Durante dos jornadas de audiencia restaurativa, realizadas el 27 y 28 de agosto en Valledupar, Cesar, el coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”, reconoció su responsabilidad por 24 hechos ocurridos entre 2004 y 2005, en los que 38 personas fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate. De ellas, 13 fueron víctimas de desaparición forzada y nueve de tortura.
El excomandante reconoció los tres patrones macrocriminales identificados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), relacionados con la entrega de víctimas por parte de grupos paramilitares, la selección ilícita de personas mediante engaños y la ejecución de heridos y personas rendidas que no tenían estatus de combatientes.
“Reconozco que las conductas descritas anteriormente recayeron sobre personas que nunca debieron ser tratadas como enemigos y que su presentación como resultados operacionales agravó aún más el daño causado a ellas y no solamente a ellas, sino a sus familias, a sus pueblos y a sus comunidades”, declaró Figueroa ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El compareciente pidió perdón a las víctimas y reconoció que, como comandante, avaló ante medios locales versiones oficiales que presentaban a las víctimas como combatientes.
“Les pido perdón por las vidas arrebatadas, por las desapariciones, por la tortura, por la estigmatización y por todos los señalamientos que cayeron sobre personas y familiares que nunca debieron cargar con ellos”, afirmó.
Además, les pidió perdón a las víctimas por “haberlas obligado a defender lo más importante: el buen nombre de esos seres queridos frente a versiones oficiales que los presentaban como combatientes y que, como comandante del batallón, a través de los medios locales de comunicación, firmaba”.
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Ante el compareciente, las víctimas exigieron verdad y dignificación.
“En ningún informe aquí encuentro que hubiera una persona que por lo menos fuera hijo de un congresista o de una persona de cuello blanco. Todas las personas que se ejecutaron fueron personas humildes, fueron personas nobles, como mi hermano John Hader”, afirmó Rocío Escorcia, una de las víctimas acreditadas por la JEP dentro de este caso.
De acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación, el coronel (r) Juan Carlos Figueroa exigía “bajas” a sus subordinados en programas radiales diarios y existía un sistema de incentivos que incluía dinero, permisos, felicitaciones y viajes internacionales para premiar los reportes de combate.
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La tropa armaba, además, kits de armas y uniformes para simular enfrentamientos, mientras que varias víctimas fueron sepultadas como personas sin identificar en los cementerios de Codazzi y Valledupar.
Entre las víctimas se encuentran integrantes de los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, entre ellos Nohemí Pacheco Zabatá, una niña Wiwa de 13 años que fue asesinada y presentada falsamente como integrante de la guerrilla.
El magistrado Raúl Sánchez fijó el 22 de octubre como fecha para la lectura de la sentencia. Debido a que se trata de un reconocimiento tardío, corresponderá una sanción alternativa de entre cinco y ocho años de privación de la libertad, con componentes restaurativos.