Por primera vez en la historia del país, Colombia contará con un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. La hoja de ruta busca orientar durante los próximos diez años la política pública en esta materia y, según el Gobierno, responde tanto a un compromiso derivado del Acuerdo de Paz de 2016 como a una recomendación formulada por Naciones Unidas desde 1993.
Según explicó, Lourdes Castro, consejera presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, aunque Colombia había recibido reiteradas recomendaciones internacionales para contar con esta herramienta, no la había adoptado debido a la necesidad de concertar su contenido con víctimas, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.
Castro indicó que la construcción del documento tomó más de dos años y medio y contó con acompañamiento de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Además, incluyó encuentros territoriales y mecanismos virtuales de participación que permitieron recibir cerca de 2.000 propuestas ciudadanas.
“Logramos finalmente tener 200 acciones en el marco de 6 componentes estratégicos que incorporan este plan nacional de acción en derechos humanos, que es un plan de estado con un horizonte temporal a 10 años, y que, pues, en los meses que que nos quedan, implementar a la mayor brevedad posible para que empiece a funcionar. Pero es una buena noticia para el país, es una buena noticia para los derechos humanos, es una buena noticia para la paz y la democracia”, señaló Castro.
La funcionaria destacó que uno de los principales ejes aborda la lucha contra la pobreza, la inequidad y la discriminación. “Este sigue siendo un problema estructural de derechos humanos. Tenemos que cerrar las brechas en materia de inequidad social y discriminación si realmente queremos lograr un goce efectivo de los derechos humanos”, explicó.
Otro de los componentes está relacionado con la tierra, el territorio y la crisis climática. Según Castro, el plan incorpora desafíos emergentes en materia de derechos humanos, entre ellos los efectos del cambio climático sobre las comunidades y los territorios.
La hoja de ruta también contempla acciones relacionadas con el respeto a la vida, las libertades y la participación democrática. En ese punto, la consejera destacó la importancia de “fortalecer esa participación democrática” y garantizar mecanismos que permitan el ejercicio efectivo de derechos y libertades.
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Asimismo, resaltó la inclusión de un componente enfocado en culturas, tecnologías y derechos humanos, con énfasis en los desafíos que plantea la transformación digital. “La inteligencia artificial plantea importantes desafíos en términos de garantías y derechos humanos”, advirtió.
La construcción de paz aparece igualmente como uno de los pilares centrales del plan. “No podemos hablar de una paz duradera sin goce y protección efectiva de los derechos humanos”, sostuvo la consejera, quien añadió que la paz y los derechos humanos mantienen un “vínculo indisoluble”.
Finalmente, el documento incorpora acciones relacionadas con justicia, institucionalidad y gobernanza, incluyendo esfuerzos para combatir la impunidad, fortalecer la respuesta estatal frente a las violaciones de derechos humanos y mejorar la articulación entre entidades.
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Castro destacó que las distintas acciones fueron diseñadas para dialogar entre sí bajo los principios de interdependencia e indivisibilidad que caracterizan a los derechos humanos.
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