La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el aumento del riesgo de vulneraciones a los derechos humanos en los municipios de Rovira, San Antonio y Roncesvalles, en el centro y sur del Tolima, por la consolidación y expansión de tres estructuras disidentes de las Farc que buscan controlar corredores rurales estratégicos de la cordillera Central.
A través de la Alerta Temprana 029 de 2026, la entidad identificó la presencia y expansión del frente Joaquín González, asociado al grupo de alias ‘Calarcá Córdoba’; el frente Gerónimo Galeano, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, y el frente 57 Yair Bermúdez, una estructura independiente que avanza desde el Valle del Cauca.
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Según la Defensoría, estos grupos estarían implementando mecanismos de control sobre la población, entre ellos la carnetización de habitantes, reuniones obligatorias, extorsiones a comerciantes y caficultores, presiones a líderes comunitarios e instalación de artefactos explosivos improvisados.
La alerta advierte que las comunidades campesinas, el pueblo indígena Pijao, los firmantes del Acuerdo de Paz y los liderazgos sociales están entre las poblaciones más expuestas. También señala un riesgo elevado de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes para labores de vigilancia, mensajería y transporte, así como de desescolarización y desplazamiento de familias.
En el caso de Roncesvalles, la Defensoría advierte sobre la posible reactivación de redes de apoyo armado en sectores como Santa Helena, Yerbabuena y Tolda Vieja, con riesgos para las personas en proceso de reincorporación y sus proyectos productivos.
La entidad también alertó que una eventual confrontación entre estas estructuras o el desarrollo de operaciones militares podría derivar en combates cerca de zonas pobladas, homicidios selectivos, desplazamientos y confinamientos.
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Frente a este escenario, la Defensoría formuló 19 recomendaciones a entidades nacionales, departamentales y municipales. Entre ellas, pidió fortalecer las medidas de prevención y protección, atender a las comunidades en riesgo, prevenir el reclutamiento de menores, garantizar el acceso a la justicia y proteger a los liderazgos comunitarios.