La primera decisión judicial contra dos de los implicados en la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes dejó sentimientos encontrados en su familia.En diálogo con Blu Radio Claudia Yepes, madre del joven, manifestó respeto por el fallo que condenó a cinco años de internamiento a Juan Diego Echavarría, alias ‘Se lo Juro’, y Bryan Andrei Palacio, alias ‘El Cabo’, aunque expresó su desazón por la duración de las sanciones frente a la gravedad de los hechos.Los dos hombres, señalados de pertenecer al grupo delincuencial El Mesa, aceptaron su responsabilidad por desaparición forzada y fueron juzgados bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, debido a que tenían 17 años cuando ocurrieron los hechos en abril de 2022 en el municipio de San Andrés de Cuerquia, norte de Antioquia."Realmente uno recibe esto con decepción, porque finalmente, pues, lo cometieron cuando eran menores de edad, pero muy conscientes de lo que estaban haciendo, porque es que no estábamos hablando de unos niños, estábamos hablando de unos jóvenes adolescentes que sabían qué es el bien y qué es el mal, y que tenían claro que eso no estaba bien hecho", expresó.Para Yepes la condena representa un avance dentro de un proceso marcado por la incertidumbre sobre el paradero de su hijo, pero también abre interrogantes sobre la respuesta judicial ante delitos de esta naturaleza cuando quienes los cometen son menores de edad.Por eso, indicó que espera que el caso contribuya a impulsar cambios en la legislación para que se revisen las sanciones aplicables en situaciones similares."La vida de una persona no vale nada en manos de un menor de edad, porque reciben demasiados beneficios, pero esperemos que en algún momento se le pueda hacer una reforma a la ley 10 98 del 2006, que es la que regula a todos estos jóvenes adolescentes", apuntó.De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Se lo Juro’ participó en la planeación y ejecución de la desaparición, además de estar relacionado con acciones posteriores para eliminar evidencias que permitieran establecer el paradero del ingeniero.Por su parte, ‘El Cabo’ vigiló los movimientos de Peláez para facilitar su interceptación, además de haber custodiado el sitio donde permaneció retenido.
Pocos días después de conocerse nuevos detalles sobre la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes en el municipio de San Andrés de Cuerquia, avanza la judicialización de los presuntos responsables, a los que se sumó uno más en las últimas horas.Se trata de Juan Diego Echavarría Arango, conocido con el alias de ‘Se lo juro’, quien, cumpliendo detención en el municipio de Santa Rosa de Osos, fue notificado de su vinculación al caso ocurrido en abril de 2022 como integrante del grupo criminal El Mesa.Al ser menor de edad para el momento de los hechos, un juzgado de adolescentes en Medellín le imputó a Echavarría el cargo de desaparición forzada agravada, el cual aceptó.La información fue ratificada por Miguel Ángel del Río, uno de los abogados del caso, quien en su cuenta de X manifestó: “Uno de ellos aceptó cargos y confesó las formas macabras de su crimen. Solidaridad con su madre, Claudia. Todo mi cariño para ella”.Precisamente, Claudia Yepes, madre de Andrés Camilo, explicó que hasta ahora conocen que su desaparición se habría dado por un caso de secuestro extorsivo, en el que los integrantes del grupo criminal le exigían 10 millones de pesos que habían perdido y estaban vinculados a actividades de microtráfico en esa zona del norte de Antioquia.“Era conocido por ellos, lo buscaban, le pedían plata, y hubo un momento en que, como decimos por acá, los paisas, ‘se les alumbró el bombillo’ con el ingeniero. Tuvieron un desfalco de microtráfico, y la mejor forma de recuperar esa plata era con un secuestro extorsivo. El secuestro se les sale de las manos con mi hijo y termina desaparecido”, relató.Al tratarse de un proceso que juzga a un menor de edad, se espera que la sentencia que se conocerá en los próximos días contra Echavarría no supere los cinco años de prisión.Con este ya son cinco las personas vinculadas al caso, tras las capturas entre julio y agosto de 2026 de Juan Fernando Tobón Correa, alias ‘El Paisa’; Weimar Alexánder Castillo, alias ‘300’; Willinton Ortiz Muñoz, alias ‘Willy’; y Brayan Andrei Palacio Arango, alias ‘El Cabo’.Este último, quien actualmente tiene 21 años, habría participado en los hechos cuando era menor de edad y es señalado de vigilar el lugar donde Peláez habría permanecido retenido.
