El caso que estremeció a Ibagué en 2017 y que llevó a que la Fundación Peces Vivos fuera señalada como la denominada “casa del terror” vuelve a ocupar la atención judicial. Siete exempleados de la Fundación Peces Vivos fueron condenados a penas de hasta 17 años y 6 meses de prisión por hechos relacionados con torturas contra menores que permanecían internados en esta institución del barrio La Pola.
La historia salió a la luz después de que un exempleado denunciara ante la Fiscalía los presuntos abusos cometidos contra los niños. La investigación reveló que menores con discapacidad mental o condiciones psiquiátricas eran sometidos a prácticas de inmovilización que, de acuerdo con la Fiscalía, habrían dejado de tener una finalidad terapéutica para convertirse en mecanismos de castigo, intimidación y sometimiento.
El escándalo se conoció públicamente en octubre de 2017. El 23 de octubre, el CTI, con apoyo de la Policía Nacional, capturó a diez personas señaladas de estar involucradas en los maltratos. Entre los detenidos estaban la entonces directora, Johana Dignore Rodríguez Olaya; la coordinadora, Dignore Olaya Hernández; la psicóloga Jennifer Stefany Salcedo; las enfermeras Yenny Carolina Camelo Osorio y Paola Andrea Tique Vera; además de los formadores Paula Andrea Patiño Buitrago, Claudia Maritza Flórez Medina, Claudia Lorena Pedraza Henao, Ángel Duván Serna Molina y Edison Jaber Calderón Espitia.
Aquel día, mientras los capturados eran trasladados y posteriormente presentados ante la justicia, una vecina del barrio La Pola describió ante los medios la crudeza de lo que, según los relatos conocidos hasta ese momento, ocurría dentro de la fundación. “Dicen que entre varios empleados tomaban a un niño de pies y manos y lo trataban como si fuera un costal”, fue la frase que entregó la residente del sector cuando los señalados eran presentados en el Palacio de Justicia de Ibagué.
La investigación judicial estableció que las víctimas eran sometidas a diferentes formas de contención física y psicológica. Entre los hechos descritos estuvieron niños amarrados a camas, el uso de medicamentos tranquilizantes y otros mecanismos empleados como supuestas medidas de control. También se documentaron casos en los que los menores habrían sido sometidos a estas prácticas por situaciones como llorar, negarse a comer, discutir o incumplir instrucciones.
La justicia impuso penas de entre 15 y 17 años de prisión por hechos ocurridos en el centro de atención ubicado en el barrio La Pola, en la Fundación Peces Vivos. La investigación estableció que nueve menores fueron sometidos a prácticas de violencia física y psicológica que, según la Fiscalía, eran utilizadas como mecanismos de castigo e intimidación.
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Un juez especializado de conocimiento encontró responsables, de acuerdo con la participación individual establecida en el proceso, a la entonces directora de la institución, una psicóloga y cinco trabajadores vinculados a labores de enfermería y formación. Las penas oscilan entre 15 y 17 años de prisión, además de multas y restricciones para ejercer funciones públicas y determinadas actividades profesionales durante el periodo de la condena.
La sentencia se produjo después de que la Fiscalía presentara ante el despacho judicial elementos de prueba relacionados con hechos ocurridos entre el segundo semestre de 2016 y 2017.
Según la investigación, nueve menores de edad fueron víctimas de procedimientos de sometimiento físico y psicológico que habrían dejado de responder a una finalidad terapéutica para convertirse en mecanismos de castigo, intimidación y control.
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Entre las situaciones investigadas estuvieron las inmovilizaciones de los menores que, de acuerdo con las pruebas, eran utilizadas frente a comportamientos como llorar, negarse a comer, discutir, incumplir instrucciones o presentar conductas relacionadas con sus condiciones particulares.
La Fiscalía sostuvo que estas actuaciones no correspondían a verdaderas emergencias médicas o psiquiátricas que justificaran ese tipo de intervención.
Las penas impuestas
La mayor condena corresponde a Johanna Dignore Rodríguez Olaya, quien fue directora de la Fundación Peces Vivos. El juzgado le impuso 17 años y seis meses de prisión, además de una multa de 9.900 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tras declararla responsable como coautora del delito de tortura agravada y autora del delito de concierto para delinquir con el propósito de cometer actos de tortura.
La psicóloga Yenifer Stefany Salcedo Cartagena recibió una pena de 17 años de prisión y una multa equivalente a 17.100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por los delitos establecidos en la sentencia.
Entre los auxiliares y formadores condenados aparecen Edison Jaber Calderón Espitia, Paola Andrea Tique Vera —quien se encuentra a disposición de la autoridad penitenciaria competente para su traslado del sitio donde actualmente está en detención preventiva al establecimiento que determine el INPEC— y Claudia Maritza Flórez Medina —quien permanecerá en prisión domiciliaria en condición de madre cabeza de familia—, cada uno con una pena de 16 años y cuatro meses de prisión.
Claudia Lorena Pedraza Henao fue condenada a 16 años y tres meses, mientras que Paula Andrea Patiño Buitrago recibió una pena de 15 años y seis meses de prisión.
