Contraloría halló más de 200 problemas de ejecución en proyectos de vivienda y educación

La Contraloría advierte que hay 287 alertas en el 2024 sobre algunos proyectos que se llevan a cabo en Colombia. De acuerdo con la investigación, las alertas se dividen así; infraestructura vial (19,81 %), vivienda (17,73 %), centros educativos (17,67 %) y el sector acueductos y alcantarillados (13,50%). Ante esto, las quejas y alertas más relevantes van de la mano con quejas por avance físico, suspensiones prolongadas que duplican el plazo de entrega del proyecto y diferencias entre los avances físicos y los contratos.En los proyectos de “Caminos Comunitarios” la contraloría asegura que hasta octubre del 2025 se han suscrito más de 2.000 convenios, de los cuales solo se han terminado 728 obras, 285 están en ejecución, 20 suspendidas con una inversión total de 524.778 millones de pesos. Por lo cual, las alertas más frecuentes son con base al avance físico no significativo, aumento en los plazos de ejecución y falencias en las interventoras.Por el lado del acueducto y alcantarillado, aseguran que existe una inversión de 10.9 billones, de las cuales el 64 % han tenido reformulaciones de los estudios por fallas. Sin embargo, dentro de estros proyectos se alerta que hay un incremento del 28 % en sobrecostos, aumento en la fecha de finalización entre 2 y 5 años y proyectos que están sin conclusión desde el 2018. La dirección de investigación de la Contraloría ha establecido que para estos proyectos, hay más de 2.9 billones de pesos en riesgo.En infraestructura, se alerta por el estado crítico de más de 200 puentes en el país que están bajo el control y prevención de Invías. Aseguran, que hay asignados 42 mil millones para intervenciones que solo alcanzan para la atención de 10 puentes en Antioquía, Valle del Cauca y Magdalena. Sin embargo, emiten un llamado de atención, ya que el 30 % de los puentes no tienen póliza de seguro. Así mismo, la Contraloría asegura que hay alertas sobre 173 puentes que necesitan atención inmediata.Concluye el informe con la alerta sobre el riesgo de 11 contratos concesionados para las iniciativas privada (IP) vigentes, puesto que no tienen desembolso de recursos públicos y recuperación que depende de peajes, obligando al estado a asumir costos y recursos adicionales.Entre tanto, la Contraloría afirma que es necesario el fortalecimiento de los lineamientos normativos y técnicos para lograr la precisión en la planeación y evaluación de los proyectos; asignar recursos adecuados exclusivamente para proyectos prioritarios y mejoramiento en la supervisión de proyectos y dineros entregados.