La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció sobre los efectos de algunas decisiones adoptadas en el marco de la política de paz total y advirtió sobre posibles riesgos para la población civil.
La funcionaria aseguró que la entidad respeta la competencia que tiene el presidente de la República para conducir el orden público y tomar este tipo de determinaciones como coordinador de esta política. Sin embargo, hizo un llamado a evaluar si las herramientas implementadas en los procesos de negociación podrían estar generando lo que calificó como un “incentivo perverso”.
Según explicó, aunque existen compromisos dentro de las mesas de conversación, estos no se reflejan de manera clara en la realidad en los territorios. Por el contrario, señaló que en regiones como el Catatumbo continúan registrándose hechos de violencia, incluidos ataques con drones y combates, en los que estarían involucradas disidencias de las FARC.
“Esa suspensión no ha generado, digamos, primero, no hay unos avances muy concretos en la mesa de conversaciones; hay una serie de compromisos muy positivos, pero que realmente no se pueden contrastar con la realidad. Al contrario, hoy estamos viendo, por ejemplo, en el Catatumbo otra vez ataques con drones y combates en Silo Gringo, en El Tarra, donde participa el Frente 33, que hace parte de las disidencias de Kalarqá y donde los comandantes tienen suspendidas las órdenes de captura. Entonces, ahí también hay que ponderar, digamos, la necesidad de suspender las órdenes de captura para adelantar las negociaciones, como lo han hecho todos los gobiernos, con la necesidad de proteger la población civil”, señaló la defensora en Noticias Caracol en vivo.
En ese sentido, advirtió que la suspensión de órdenes de captura contra algunos integrantes de estos grupos, aunque ha sido una herramienta utilizada por distintos gobiernos para avanzar en negociaciones, debe ser ponderada frente a la necesidad de proteger a la población civil.
“Aquí lo que estamos viendo es que esas órdenes de captura suspendidas pueden estar permitiendo y siendo usadas por esos grupos para mantener los crímenes en contra de la población civil. Y ahí la decisión es del Gobierno, por supuesto; también la Fiscalía y la justicia, más bien los jueces, tienen un rol ahí bien importante. Pero, digamos, la conducción del orden público y las políticas de paz están en cabeza del presidente, y él tiene esa facultad, pero es una facultad que no es arbitraria y que la tiene que ponderar si está viendo que está generando más daños que avances para la gente”, agregó.
Finalmente, Marín insistió en que el presidente también tiene la obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos, incluidos niños, niñas y comunidades que se han visto afectadas recientemente por las acciones de estos grupos armados en distintas regiones del país, como Caquetá y Norte de Santander.
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.