El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la norma del Gobierno que prohibía establecer periodos de prueba en los contratos de aprendizaje, como los que se suscriben con los aprendices del Sena. La decisión permite que las empresas y los aprendices puedan volver a acordar por escrito este periodo, bajo las condiciones establecidas en la legislación laboral.
La disposición suspendida hacía parte del Decreto 223 de 2026, con el que el Gobierno reglamentó aspectos de los contratos de aprendizaje y estableció expresamente que esta modalidad de vinculación no tendría periodo de prueba, debido a su naturaleza especial y a su finalidad de formación teórica y práctica.
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Los demandantes cuestionaron que el gobierno hubiera establecido una prohibición que no estaba contemplada en la ley. Los demandantes solicitaron suspender provisionalmente los efectos de esa disposición por considerar que excedía las facultades reglamentarias del Gobierno.
Al estudiar la solicitud, el Consejo de Estado advirtió que la reforma laboral, mediante la Ley 2466 de 2025, definió el contrato de aprendizaje como un contrato laboral especial a término fijo y estableció que se rige por las normas del Código Sustantivo del Trabajo.
El tribunal señaló que el Gobierno no podía eliminar mediante un decreto una posibilidad que el Congreso no prohibió en la ley. Además, aclaró que la finalidad formativa de los contratos de aprendizaje no es una justificación para desconocer las disposiciones laborales que los rigen.
Precisamente, los artículos 76 al 80 de ese código permiten que empleadores y trabajadores acuerden por escrito un periodo de prueba, siempre que respeten las condiciones y los límites legales. Esto significa que la ley autoriza esa posibilidad, aunque no obliga a las partes a establecerla.
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Con la suspensión provisional, queda sin efectos temporalmente la norma que impedía pactar periodos de prueba en estos contratos. Sin embargo, esto no significa que todas las empresas deban establecerse ni que sean obligatorios para los aprendices, únicamente podrán acordarse por escrito si las partes así lo deciden y dentro de los límites legales.
El Consejo de Estado aclaró que esta decisión es una medida cautelar y no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del decreto. La suspensión se mantendrá mientras se resuelve la demanda y se determina si el Gobierno tenía facultades para establecer esa prohibición.