La Defensoría del Pueblo le solicitó al Tribunal Administrativo de Santander decretar medidas cautelares urgentes para garantizar la protección ambiental del páramo de Santurbán y evitar que algunas zonas del ecosistema queden desprotegidas antes de que se definan las medidas definitivas de conservación.
La petición fue presentada como parte de una intervención en la acción popular que lleva este tribunal sobre la protección de Santurbán. La Defensoría del Pueblo busca que el Ministerio de Ambiente adopte decisiones preventivas, especialmente ante la reducción del tiempo de vigencia de la reserva temporal, que ahora tiene como fecha límite el 4 de marzo de 2027.
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La preocupación está relacionada con la revocatoria de la resolución 0970 de 2026, que había ampliado la protección de la reserva hasta marzo de 2029 e incluido 75.432 hectáreas. Tras esa decisión del Ministerio de Ambiente, se adelantó el vencimiento de la medida y algunas áreas quedaron por fuera de la figura de protección.
Al respecto, la Defensoría advirtió que la decisión no obedeció a nuevos hallazgos científicos que desvirtuaran la necesidad de conservar el territorio.
"El propio Ministerio señaló que la revocatoria respondió a una irregularidad procedimental y no a cambios en los fundamentos técnicos, científicos o ambientales que justificaron la ampliación de la reserva", indicó la entidad.
Otro de los aspectos que preocupa es que los estudios necesarios para definir la protección definitiva todavía están pendientes. Según la información entregada por el Ministerio al Tribunal, estos trabajos requieren dos fases de un año cada una y, para septiembre de 2026, aún no habían sido contratados.
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La Defensoría también llamó la atención sobre los resultados de un estudio del Servicio Geológico Colombiano, que identificó similitudes en la composición química del agua de las zonas altas de Santurbán y la encontrada en aguas subterráneas asociadas a algunas labores mineras.
"Si bien estos resultados no permiten establecer cómo fluye el agua subterránea ni determinar el grado de afectación de fuentes hídricas específicas, esta incertidumbre científica justifica la aplicación del principio de precaución", señaló la entidad.
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Entre las medidas solicitadas al Tribunal está ordenar al Ministerio de Ambiente que, en un plazo máximo de 60 días, evalúe si los instrumentos de protección vigentes son suficientes, con especial atención a los sectores que quedaron por fuera de la reserva. También pide que no se permita el vencimiento de la medida temporal sin una decisión definitiva que garantice la continuidad de la protección ambiental.
Adicionalmente, solicita un informe sobre el avance de los estudios técnicos, un cronograma con las actuaciones pendientes y garantías de participación efectiva de las comunidades en las decisiones sobre el futuro del páramo.