La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ha activado un paquete de medidas especiales destinado a salvaguardar la conectividad y el bolsillo de las personas damnificadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Ante la emergencia, el ente regulador busca evitar que las dificultades contractuales o financieras se conviertan en una barrera para que los ciudadanos pierdan el acceso a servicios esenciales como Internet, telefonía y televisión.
Felipe Díaz, director de la CRC, explicó que el objetivo principal es garantizar la estabilidad de lo que hoy se denomina "identidad digital", vital para que los afectados puedan gestionar ayudas gubernamentales. “Nosotros tomamos, rápidamente, en virtud de las facultades que se activan cuando tenemos una emergencia, una decisión para garantizar la protección del usuario, evitar que un problema contractual o un problema financiero provoque que el usuario pierda la conectividad”, aseguró el funcionario.
¿Qué beneficios tienen los usuarios damnificados por el terremoto?
La medida central consiste en flexibilizar los contratos de servicios de telecomunicaciones. Según el director de la CRC, si un usuario ha perdido su vivienda o se ha visto forzado a desplazarse, las operadoras tienen prohibido imponer penalidades o cobrar cláusulas de permanencia mínima si en la nueva ubicación no existe cobertura.
Además, se ha ampliado de dos a seis meses el periodo permitido para la suspensión temporal de los servicios sin costo alguno. “Lo que estamos haciendo es extenderla a seis meses, pero estos seis meses que no tengan ningún costo si finalmente el usuario decide cancelar el servicio, que es un entendimiento importante de lo que significa la fuerza mayor”, precisó Díaz.
¿Cómo acceder a estas medidas y quiénes son los beneficiarios?
Para evitar trámites engorrosos, la CRC ha establecido que la aplicación de estos beneficios sea automática, basándose en la lista oficial de damnificados. El criterio para acceder a estas medidas es estar registrado en la base de datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
“Aplica para todos aquellos que estén registrados en la base de beneficiarios que ha establecido la Unidad de Gestión de Riesgos. Precisamente necesitamos un criterio objetivo y el criterio objetivo no puede ser imponerle la carga al usuario de probar que perdió o no la vivienda”, afirmó el director de la entidad.
¿Qué sucede si el operador intenta cobrar por equipos destruidos?
Uno de los puntos críticos abordados por la Comisión es el cobro de equipos (módems, decodificadores, routers) que resultaron destruidos por el sismo o que quedaron atrapados en viviendas con fallas estructurales. La normativa es clara: las empresas de telecomunicaciones no pueden trasladar ese costo al usuario.
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“Si los equipos, los módem, los decodificadores u otro tipo de equipos se destruyeron por efecto o no solo se destruyeron, sino no pueden retirarlos de la vivienda, la empresa no puede cobrarle a los usuarios por esos equipos”, enfatizó Díaz.
¿Qué medidas se tomaron frente a las líneas prepago y servicios postales?
Reconociendo que muchas personas dependen de su número de teléfono móvil para recibir subsidios estatales, la CRC extendió de dos a seis meses el plazo para que las líneas en modalidad prepago se inactiven por falta de recargas o uso. Con esta medida se protege la identidad digital del damnificado, permitiéndole mantener su línea activa durante el proceso de recuperación de su hogar.
En cuanto al sector postal, el regulador ha exigido flexibilidad a las empresas de transporte de paquetes. Esto incluye ampliar los intentos de entrega para envíos que hayan podido quedar retenidos por la emergencia y extender los plazos para reclamar indemnizaciones en caso de pérdida de paquetes derivados de la operación logística durante el desastre.
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¿Qué hacer si una empresa de telefonía incumple las medidas?
Aunque la medida es de carácter obligatorio y fue diseñada para evitar objeciones por parte de los operadores, el director de la CRC hizo un llamado a los ciudadanos para que no duden en denunciar si encuentran barreras injustificadas.
“Si llega el usuario a tener una objeción en particular, es importante que denuncie y ponga en conocimiento, no solamente ante nosotros como Comisión de Regulación de Comunicaciones, sino ante la Superintendencia de Industria y Comercio, porque esto constituye una infracción al régimen de protección de usuarios”, advirtió.