Tras cuatro años de lo sucedido y esperando que la verdad esté cerca, más detalles se conocen sobre la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes, quien fue visto por última vez el 4 de abril de 2022 en San Andrés de Cuerquia.La Fiscalía está investigando si el cuerpo de Peláez Yepes habría sido arrojado a un río, tras meses de estar buscando su rastro en una vivienda de esa localidad del Norte de Antioquia, donde al parecer pasó los últimos momentos de su existencia.Según explicó el abogado Santiago Uribe, representante de víctimas, la investigación inicialmente no avanzó debido a información que, según él, habría sido entregada a la Fiscalía por personas que participaron en los hechos y que no correspondía con lo ocurrido. Posteriormente, datos aportados por fuentes humanas habrían permitido reconstruir la secuencia del secuestro."Esperamos finalmente, pues, Andrés Camilo, encontrar el cuerpo de Andrés Camilo, y y, por intermedio de ello, pues, darle un parte de tranquilidad a doña Claudia, a toda su familia, y que se haga justicia", manifestó el abogado.De otro lado, el profesional señaló que el móvil investigado inicialmente no estaría relacionado con la actividad profesional del ingeniero, sino con un supuesto descuadre de dinero de una plaza de vicio del grupo delincuencial El Mesa."Inicialmente, fue el descuadre de unos dineros de una plaza de vicio que manejaban estas personas, y, pues, con la finalidad de organizar el dinero que tenían descuadrado, secuestraron a Andrés Camilo para quitarle este dinero y así, pues, organizar el dinero que tenían perdido", explicó Uribe.De momento van cuatro personas capturadas por este caso, conocidas con los alias de ‘Willy’, ‘El Cabo’, ‘300’ y ‘El Paisa’, habrían participado en la planeación del secuestro. Peláez fue citado en esa localidad y, según esta versión, una persona vigiló su llegada para posteriormente retenerlo y trasladarlo a una vivienda.Por lo pronto, la madre del ingeniero, Claudia Yepes, continúa esperando encontrar sus restos para darle el último adiós. Su hijo tenía 26 años cuando desapareció y trabajaba en la interventoría ambiental de Hidroituango.
Al menos 137.000 personas han sido reportadas como desaparecidas en Colombia en el contexto del conflicto armado desde 1921, de acuerdo con los registros de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). La entidad entregó el balance este domingo, durante la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, y advirtió que este fenómeno no terminó con la firma del Acuerdo de Paz.La desaparición más antigua registrada por la Unidad corresponde a Tobías Borda Cepeda, quien fue visto por última vez en 1921 en Rondón, Boyacá, municipio que en ese momento era conocido como San Rafael. Borda. Borda pertenecía a una familia de hacendados de la región, nunca volvió a ser localizado y sus familiares no volvieron a tener información sobre su paradero.De acuerdo con la UBPD, el periodo más crítico se concentró en la década de 2000, pues el 48,5 % de los casos registrados hasta el 1 de diciembre de 2016 ocurrieron durante esos años. Los años 2001, 2002 y 2003 fueron los que concentraron el mayor número de desapariciones. Antioquia, Meta y Valle del Cauca, respectivamente, son los departamentos con más registros.Sin embargo, la Unidad advirtió que la desaparición continúa siendo una realidad en el país. Según cifras del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, en 2016, 2.659 personas han sido desaparecidas. Solo entre enero y julio de este año, el organismo internacional documentó 99 nuevos casos relacionados con el conflicto, entre ellos 36 niños, niñas y adolescentes.“La reciente tragedia que afecta a nuestro país, el terremoto, nos mostró cómo también en estos escenarios se registran hechos de desaparición de seres queridos. Es la oportunidad para unirnos como sociedad, como colombianas y colombianos, para buscar a los desaparecidos de Colombia, porque la búsqueda es un compromiso del presente”, concluyó Luz Janeth Forero directora de la Unidad.
Las autoridades revelan nuevos detalles del caso de desaparición hace cuatro años del ingeniero Andrés Camilo Peláez en San Andrés de Cuerquia, Antioquia: capturados de El Mesa tienen vínculo con las disidencias del frente 36. La principal hipótesis es que todo comenzó como una extorsión. Más capturas por la desaparición forzada del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes el 4 de abril de 2022, eso es lo que espera el abogado de su familia, Miguel Ángel del Río Malo, luego de que este fin de semana fuera enviado a la cárcel alias '300', un cabecilla de segundo nivel del grupo delincuencial 'El Mesa' señalado de conducir el vehículo donde se lo llevaron.El abogado señaló que la verdad está cerca, como lo ha pedido la madre de la víctima, Claudia Yepes, que día a día contabiliza en sus redes sociales cuánto hace que no sabe del paradero de su hijo: a la fecha, 1.575 días.“Las teorías apuntan a un secuestro extorsivo precisamente con relación a su actividad profesional. Un joven que tenía un futuro por delante, una persona que buscaba trabajar por su comunidad y por su familia. Para nosotros es infame lo que ocurrió y llegaremos hasta dónde se encuentra Andrés Camilo y darle a su familia sosiego”, afirmó.En medio de las audiencias del caso, el fiscal reveló que ‘Minguerra’ o '300' iba conduciendo el vehículo en el que se llevaron al ingeniero, pero no fue el único detalle: también que en esa misma camioneta llevaba víveres para guerrilleros en el Norte de Antioquia. Esta versión fue corroborada por el coronel Jerson Tapias, comandante del Gaula Militar del Valle de Aburrá.“Extinguir era un articular principal de esta estructura, era su segundo cabecilla, tenía injerencia en el manejo de todo el tema del microtráfico en todo el departamento antioqueño. Bueno, alias 300 viene manejando un outsourcing con la estructura 36 de las disidencias de las FARC, los cuales vienen siendo un brazo armado que les permite consolidar sus objetivos en las áreas urbanas”, dijo.El fiscal indicó que fuera de '300', están implicados alias 'El Paisa', 'Juan Puntas', 'Willy' y 'El Cabo'. El ente investigador indicó que el día de los hechos Peláez salió del hotel donde se hospedaba para dirigirse a desayunar cuando, presuntamente, fue intimidado con armas de fuego, golpeado y obligado a subir al vehículo.Las pesquisas permitieron establecer que posteriormente fue llevado a una vivienda, donde fue visto con lesiones en el rostro y amarrado de las manos. Más tarde habría sido trasladado en otro automotor hacia las afueras del municipio. Desde entonces, no se conoce su paradero.
