Previo al cierre del segundo ciclo de negociaciones entre el Gobierno colombiano y la guerrilla del ELN, en Ciudad de México, el presidente Gustavo Petro firmó una resolución en la que formaliza el carácter político de las conversaciones y en la que reitera que ese grupo es considerado como una “organización armada rebelde”.
“Reconocer que el Gobierno nacional, en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales, dado el reconocimiento político del Ejército de Liberación Nacional - ELN, como organización armada rebelde, se encuentra adelantando negociaciones y diálogos de carácter político”, señala el documento.
Adicionalmente aclara que esas conversaciones están “dirigidas a obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el respeto a los derechos humanos, el cese de hostilidades y el pacto de acuerdos de paz tendientes a facilitar el desarme y la desmovilización del Ejército de Liberación Nacional - ELN”.
Pero también se enfatiza en que esta resolución no modifica, altera, ni deja sin efectos las decisiones judiciales que se hubieren adoptado contra los miembros del ELN hasta la fecha.
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“No suspende los diferentes procesos judiciales que se adelantan contra ellos, ni las órdenes de captura vigentes. De igual manera, no impide que las autoridades judiciales correspondientes con posterioridad a esta declaración inicien y culminen las investigaciones judiciales a que haya lugar, y adopten las decisiones que resulten pertinentes en el marco de la ley”, señala.
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