En el caso de Patiño Buitrago, la decisión contempla además una absolución parcial respecto de algunos de los hechos atribuidos a determinadas víctimas, al considerar el juzgado que no se acreditó su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable frente a esas conductas específicas.
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La decisión judicial establece que Johanna Dignore Rodríguez Olaya, Yeniffer Stefany Salcedo Cartagena, Edison Jaber Calderón Espitia, Claudia Lorena Pedraza Henao y Paula Andrea Patiño Buitrago permanecerán en libertad mientras la sentencia adquiere ejecutoria.
Una vez la decisión quede en firme, el despacho judicial ordenará la expedición de las respectivas órdenes de captura para que los condenados sean puestos a disposición del INPEC y cumplan la pena privativa de la libertad en el establecimiento penitenciario que determine esa entidad.
El expediente señala, además, que Claudia Maritza Flórez Medina cumplirá la pena bajo prisión domiciliaria, mientras que los demás deberán permanecer en establecimientos penitenciarios, según las condiciones establecidas en la decisión judicial. La sentencia corresponde a una primera instancia y puede ser objeto de los recursos previstos por la ley.
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La sentencia también contempla la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas y la prohibición de ejercer las respectivas profesiones durante el periodo de las condenas.
¿Cuál era el propósito de la Fundación Peces Vivos?
En su momento, Peces Vivos era presentada como una institución especializada en el departamento del Tolima para atender a menores con diferentes condiciones de salud mental y discapacidad psicosocial. Entre los niños atendidos había menores con diagnósticos y situaciones de alta vulnerabilidad.
Así era la llamada ‘Casa del Terror’
En 2017, los gritos de los menores y las denuncias de un exempleado permitieron conocer las condiciones en las que, según la investigación, permanecían algunos niños internados en la institución ubicada en el barrio La Pola.
La Fiscalía describió prácticas que incluían atar a los menores a las camas, arrojarles alimentos calientes a la cara y utilizar medicamentos tranquilizantes como mecanismo de control. Estas actuaciones habrían sido aplicadas frente a comportamientos como negarse a comer o desobedecer instrucciones.
El caso involucró a menores de entre 7 y 17 años, varios de ellos en condiciones de discapacidad o extrema vulnerabilidad. Según la información recopilada durante la investigación, las víctimas hacían parte de un grupo de menores que permanecía bajo el cuidado de la institución contratada para prestar atención especializada.
La investigación que comenzó con las capturas de octubre de 2017 terminó convirtiéndose en uno de los procesos judiciales más recordados de Ibagué por las denuncias de maltrato contra menores bajo protección institucional.
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Un caso que comenzó con denuncias en 2017
La investigación contra los trabajadores de la Fundación Peces Vivos se hizo pública en octubre de 2017, cuando el CTI, con apoyo de la Policía Nacional, capturó a diez personas señaladas de participar en los hechos denunciados.
El 23 de octubre del año 2017 fueron capturadas por el CTI, con el apoyo de la Policía Nacional, 10 personas señaladas de cometer toda clase de maltratos crueles e inhumanos contra menores de edad que se encontraban en una fundación para atención especializada de Ibagué. De este grupo, ocho ya han sido condenadas; una de ellas mediante preacuerdo. Una más fue absuelta y otra falleció.
Los involucrados en el momento de las capturas fueron la directora Johana Dignore Rodríguez Olaya; la coordinadora Dignore Olaya Hernández (madre de la directora, fue absuelta); la psicóloga Jennifer Stefania Salcedo; las enfermeras Yenny Carolina Camelo Osorio (Q. E. P. D., falleció en marzo de 2020 en la ciudad de Manizales) y Paola Andrea Tique Vera; y los formadores Paula Andrea Patiño Buitrago, Claudia Maritza Flores Medina, Claudia Lorena Pedraza Henao, Ángel Duván Serna Molina (condenado a 8 años y 39 días en 2018 mediante preacuerdo con la Fiscalía) y Edison Jaber Calderón Espitia.
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La institución, ubicada en el barrio La Pola de Ibagué y dedicada a la atención especializada de menores con discapacidad mental o condiciones psicosociales, quedó en el centro de una investigación que reveló presuntos episodios de maltrato y sometimiento.
Uno de los elementos que tomó fuerza durante la investigación fueron las denuncias sobre las llamadas contenciones físicas, procedimientos que, según la Fiscalía, debían contar con autorización médica especializada.
En el proceso se estableció que algunas de esas prácticas habrían sido realizadas sin la autorización correspondiente. Incluso se investigó la elaboración de órdenes con contenido falso para justificar determinadas inmovilizaciones.
Uno de los primeros resultados judiciales llegó en 2018, cuando Ángel Duván Serna Molina, quien trabajaba como formador en la institución, aceptó mediante un preacuerdo su responsabilidad por los hechos investigados. La justicia le impuso entonces una pena de ocho años, un mes y nueve días de prisión.
La Fiscalía señaló en ese momento que Serna Molina había participado en 129 procedimientos de contención considerados inhumanos dentro de la investigación.