En medio de un operativo adelantado por el Gaula militar y el CTI de la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Bello, las autoridades capturaron a Weimar Alexander Castillo, conocido con el alias de “300”, a quien señalan de planear y coordinar la desaparición forzada del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes, en el año 2022.Este capo es señalado como segundo cabecilla del grupo delincuencial El Mesa y fue capturado junto con Juan Fernando Tobón Correa alias “El Paisa”, quien según las autoridades era el encargado de las coordinaciones administrativas de la organización. A su vez, también está implicado en el crimen del ingeniero, que en su momento trabajaba para Hidroituango en el municipio de San Andrés de Cuerquia."Este sujeto, alias 300, tiene un recorrido criminal de más de 10 años en esta organización, era encargado de asesinatos selectivos, extorsionar, secuestrar, dirigir sicarios en la región de Antioquia y otros departamentos aledaños", apuntó el coronel Styk Amaral Reyes, comandante del Comando Gaula Militares.Según ha revelado hasta ahora la Fiscalía, el día de los hechos, el ingeniero salió del hotel donde se hospedaba para desayunar. En ese momento fue interceptado, presuntamente intimidado con armas de fuego, golpeado y obligado a abordar un vehículo.La investigación permitió establecer que la víctima fue trasladada a una vivienda, donde la amarraron con cordones de zapatos. Al día siguiente, fue llevada en un vehículo hacia las afueras del municipio y desde entonces se desconoce su paradero.Miguel Ángel del Río Malo, abogado de la familia de Andrés Camilo, destacó esta segunda captura reciente:"En la tarde de hoy serán las audiencias de legalización, imputación y solicitud de medida de aseguramiento de alias 300. Estamos cerca Claudia”, manifestó en referencia a la madre de la víctima, que adelanta una búsqueda incansable de verdad desde que ocurrieron los hechos.
Esto ocurrió en zona rural del municipio de San José de Apartadó, en el Urábá antiqueño, en donde fueron entregados los tres cuerpos a sus familias por personal de la JEP.Como Luis Eduardo Aguirre, Humberto Palacios Palacios y una tercera persona cuya identidad permanece bajo reserva, fuero las víctimas que fueron entregadas a sus allegados, y su ubicación fue posible gracias a la información suministrada por antiguos integrantes de las Farc durante versiones voluntarias y diligencias judiciales adelantadas.El primer hallazgo, corresponde al cuerpo de Humberto Palacios Palacios, ocurrió el 30 de abril de 2024 en la vereda El Gas, donde inicialmente se adelantaba una diligencia para establecer el paradero de otra persona desaparecida.El segundo es el cuerpo de Luis Eduardo Aguirre, sucedió el 1 de mayo de 2024, en el sector conocido como Río Mariano, también en zona rural de San José de Apartadó. Y el tercero, el 9 de julio de 2024 en la vereda La Linda, y cuya identidad permanece en reserva.
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) avanza en una nueva fase de intervención en el cementerio municipal Campo Hermoso de Bucaramanga, donde se estima que reposan los cuerpos de al menos 789 personas que habrían fallecido de manera violenta en el marco del conflicto armado y fueron inhumadas como no identificadas o identificadas no reclamadas.“Los análisis de información y el cruce de fuentes nos han permitido determinar que en el cementerio municipal de Bucaramanga fueron dispuestos al menos 789 cuerpos de personas que fallecieron de manera violenta en el marco del conflicto armado y que pudieron haber sido traídos en condición de no identificados o identificados no reclamados”, señaló Manuel Criales, coordinador de la UBPD en Santander.El funcionario explicó que la entidad ya había adelantado intervenciones relacionadas con la recuperación de víctimas de la Operación Berlín, proceso que permitió la exhumación de decenas de cuerpos. Sin embargo, ahora el trabajo se concentra en una intervención integral del camposanto para ubicar a las personas desaparecidas cuyos restos podrían encontrarse allí.Actualmente, la Unidad tiene 11 solicitudes de búsqueda de familiares que presumen que sus seres queridos podrían estar enterrados en este cementerio. No obstante, la identificación de posibles víctimas también se realiza mediante la revisión de protocolos de necropsia, registros de inhumación y otros documentos forenses.De acuerdo con la UBPD, hasta la fecha han sido intervenidas 73 bóvedas y los cruces de información indican que será necesario intervenir al menos 104 más.La fase actual contempla dos semanas de trabajo simultáneo con dos equipos forenses, durante las cuales esperan abrir cerca de 20 bóvedas. Debido a la magnitud de la labor, el proceso se desarrollará por etapas y podría extenderse durante varios años.