El Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura de la senadora electa Aida Merlano al comprobar que incurrió en la violación de topes de campaña para comprar votos en su aspiración 2018-2022 al Congreso de la República.
Según la decisión del alto tribunal, la excongresista sobrepasó el tope máximo estipulado por el Consejo Nacional Electoral establecido por 884 millones de pesos.
"El Consejo de Estado estableció que la demandada gastó más de 1.730 millones de pesos,
Con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, el alto tribunal estableció que Merlano Rebolledo estaba al tanto de las irregularidades que se estaban presentando para la compra de votos y "tenía conocimiento de los movimientos financieros de su campaña para los comicios del 11 de marzo de 2018".
En la decisión de primera instancia, el Consejo de Estado también advirtió que no hubo información por parte de la gerencia de su campaña para conocer los movimientos financieros en su aspiración política.
"Se evidencian la intención de ocultar el flujo de gastos y denotan un claro propósito de quebrantar el ordenamiento legal para con ello, obtener un provecho con miras a garantizar su elección al Senado de la República, como en efecto ocurrió", indicó.
No obstante, la defensa de la actual excongresista podrá interponer el recurso de apelación para controvertir esta decisión del alto tribunal.
Según la decisión del alto tribunal, la excongresista sobrepasó el tope máximo estipulado por el Consejo Nacional Electoral establecido por 884 millones de pesos.
"El Consejo de Estado estableció que la demandada gastó más de 1.730 millones de pesos,
suma que supera de lejos el monto máximo permitido", señaló.
Vea también:Entró en la recta final pérdida de investidura contra Aida Merlano
Con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, el alto tribunal estableció que Merlano Rebolledo estaba al tanto de las irregularidades que se estaban presentando para la compra de votos y "tenía conocimiento de los movimientos financieros de su campaña para los comicios del 11 de marzo de 2018".
En la decisión de primera instancia, el Consejo de Estado también advirtió que no hubo información por parte de la gerencia de su campaña para conocer los movimientos financieros en su aspiración política.
"Se evidencian la intención de ocultar el flujo de gastos y denotan un claro propósito de quebrantar el ordenamiento legal para con ello, obtener un provecho con miras a garantizar su elección al Senado de la República, como en efecto ocurrió", indicó.
No obstante, la defensa de la actual excongresista podrá interponer el recurso de apelación para controvertir esta decisión del alto tribunal.
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