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Voceros de la mesa de diálogos de paz de las disidencias de las Farc Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, manifestaron, a través de una extensa carta, que el gobierno no está cumpliendo con los acuerdos pactados para la construcción de un proyecto de ley que permita la creación de un marco jurídico que garantice el transito a la vida civil de los comandantes y combatientes.
Dicen que es "muy compleja" la radicación de un proyecto de ley que busque soluciones judiciales sin que se haya aprobado en la mesa de diálogos de paz.
La respuesta de esta agrupación ilegal se da, luego de que el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, diera a conocer el borrador del proyecto de ley que busca que los jefes de organizaciones criminales, que se sometan, pagarían condenas máximas de hasta 8 años en colonias agrícolas.
Según los voceros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, a pesar de los "entrampamientos que han enfrentado como hombres y mujeres guerrilleras por el Estado", están comprometidos con la paz de los territorios.
"Eso es lo que nos tiene hoy sentados en esta mesa a dar discusiones profundas de restructuración. Vemos con buenos ojos el Estado avanzado del proceso y los acuerdos a los que hemos llegado y solicitamos avanzar en lo que ya se tiene firmado", afirmaron.
Dicen los integrantes de la coordinadora que, para ellos, “el modelo de justicia deberá contener, como mínimo, una solución colectiva, en el marco de la transaccionalidad, con alternatividad de la sanción penal de manera preferente, reconociendo el derecho de los pueblos a rebelarse y su condición territorial, multiétnica e intercultural, con garantías de permanencia en el territorio nacional ante los intereses de potencias injerencistas extranjeras”.
"Para nuestra delegación, el Gobierno no ha sido claro en la construcción de un acuerdo jurídico que beneficie a un colectivo de hombres y mujeres para resolver situaciones específicas por la justicia. Debe entender este Gobierno que aquí somos hijos del pueblo, campesinos, indígenas y afros, que nos alzamos en armas por que no encontramos una salida real y efectiva para poder superar las dificultades en nuestros territorios. Encontramos compleja la radicación de un proyecto de ley que busque soluciones judiciales, sin que previamente se haya agotado la discusión, llegando a consensos y disensos, sin que haya sido aprobado por el plenario de la mesa y adoptado como acuerdo de esta ruta que está pendiente de efectuarse”, afirmaron.
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Por estas razones, consideran que la radicación de cualquier proyecto de ley, en esta construcción colectiva, debe ser un acuerdo político de esta mesa.
"Como organización armada al margen de la ley, con quien se adelantan diálogos políticos nen los cuales se pactan acuerdos, seguiremos trabajando en la construcción de un modelo de justicia de la mano del Gobierno", finalizaron.
Esta es la carta enviada desde las selvas de Nariño al gobierno del presidente Gustavo Petro.
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