“Nos faltarían al menos cinco o seis fases más para finalizar la intervención general del cementerio. Debido a que también atendemos otros municipios del departamento, una nueva fase podría programarse entre septiembre y octubre de este año y seguramente continuaremos durante el próximo año”, explicó Criales.Las investigaciones señalan que las personas buscadas fallecieron entre 1985 y 2016, periodo que coincide con el mandato de la UBPD para la búsqueda de desaparecidos en el contexto del conflicto armado.Las labores de recuperación enfrentan importantes desafíos. Carlos Andrés Ariza Castillo, antropólogo forense de la UBPD, explicó que la información recopilada por los investigadores permite identificar características biológicas de las personas buscadas, como edad, estatura, sexo, rasgos físicos, lesiones y prendas de vestir registradas en los protocolos de necropsia.Sin embargo, al momento de abrir las bóvedas, los expertos han encontrado una realidad mucho más compleja.“En cada bóveda debería haber un cuerpo, pero hemos encontrado casos en los que hay hasta diez cuerpos en una misma bóveda. Además, se han deteriorado con el tiempo y los restos se han mezclado entre sí”, indicó Ariza.El especialista explicó que el trabajo de antropología y arqueología forense consiste en identificar y agrupar las estructuras óseas que pertenecen a un mismo individuo, reduciendo al máximo las mezclas antes de trasladar los restos a los laboratorios especializados.“Hay casos en los que encontramos todos los huesos de una misma persona, pero en otros los restos están mezclados. Nuestro trabajo es reconstruir ese rompecabezas para facilitar posteriormente los análisis genéticos”, agregó.La Unidad de Búsqueda informó que, sumando las intervenciones realizadas por la Operación Berlín y las labores adelantadas durante la presente semana, ya han sido recuperados aproximadamente 85 cuerpos en el cementerio municipal de Bucaramanga.Los restos exhumados son trasladados al Centro Integral de Abordaje Forense ubicado en Girón, donde especialistas en medicina forense, antropología y odontología realizan análisis interdisciplinarios y toman muestras biológicas para estudios de ADN.Estos exámenes son enviados a laboratorios de genética y constituyen la principal herramienta para lograr la identificación plena de las víctimas y avanzar hacia la entrega digna de los cuerpos a sus familias, muchas de las cuales llevan décadas esperando respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.Desde 2024, la UBPD ha realizado intervenciones en cementerios de 16 municipios de Santander como parte de la búsqueda de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado colombiano.
Durante un operativo de verificación migratoria en la zona turística de Cartagena, fue capturado un ciudadano dominicano con circular roja de Interpol. El extranjero, era buscado por las autoridades para que cumpliera una condena por los delitos de homicidio y desaparición forzada en República Dominicana.El hombre fue capturado en un hotel del barrio El Laguito, y dejado a disposición de la Interpol, a la espera de los trámites correspondientes para su judicialización.“Tras confirmar su identidad y verificar la vigencia de la solicitud internacional, las autoridades hicieron efectiva su detención conforme a los protocolos establecidos”, indicó Migración Colombia.Por su parte, la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, indicó que este es el segundo caso detectado en la semana en Cartagena gracias al trabajo articulado y permanente de los oficiales de la entidad.Recordemos que el pasado 16 de abril, un mexicano que era buscado por pornografía infantil fue detenido en el aeropuerto de Cartagena cuando intentaba ingresar a la ciudad.La entidad reveló que durante el trámite de ingreso a la ciudad al revisar la información en los sistemas internacionales, los oficiales evidenciaron que el viajero tenía vigente una solicitud de localización y detención por el delito de pornografía infantil por parte de autoridades de Estados Unidos.
Un cuarto de siglo tuvo que esperar María (nombre ficticio) para abrazar nuevamente a su hija, una joven que fue raptada de las entrañas de su hogar ubicado en la zona alta del sur de Bolívar cuando apenas tenía dos años de nacida.Allí, cuando el conflicto armado dictaba las leyes del miedo, la pequeña (Laura)fue raptada y entregada al cuidado de terceros. En ese instante, el reloj de una familia se detuvo, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre que ninguna oración logró disipar.Durante décadas, María vivió en ese limbo cruel donde la esperanza y el temor libran una batalla diaria; imaginaba el rostro de su hija creciendo en algún lugar, mientras el pánico de no saber por dónde empezar la mantenía paralizada, aguardando noticias que el viento del Magdalena Medio se negaba a traer.Sin embargo, el instinto de una madre posee una resistencia que desafía la lógica del tiempo. En 2021, María decidió que el silencio ya había durado demasiado y acudió a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Fue el inicio de un rompecabezas humano que empezó a armarse entre el sur de Bolívar y Barrancabermeja, una labor forense y administrativa que unió a la UBPD con el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.A través de un rastreo minucioso en bases de datos de la Registraduría y una articulación estratégica