Entre enero y mayo de 2026 se registraron más de 17,2 millones de pasos de ida y regreso en la frontera entre Colombia y Venezuela. Según Migración Colombia, Arauca concentró el 11,9 %, con más de 56.000 cruces diarios en cada dirección. En Rumichaca, en la frontera con Ecuador, se registran entre 5.000 y 8.000 movimientos diarios, de acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
En ese contexto, el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), en el marco del Día Nacional de los Derechos Humanos, presentó los monitoreos transfronterizos realizados entre 2025 y 2026. La organización advierte que el desafío más allá del número de personas que cruzan está en las condiciones en que se movilizan y en las posibilidades reales de acceder a protección, salud, educación, regularización, justicia e integración socioeconómica.
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Los hallazgos muestran por qué las redes comunitarias son relevantes. En la frontera de Arauca con Venezuela se identificaron siete perfiles con altos riesgos de protección, entre ellos pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, personas mayores sin redes de cuidado, mujeres y niñas víctimas de violencias basadas en género, víctimas del conflicto armado, menores de edad y personas en situación de calle. En la frontera entre Ecuador y Colombia, el análisis reconoce 12 grupos poblacionales poco visibilizados, con necesidades y riesgos particulares.
Ante ese panorama, las comunidades han puesto en marcha sus propias respuestas. En Nariño, Mujeres Unidas por la Chagra, del que hacen parte Oneida Castillo y Catalina Buesaquillo, usa la tierra y los saberes compartidos como punto de encuentro entre generaciones, con agricultura, memoria y cocina comunitaria. En Pasto, la Escuela de Gestores Sociales, nacida en el colegio Artemio Mendoza y acompañada por la profesora Margot Botina y Adrián Anacona, reúne a niños desde los 6 años, jóvenes y egresados, entre ellos migrantes, víctimas del conflicto y comunidad de acogida, para construir culturas de paz a través de la comunicación y de iniciativas ambientales y sociales.
En Tulcán, Ecuador, Rosa Peraza creó una red de mujeres migrantes para apoyo mutuo, trabajo y emprendimiento. “En Colombia he recibido mucho amor y acompañamiento. Estoy en la Red de Mujeres para devolverles a otras mujeres lo mismo que yo recibí, sin importar la nacionalidad. Todos somos parte de la solución y en los territorios ya se están dando respuestas a las situaciones humanitarias que vivimos a cada lado de la frontera”, dijo.
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En Arauca, Edy Patricia Granados usa la escritura para que otras mujeres narren sus historias; Zeneida Nava convoca a su comunidad en “Charlemos y tomemos café”, un espacio para encontrarse y acompañarse; y Marlin Rodríguez impulsa, desde el asentamiento 30 de Agosto, acciones para atender las necesidades de las familias. En Villa Pez, otro proceso promueve espacios para la niñez y fortalece la comunidad con mejoras de infraestructura y campañas de salud y prevención.
Para Ximena Vidal Rojas, directora nacional de JRS Colombia, el camino es conectar esas capacidades. “Una frontera no puede gestionarse únicamente desde el control de quién entra o sale. El siguiente paso debe ser conectar las capacidades de las instituciones, la cooperación y las organizaciones con los procesos que las comunidades ya desarrollan en sus territorios. No se trata de comenzar desde cero, sino de fortalecer respuestas existentes y construir juntos condiciones que permitan acceder a derechos y vivir con dignidad”, afirmó.