La Comisión Accidental para la Supervisión de los Temas Fronterizos y Limítrofes entre Colombia y Venezuela anunció su primera acción: solicitar a la Cancillería un informe pormenorizado sobre el estado de las relaciones diplomáticas y consulares entre ambos países, así como de los tratados y acuerdos vigentes en materia de seguridad, defensa, cooperación económica y lucha contra el crimen transfronterizo.
La representante a la Cámara por Norte de Santander y coordinadora de la comisión, Diana Riveros, explicó que la solicitud busca establecer cuál es la posición del Gobierno colombiano frente a las relaciones con Venezuela, qué compromisos están vigentes y qué mecanismos existen para atender los problemas que afectan a las poblaciones de ambos lados de la frontera.
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“Los problemas de la frontera no podemos resolverlos solos. De nada sirven los esfuerzos de este lado si no tenemos una comunicación clara y colaborativa con Venezuela”, afirmó Riveros.
La iniciativa se presenta en medio de las preocupaciones por el orden público en Norte de Santander. Durante la presentación de la comisión, la representante se refirió al asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y mayor retirado de la Policía Nacional, y señaló que “se tiene información de que ese sicario huyó hacia la frontera venezolana”. También mencionó las explosiones registradas cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander y advirtió que los hechos de violencia afectan de manera recurrente a la región.
Riveros sostuvo que en la frontera hay presencia de grupos armados ilegales y actividades relacionadas con el narcotráfico y el contrabando. Por eso, la comisión buscará establecer qué acciones pueden coordinar Colombia y Venezuela para enfrentar estas problemáticas y fortalecer la seguridad en la zona.
Sin embargo, la agenda de la comisión no se limita al orden público. Sus integrantes también plantean la necesidad de fortalecer el comercio legal, generar oportunidades de empleo y garantizar servicios de salud, educación e infraestructura para las comunidades fronterizas.
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Por su parte, el representante a la Cámara por La Guajira y coordinador de la comisión, Jorge Figueroa, señaló que las normas destinadas a las regiones fronterizas deben traducirse en acciones concretas para sus habitantes.
“La frontera también es Colombia, y La Guajira la vive todos los días en su comercio, su empleo y sus comunidades wayuu. Por eso asumimos la coordinación de esta comisión: las leyes de frontera ya existen y ahora toca que se cumplan. Queremos que nuestros territorios fronterizos dejen de ser periferia y pasen a ser prioridad”, afirmó.
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La comisión, integrada por 15 representantes a la Cámara de diferentes partidos y regiones fronterizas, también realizará seguimiento a los recursos destinados a estos territorios, su ejecución y los resultados de las políticas públicas. Además, prevé convocar a ministros y entidades responsables para que expliquen las acciones adelantadas y promover iniciativas legislativas relacionadas con las necesidades de estas comunidades.
Con esta primera solicitud, la comisión busca conocer las herramientas diplomáticas e institucionales disponibles para avanzar en soluciones conjuntas con Venezuela. El propósito es que la cooperación entre ambos países contribuya a mejorar la seguridad, facilitar el comercio formal y garantizar una mayor presencia estatal en las regiones fronterizas, más allá de las diferencias políticas entre sus gobiernos.