con los enlaces del Sisben, los investigadores lograron localizar a una joven en el nororiente del país cuyo perfil coincidía con la pequeña perdida en la guerra. El veredicto lo dictó la ciencia: el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó, mediante un cotejo de ADN, que Laura era, efectivamente, aquella niña buscada durante dos décadas y media.Al recibir la confirmación, el peso de los años pareció evaporarse en un segundo. “Felicidad, ese amor que necesitaba, que esperaba hace tantos años”, confesó María con la voz entrecortada por el alivio de saber que sus corazonadas no eran simples fantasías, pues, aunque hubo noches oscuras donde imaginó los peores desenlaces, siempre conservó la certeza íntima de que su hija respiraba bajo el mismo cielo. Del otro lado, Laura también cargaba con su propia sombra, una orfandad emocional que ella misma describió con una crudeza conmovedora: “Crecí sin ese brazo en mi vida”. Para ella, descubrir que no había sido olvidada, sino buscada con una tenacidad inquebrantable, transformó el vacío en una promesa.El encuentro físico, ocurrido recientemente en Barrancabermeja, no fue solo un protocolo humanitario, sino un acto de resistencia frente a la violencia y el desarraigo. Al verse, el tiempo no solo se detuvo, sino que se reparó. Mirarse a los ojos y reconocerse tras 25 años de fragmentación fue la prueba de que los vínculos de sangre pueden sobrevivir incluso a las grietas más profundas de la historia colombiana.Daladier Jaramillo, coordinador de la UBPD en el Magdalena Medio, subrayó la magnitud del evento al afirmar que se sienten “profundamente felices y conmovidos”, pues este caso materializa la posibilidad real de la reconciliación y restituye un lazo que, en esencia, nunca dejó de existir a pesar de los kilómetros y el olvido impuesto.Este reencuentro es una luz necesaria para una región donde el Plan Regional de Búsqueda del Sur de Bolívar rastrea aún a 1.176 personas, y donde el Magdalena Medio suma un total de 5.908 desaparecidos. Cada una de esas cifras es una silla vacía, pero la historia de María y Laura demuestra que la fe es una herramienta poderosa. Al final del día, en ese abrazo contenido que tardó un cuarto de siglo en cerrarse, no solo se recuperó una identidad perdida; en Barrancabermeja, bajo el calor de la verdad, nació una nueva familia. “Que no pierdan la fe”, sentenció Laura, enviando un mensaje a quienes aún esperan, recordando que a veces la vida ofrece una segunda oportunidad para volver a casa.
La Gobernación del Valle del Cauca puso en marcha un plan de choque que tiene al turismo como eje central para la recuperación económica de los municipios afectados por el reciente sismo. La emergencia dejó 1.871 establecimientos turísticos afectados, de los cuales 1.167 presentan daños graves o críticos, y pérdidas económicas estimadas en más de $18.145 millones.La estrategia, liderada por la gobernadora Dilian Francisca Toro y ejecutada por la Secretaría de Turismo del departamento, bajo la dirección de Miyerlandi Torres, busca fortalecer la actividad de empresarios y emprendedores del sector en las zonas impactadas.Tres frentes para la reactivación turística del Valle del CaucaEl plan de recuperación se concentra en tres líneas de trabajo. La primera es la reactivación de la cadena de valor turística en los destinos afectados, a través de proyectos como las Caravanas Solidarias y Roldanillo al Aire Libre.La segunda apunta a fortalecer la competitividad regional mediante mejoras en la conectividad aérea y la consolidación del turismo de salud. La tercera busca aprovechar el turismo deportivo con megaeventos como el Giro de Rigo, orientados a atraer visitantes y generar impacto económico local.Caravanas Solidarias: más de $200 millones en movimiento económicoLas Caravanas Solidarias ya recorrieron Sevilla y Buenaventura, y su próxima parada será Calima-El Darién. Según la Gobernación, esta estrategia ha generado un movimiento económico superior a los $200 millones en beneficio directo de la cadena de valor turística de estos municipios.Roldanillo al Aire Libre: apoyo a 350 emprendedoresEn Roldanillo, uno de los Pueblos Mágicos afectados por el sismo, la Gobernación lidera la iniciativa Roldanillo al Aire Libre, desarrollada en articulación con la Alcaldía, empresarios locales y aliados privados.El proyecto contempla la instalación de contenedores comerciales, adecuaciones de infraestructura en el Coliseo de Ferias y la habilitación de créditos condonables. Estos mecanismos están diseñados para beneficiar directamente a 350 emprendedores.