar el crecimiento de las compras estatales a la inflación y vender activos improductivos que actualmente representan costos para el Estado.
El ministro de Hacienda defendió estas medidas y aseguró que existen recursos que no están siendo utilizados de manera eficiente. “El problema no es de plata. Plata hay, pero se está utilizando muy mal”, afirmó.
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El proyecto también contempla revisar 260 partidas de transferencias y más de 50 fondos que administran recursos públicos. De acuerdo con Gómez, estas medidas buscan mejorar el control sobre el presupuesto y evitar que los recursos se dispersen sin suficiente vigilancia.
El 30 % restante del ajuste provendría de mayores contribuciones tributarias. En esa materia, la propuesta contempla modificaciones al IVA de diferentes productos y servicios, incluidos algunos que actualmente están excluidos, exentos o gravados con tarifas inferiores al 19 %.
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Frente a las críticas por el posible impacto de estos cambios en el bolsillo de los consumidores, Restrepo y Gómez defendieron el mecanismo de devolución del IVA. Según explicaron, la iniciativa busca beneficiar a 36,5 millones de colombianos: 19 millones recibirían la devolución del impuesto y otros 16,5 millones obtendrían hasta el 50 % de lo pagado.
“Que 36,5 millones de colombianos tengan un beneficio me parece muy significativo”, señaló Restrepo, quien defendió la propuesta como una medida para que los ciudadanos con menores ingresos reciban una compensación por el impuesto que pagan en sus compras.
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El ministro señaló que este mecanismo comenzaría a funcionar el primero de enero de 2028 y que durante el próximo año se adelantaría la preparación tecnológica para facilitar las devoluciones, incluso en establecimientos comerciales que todavía no cuentan con factura electrónica.
La reforma también propone ampliar la base de personas naturales que declaran y pagan impuesto de renta, con un umbral inicial para quienes reciben ingresos superiores a cinco millones de pesos mensuales. Al mismo tiempo, plantea reducir del 35 % al 31 % la tarifa de renta para el 90 % del tejido empresarial, especialmente micro y pequeñas empresas.
En cuanto a los aportes a salud, Gómez explicó que, para quienes reciben hasta dos salarios mínimos, se mantendría la tarifa del 4 %, mientras que para los ingresos superiores aumentaría progresivamente hasta llegar al 8 %.
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Los dos funcionarios insistieron en que el proyecto debe avanzar en el Congreso antes de terminar 2026. Aunque inicialmente el Gobierno espera que tenga su trámite ordinario, Gómez no descartó solicitar mensaje de urgencia si los tiempos legislativos se reducen.
“Esta ley debe aprobarse antes de finalizar el año”, enfatizó el ministro, quien advirtió sobre las consecuencias económicas que podría tener la falta de financiación del Estado.
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Restrepo, por su parte, sostuvo que la aprobación de la iniciativa es necesaria para recuperar la confianza de los inversionistas, garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y evitar mayores dificultades económicas.