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El Gobierno reconoció una serie de deficiencias y obstáculos en la lucha contra las desapariciones forzadas ante un órgano especializado de la ONU, que le pidió que unifique el registro de víctimas y garantice el acceso a archivos confidenciales para las investigaciones.
EL Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas examinó hoy el primer informe de Colombia acerca del cumplimiento de la Convención Internacional en esta materia, que entró en vigor hace cuatro años para este país.
Uno de los relatores asignados por el Comité para analizar el caso colombiano, Rainer Huhle, dijo que en Colombia hay "muchos registros con diferentes resultados y poca posibilidad de controlarlos, unificarlos y tener una imagen completa".
Huhle consideró que se requiere "un claro esfuerzo para tener un registro único o al menos registros interconectados que ofrezcan información sobre la totalidad del número de desaparecidos, y sobre cuántos fueron encontrados vivos o muertos".
La delegación gubernamental comunicó que, al pasado 31 de julio, las víctimas de presuntas desapariciones forzadas se elevaban a 82.505, según datos de la Fiscalía.
Sin embargo, el Registro Nacional de Desaparecidos (RND) de Colombia -cuyas cifras comprenden el periodo de 1938 al pasado y que fueron incluidas en el informe presentado al Comité- indica que las presuntas desapariciones forzada se elevan a 23.494.
Aparte se mencionan las desapariciones sobre las que se carece de información y que totalizan 89.974 casos.
Sobre la variedad de datos sobre el número de víctimas, el director general del Instituto Nacional de Medicina Legal, Carlos Valdés, explicó que "los distintos sistemas de datos nos permiten ver el problema desde ángulos diferentes" y que la tarea que se tiene por delante es depurar esa información.
Otro relator del Comité, Luciano Hazan, reconoció al término de la sesión que Colombia ha avanzado mucho en la cuestión de las desapariciones forzadas, pero también enfatizó que hasta recientemente han ocurrido desapariciones "con alguna forma de participación estatal".
Añadió que también han persistido las desapariciones forzadas atribuidas a los grupos armados ilegales, todo lo cual "nos indica que hay que persistir en los esfuerzos por prevenir, investigar y sancionar" este crimen.
Otra cuestión que fue abordada varias veces fue la necesidad de que los funcionarios a cargos de las investigaciones y las víctimas tengan acceso a los archivos civiles, militares y de inteligencia.
En respuesta, una asesora del Ministerio colombiano de Justicia, Sandra Santa, aseguró al Comité que las autoridades judiciales cuentan con acceso a todas las fuentes de información estatal, aunque reconoció que hay víctimas de desapariciones que han denunciado obstáculos en este aspecto.
Varios miembros del órgano de la ONU pidieron a la delegación oficial explicar la razón por la cual Colombia no acepta que el Comité reciba e investigue denuncias individuales de desapariciones forzadas.
A ese respecto, Santa dijo que Colombia cuenta con los mecanismos suficientes para hacer sus propias investigaciones, pero aseguró que las autoridades tomarán en cuenta la petición del Comité para que se le permita recibir directamente las denuncias que deseen hacerle llegar ciudadanos colombianos.
Al evaluar la presentación de la delegación oficial, la activista Yanette Bautista, cuya hija desapareció en 1987, considero que sus respuestas "muestran que no hay voluntad política de aceptar las denuncias individuales ante el Comité, lo que es un desperdicio de la Convención y no favorece los derechos de las víctimas".
Expresó su temor de que la intención de las autoridades de "depurar" los distintos registros de desaparecidos en realidad sirva para "borrar casos si no se cuenta con la participación de las víctimas y de la sociedad civil".
En representación de la Comisión Colombiana de Juristas, Ana María Rodríguez, recordó que ya otro órgano de la ONU pidió hace once años a Colombia que estableciera un sistema único de información, pero siempre surgen pretextos para no cumplir con esto.
Por su parte, el activista Edison Cuéllar, representante del colectivo sociojurídico OFB, lamentó que durante las negociaciones del proceso de paz "los militares no hayan tenido el gesto de abrir sus archivos relacionados con desapariciones forzadas".
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