“Desde el primer día de esta emergencia hemos venido trabajando para reconstruir y recuperar la vida de los vallecaucanos que lo perdieron todo, de quienes resultaron afectados. Lo primero fue la asistencia humanitaria, la reconstrucción asistida de las viviendas y devolver la dignidad a las familias, y claro hay que recuperar los empleos y posicionar nuestros municipios a través del turismo, generando ingresos para los vallecaucanos”, afirmó la gobernadora Dilian Francisca Toro.Cali, segundo destino de turismo de salud en ColombiaEl turismo de salud es otro de los sectores priorizados por su capacidad para atraer visitantes e ingresos. De acuerdo con datos de ANATO, entre enero y agosto de 2026 Cali recibió a 5.889 extranjeros no residentes que llegaron en busca de tratamientos médicos. La cifra equivale al 28 % de los 21.034 viajeros registrados en todo el país por este motivo, lo que ubica a la capital vallecaucana como el segundo destino nacional en este segmento.Para fortalecer este frente, la Secretaría de Turismo del Valle adelanta mesas de articulación interinstitucional, capacitaciones en calidad turística, visitas de evaluación y acciones de mejoramiento en los servicios que integran la cadena logística. El objetivo es mejorar la experiencia de los pacientes internacionales, elevar los estándares de atención y aumentar la capacidad del destino para fidelizar visitantes.“La oportunidad radica en que cada paciente internacional encuentre no solo servicios médicos de excelencia, sino un destino preparado para atender toda su experiencia de viaje. Así, el turismo en salud se convierte en una fuente de desarrollo económico que va mucho más allá de los consultorios y hospitales”, señaló la secretaria de Turismo, Miyerlandi Torres.Conectividad aérea: aeropuertos y nuevas rutas hacia el PacíficoLa Gobernación, junto con el Gobierno nacional, trabaja en el fortalecimiento de la conectividad aérea del departamento. Para ello, se proyectan mesas de trabajo con el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil para gestionar la revisión de las tasas aeroportuarias, la optimización de las condiciones operativas, la disponibilidad de parqueaderos y la aceleración del proceso de modernización y concesión del aeropuerto.La agenda incluye además la expansión de la conectividad regional, con énfasis en el aeropuerto de Cartago y en la habilitación de rutas aéreas hacia Juanchaco y otros destinos del Pacífico vallecaucano, como Ladrilleros.Giro de Rigo 2026 dejó un impacto de más de $90.000 millonesEl turismo deportivo completa la estrategia. El departamento recibió recientemente el Giro de Rigo 2026, edición La Sucursal, que reportó más de 20.000 visitantes, una ocupación hotelera superior al 80 % y un impacto económico estimado en más de $90.000 millones.Perfil de los visitantes del eventoBogotá y Medellín fueron las principales ciudades de origen de los asistentes nacionales, mientras que Estados Unidos y España encabezaron la participación internacional. La estadía promedio fue de 3,4 noches y el gasto promedio por persona alcanzó los $3.380.713.Según la Gobernación, estas cifras evidencian el efecto de los grandes eventos deportivos en sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y el transporte, y su aporte al posicionamiento del Valle del Cauca como destino de turismo deportivo.Invitación a visitar los municipios afectadosLa Secretaría de Turismo invita a colombianos y extranjeros a recorrer destinos como Sevilla, Roldanillo, Calima-El Darién, Buga y Buenaventura, y a contribuir así a la recuperación de la economía local.“Reconstruir el Valle del Cauca no implica únicamente recuperar lo perdido; significa garantizar que sus empresarios vuelvan a crecer, que sus familias accedan a nuevas oportunidades y que el turismo se consolide como un motor inagotable de desarrollo. El Valle lo reconstruimos juntos”, concluyó Miyerlandi Torres.
Pekín rechazó este lunes las informaciones que aseguran que una empresaria china con la que mantuvo un romance el director ejecutivo del gigante tecnológico Nvidia, Jensen Huang, sea una espía del Gobierno de China.El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun afirmó que "las tesis sobre espías chinos son pura invención y una calumnia" en una breve contestación durante una rueda de prensa rutinaria.La investigación estalló tras un reporte en el que New York Times citaba a fuentes de la inteligencia estadounidense sobre un amorío entre Huang y la empresaria china, Alice Huang, algo que presuntamente sabía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.La situación escaló este sábado cuando el mismo diario reportó que en la Administración Trump circuló un memorando que señalaba que Alice Huang era una espía del Ministerio de Seguridad del Estado de China.La mujer, según el informe, estaba reclutada para recopilar información sobre Huang, como parte de una iniciativa de la mayor agencia de espionaje de Pekín para obtener más detalles sobre los chips de inteligencia artificial (IA) estadounidenses e influir para que sus chips más avanzados estuviesen a disposición de China.La junta directiva de Nvidia, líder en fabricación de chips para IA, indicó en un comunicado este domingo que "está iniciando una investigación independiente a la luz de los recientes informes que indican que el fundador y director ejecutivo", Huang, "ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera".El director de Nvidia "respalda plenamente" la indagatoria y cooperará con ella, según el comunicado de la empresa, que sostuvo que "prioriza la seguridad nacional y económica de Estados Unidos".
