A tres meses del terremoto de magnitud 7,4 que ocurrió el 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, la Defensoría del Pueblo advirtió que persisten barreras para garantizar los derechos de las comunidades afectadas y avanzar en la recuperación de los territorios.
De acuerdo con el Registro Único de Damnificados, con corte al 3 de noviembre, 363.791 familias, equivalentes a 776.119 personas, resultaron afectadas por la emergencia. Además, 104.049 viviendas están inhabitables y 19.149 fueron destruidas. Otras 119.748 presentan daños.
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El balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con corte al 27 de octubre, también reporta 334 personas fallecidas, 4.516 heridas y 102 desaparecidas.
La emergencia dejó afectaciones en 406 centros de salud, 4.438 establecimientos educativos y 6.087 centros comunitarios, además de daños en vías, acueductos y puentes.
Uno de los principales problemas identificados por la Defensoría está en el Registro Único de Damnificados. La entidad advierte que no existe una ruta general para incluir nuevos registros, corregir inconsistencias o reportar daños que se hayan presentado después del cierre del registro. Esto puede dejar a familias por fuera de las ayudas, debido a que la inscripción es un requisito para acceder a los beneficios.
También hay dificultades para reclamar los apoyos económicos. En Risaralda se reportan más de 70.000 inconsistencias y, con corte al 7 de octubre, 3.098 familias de Pereira aún no habían cobrado el beneficio.
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En cuanto al subsidio de arrendamiento, fijado en $1.050.000 mensuales durante tres meses, la Defensoría considera que resulta insuficiente frente a los tiempos estimados de reconstrucción, que pueden extenderse entre 12 y 18 meses. Además, la escasez de viviendas disponibles ha llevado a algunas familias a regresar a lugares que no ofrecen condiciones adecuadas de seguridad.
A esto se le suma la identificación de la falta de protocolos para el cierre de 15 alojamientos temporales activos en Buenaventura, Quindío y Risaralda y de esta forma alternativas habitacionales dignas para quienes deben salir de ellos.
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Las dificultades también se mantienen en la prestación de servicios esenciales. Aunque se habilitaron sedes transitorias y se anunciaron planes de reconstrucción hospitalaria, las verificaciones de la Defensoría evidenciaron reducción en la capacidad de atención y demoras en consultas especializadas, medicamentos y autorizaciones.
En educación, la entidad señala que no todos los estudiantes han regresado a clases presenciales ni cuentan con instalaciones seguras. Un ejemplo de esto es en el Valle del Cauca, en donde con corte al 15 de octubre, 69.106 de los 121.175 estudiantes afectados continuaban en modalidades no presenciales.
Uno de los principales llamados de la Defensoría está relacionado con la financiación de la recuperación, señalan que el costo estimado del Plan de Acción Específico asciende a $58,29 billones, pero solo $8,21 billones corresponden a recursos inicialmente identificados. Esto deja una brecha de financiación de $50,08 billones.
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La entidad advierte que los recursos identificados incluyen anuncios de entidades públicas, cooperantes y empresas, pero no todos tienen claridad sobre su disponibilidad, apropiación o ejecución. Además, señala que incluir recursos en el plan no significa que ya estén asignados en el presupuesto.
La única fuente con monto y cronograma ciertos corresponde a una adición al Presupuesto General de la Nación por $624.656 millones, proveniente de un crédito contingente con el Banco Mundial.
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Ante este panorama, la Defensoría pide establecer mecanismos para actualizar el registro de damnificados, garantizar los subsidios de arrendamiento, asegurar alternativas habitacionales antes de cerrar los albergues y recuperar la infraestructura educativa y hospitalaria.
También insiste en que el proceso debe incluir recursos para restablecer las actividades económicas de campesinos, trabajadores informales y pequeños emprendimientos, así como medidas diferenciales para mujeres, niños, comunidades étnicas, personas mayores y población con discapacidad.