Consejo de Estado ordena a colegios frenar matoneo

El Consejo de Estado hizo un llamado para que las instituciones educativas tomen medidas que permitan prevenir, detectar, atender y hacer el respectivo seguimiento a las situaciones de violencia escolar. La Sección Primera, con ponencia de la magistrada María Claudia Rojas Lasso, señaló que quien debe detectar las situaciones anómalas de comportamiento son las instituciones educativas, más si se tiene en cuenta que los estudiantes pasan la mayor parte de su tiempo en el colegio. Por tanto, no basta con la adecuación de los manuales de convivencia y que estos se ajusten a las normas nacionales al respecto, sino que debe haber actuaciones positivas. El pronunciamiento se hizo dentro de un fallo de tutela interpuesto por una mujer en representación de su hijo menor de edad, que debió abandonar una institución educativa, alegando que sufrió maltrato por parte de sus compañeros e incluso de su propia profesora que lo molestaba diciéndole que era homosexual. En el caso específico, la Sala demostró que los procedimientos, estrategias y acciones a seguirse para el adecuado tratamiento de actos de violencia escolar mostraron ser inoperantes en dicho colegio, pues el joven debió soportar la quema de su uniforme, situación que fue conocida por la psicóloga, pero esta omitió informar de ese suceso al Comité de Convivencia Escolar, para que este a su turno activara el Protocolo de Atención Integral. Aunque en el presente caso se negó la tutela debido a que el accionante no aportó las pruebas del caso que demostraran el ciberacoso y que probaran el cyberbullying, en la decisión se reitera que el acoso escolar entre otras conductas se presenta con el hostigamiento, intimidación, maltrato, violencia, exclusión social y discriminación que sufre un niño en el entorno escolar por parte de uno o varios compañeros. De este modo, el acoso puede provenir la violencia física, verbal, simbólica y en particular emocional, que atenta contra la dignidad del menor de edad y ocurre de manera intencional, reiterada y continua. Por tanto, los menores de edad, tienen derecho a que se les proteja del acoso escolar, por constituir una forma expandida de afectación de la honra y dignidad, y una conducta que impacta negativamente en el desarrollo integral de la comunidad estudiantil.