El alcalde de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar, Milton Olaya, cuestionó en Mañanas Blu cómo fue posible que el cantón militar del municipio fuera atacado con explosivos el pasado sábado, pese a que, según le habían asegurado las autoridades militares, la instalación contaba con un sistema antidrones. El mandatario local anunció que pedirá explicaciones en el consejo de seguridad convocado para este lunes.El ataque, ocurrido hacia el mediodía del sábado 7 de noviembre, se realizó mediante drones cargados con explosivos, y fue atribuido por el Gobierno al ELN. Olaya, sin embargo, aclaró que hasta el momento las autoridades no le han confirmado oficialmente qué grupo fue el responsable.“No sé qué pasó, que el sábado falló la tecnología”El alcalde explicó que la protección antidrones del batallón le fue confirmada en varias ocasiones, por lo que considera inexplicable lo ocurrido. Así lo expresó: “Lo que a mí se me hace raro es que ese cantón militar siempre ha estado protegido por antidrones y todo. Yo no sé qué pasó ahí, que el sábado falló la tecnología”.Según relató, hace un mes se realizó en el municipio un consejo ministerial con la presencia del ministro de Defensa, el ministro del Interior y la cúpula militar. En ese espacio, afirmó, volvió a preguntar por la seguridad de la zona y le respondieron que estaba bien protegida. Sobre esa reunión, dijo: “Yo no creo que iban a llevar a toda la cúpula militar y a los ministros allá a arriesgar un alto riesgo como ocurrió el sábado”.Olaya agregó que en otras reuniones la Policía y el Ejército le habían comentado que ya se habían registrado intentos de ataques con drones, pero que la tecnología disponible había evitado afectaciones. “Estábamos todos convencidos que ellos estaban protegidos. No sé, algo pasó el sábado que no sabemos”, señaló, y confió en que la investigación adelantada por las autoridades permita establecer qué falló.Balance de heridos tras el ataque en Santa Rosa del SurDe acuerdo con la información que recibió el alcalde, el sábado ingresaron 50 heridos al hospital del municipio. De ellos, 17 fueron remitidos al hospital de Simití, de segundo nivel; posteriormente, dos pacientes fueron trasladados a Aguachica y entre ocho y diez a Bucaramanga.El mandatario indicó que el domingo visitó el hospital y encontró seis soldados que aún permanecían en observación, aunque la mayoría presentaba lesiones leves. Su balance fue claro: “Verdaderamente para mí fueron 3 muertos y 17 heridos, un poquito con gravedad”.El batallón está separado del casco urbano por el aeropuertoOlaya precisó que el cantón militar no se encuentra dentro del pueblo, sino en uno de sus extremos, a una distancia que calculó entre 500 metros y un kilómetro. La instalación está separada del casco urbano por la pista del aeropuerto local, de unos 800 metros de largo, y por algunas viviendas dispersas.Según el alcalde, los explosivos cayeron dentro del batallón, que funciona en un predio que antes era una finca y que, según dijo, fue adquirido por el Gobierno Nacional para su construcción. Una garita ubicada a entre 100 y 200 metros de algunas casas también fue alcanzada por un artefacto, pero no se reportan viviendas afectadas.ELN, disidencias y gaitanistas se disputan el oro de la Serranía de San LucasSobre el contexto de violencia en la región, el mandatario explicó que en la zona hacen presencia tres grupos armados ilegales: “Está el ELN, está la disidencia de las FARC y los gaitanistas. Esos grupos se están peleando las Serranías de San Lucas, donde hay 12 municipios, por el oro”.El alcalde subrayó que los enfrentamientos se habían concentrado históricamente en las zonas altas de la serranía, a varias horas del casco urbano, y que nunca antes un ataque de este tipo había ocurrido en el pueblo. Añadió que el ELN y las disidencias han sido los grupos con mayor presencia histórica en la región, mientras que, según le ha dicho la comunidad, los gaitanistas estarían entrando nuevamente.La presencia del ELN en esta zona no es nueva. En meses anteriores se han registrado hechos como un ataque con dron del ELN que dejó un soldado muerto y siete heridos en Santa Rosa y la muerte de un teniente de la Policía en enfrentamientos con esa guerrilla en el sur de Bolívar, en la Serranía de San Lucas, entre San Pablo y Santa Rosa.El Ministerio de Defensa señaló que el ataque sería una retaliación del ELN por la captura de alias 'Carrito', cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó, detenido en la vereda Nueva Mina, zona rural de Santa Rosa del Sur.Minería, economía local y bloqueo de combustiblesOlaya recordó que el oro es el principal renglón productivo de Santa Rosa del Sur y del sur de Bolívar, y que al aeropuerto municipal llegan con frecuencia avionetas privadas con ingenieros, geólogos y empresarios vinculados a la actividad minera. Indicó además que adelanta gestiones para que una aerolínea opere de manera permanente y conecte al municipio con Bucaramanga, a la que describió como la capital comercial del sur de Bolívar.El mandatario también denunció que los grupos armados impiden el ingreso de combustibles a las minas, una situación que, según afirmó, lleva cerca de cinco meses afectando el trabajo del sector minero.Sin confirmación de bombardeos en la zonaConsultado sobre posibles bombardeos de la Fuerza Pública tras el ataque, el alcalde afirmó que ni el Ejército, ni la Policía, ni la Gobernación le han informado de operaciones de ese tipo en el municipio: “Hasta el momento nadie me ha confirmado bombardeos por ningún lado”.Las autoridades locales esperan que el consejo de seguridad de este lunes entregue un informe oficial sobre lo ocurrido en el cantón militar y sobre las fallas que habrían permitido el ataque.
El expresidente Gustavo Petro, aunque no dio un solo mensaje de los sexoscontratos, sí atinó a resaltar lo valioso de un beso y rechazó la Ley de Rescate y le propuso a uno de sus rivales políticos: Álvaro Uribe, unirse para votar en contra el IVA en la reforma tributaria.En medio de las discusiones que se tienen por la Ley de Rescate Fiscal, lo que antes lo dividía hoy, parece que los puede unir, y es evitar más impuestos para los colombianos.El episodio ocurrió en Medellín, en donde de gorra de piloto, camisa azul, bufanda blanca y todo el tiempo de gafas negras, el expresidente Gustavo Petro habló durante 40 minutos en un evento privado denominado ‘Primer Gran Encuentro Somos Resistencia’, que se hizo en el Club Medellín.Allí había expectativas para que se refiriera a las explosivas denuncias de Deicy Jiménez sobre sus encuentros sexuales con el expresidente a cambio de contratos, pues no fue así, lo que sí hubo fue una propuesta a uno de los hombres que le ha hecho mayor oposición, hablamos de Álvaro Uribe Vélez, a hacer coaliciones en los municipios de Antioquia entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático.La idea no sólo para las elecciones territoriales 2027, sino que también invitó a que los congresistas de Uribe voten en contra el IVA en la reforma tributaria y no echar para atrás su reforma laboral."Por eso Uribe le propongo, en Antioquia podemos juntarnos municipio por municipio, programa por programa, pero que su bancada no vote ni un solo peso del impuesto a la comida de los colombianos, que no voten por la reducción del salario y la jornada de los trabajadores y porque pongan sus votos como nosotros en la Junta Directiva del Banco de la República para bajar sustancialmente la tasa de interés que se le cobra a cualquiera que vaya a pedir un crédito en un banco", manifestó el exmandatario.Aunque todavía no se conoce una respuesta de Álvaro Uribe, hay que recordar que el Centro Democrático le presentó al gobierno De La Espriella un borrador de discusión de la Ley de Rescate, donde proponen no cobrar IVA a la canasta familiar.En el evento, Gustavo Petro, que no es un asombro, dijo que todos los miembros del Pacto Histórico votaran negativo a la Ley de Rescate y quien no lo haga debe salir, porque se trata de un beneficio para los amigos del presidente Abelardo De La Espriella."El Pacto Histórico tiene que enfrentar esta situación, no sólo oponiéndose a la sinvergüencería de un gobierno narcotraficante que prefiere entregarle las tierras que le entregamos nosotros a los campesinos para producir comida a los viejos socios narcotraficantes del presidente Abelardo", aseguró Petro.Por último junto al ex embajador de Nicaragua durante su gobierno León Fredy Muñoz, el representante a la Cámara Alejandro Toro que sigue reafirmando su alianza con la gente de Daniel Quintero, la ex consejera de regiones Luz María Múnera, entre otros, invitaron a la marcha el próximo 19 de noviembre para protestar contra la reforma de rescate del Gobierno de Abelardo De La Espriella.
Una patrullera de la Policía de Bogotá rescató a un bebé recién nacido que habría sido abandonado en una ciclorruta de la ciudad. La uniformada trasladó al menor de urgencia a un centro médico, donde recibió atención prioritaria y fue estabilizado.El caso se dio a conocer a través de un video publicado en redes sociales. En las imágenes se observa cómo la funcionaria ingresa a un centro asistencial con el bebé en brazos para solicitar ayuda inmediata del personal médico.Según las primeras versiones, el recién nacido tenía rastros de sangre y señales de un parto reciente. Además, todavía tenía la placenta y el cordón umbilical. Sin embargo, hasta el momento no se han determinado las circunstancias en las que fue dejado en ese lugar ni cuánto tiempo permaneció allí.¿Cómo fue el rescate del bebé abandonado en Bogotá?La intervención de la patrullera permitió que el menor recibiera atención médica. El personal de salud logró estabilizarlo, aunque todavía no se han divulgado detalles sobre su estado de salud actual.Por ahora, tampoco se conoce la identidad de la madre ni de la persona que habría abandonado al bebé. Las autoridades investigan el caso para establecer qué ocurrió.El hecho generó reacciones entre concejales de Bogotá, quienes destacaron la actuación de la uniformada y pidieron investigar lo sucedido para garantizar la protección del recién nacido.¿Cuándo ocurrió el hallazgo del bebé abandonado en Bogotá?Aunque el video del rescate se ha difundido recientemente en redes sociales y ha generado reacciones, el caso no ocurrió en noviembre de 2026. Las imágenes corresponden a un procedimiento policial registrado en 2024, por lo que su circulación reciente ha llevado a que el hecho se presente como si hubiera sucedido en los últimos días.Concejales se pronuncian por el abandono del recién nacidoLa concejal María Clara Name, del partido Alianza Verde, reconoció la reacción de la patrullera y rechazó cualquier acto que ponga en riesgo la vida de los niños.“Reconocemos la valentía y oportuna reacción de la uniformada, quien salvó la vida de un bebé recién nacido que tristemente fue abandonado en una ciclorruta de Bogotá. Rechazamos todo acto que ponga en riesgo la vida de los niños”, señaló.La cabildante también hizo un llamado a las mujeres que atraviesan dificultades durante el embarazo o frente a la maternidad para que busquen ayuda. “Siempre habrá alternativas para proteger la vida de sus hijos”, afirmó.Por su parte, la concejal Rocío Dussán, del Polo Democrático, pidió a la Fiscalía investigar el caso y establecer responsabilidades. Además, solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) garantizar el restablecimiento de los derechos del bebé y su protección integral.“Su vida importa y merece toda la protección del Estado”, expresó Dussán en una publicación en su cuenta de X. Pero, al confirmarse que el hecho ocurrió en 2024, la concejala eliminó la publicación.