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Denuncian que Policía “no actuó a tiempo” en golpiza a mujeres del edificio La Ría

La administración del inmueble rechazó el comparendo impuesto por la Alcaldía y desmiente señalamientos sobre venta de droga en los pasillos.

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La administradora del edificio La Ría, Gelnny Barranco Vargas, donde se presentó la agresión a la doctora Dalila Peñaranda y su empleada doméstica Carmen Pérez, emitió este miércoles un comunicado en el que critica a las autoridades, en especial a la Policía.

Según Barranco Vargas, la queja es por omitir "su función de prestar apoyo y corregir situaciones expuestas de manera oportuna por parte de la administración del edificio".

Según la administradora, "el caso de la agresión a estas dos indefensas mujeres pudo haberse evitado si la Policía hubiese actuado a tiempo, ante los previos requerimientos instados por la administración del edificio".

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En otro de los apartes de su comunicado, la administradora solicita al comandante de la Policía, general Ricardo Alarcón "que se retracte de lo afirmado en medios masivos de comunicación, al señalar que en este caso hay en la copropiedad supuesta venta de sustancias alucinógenas”.

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“Por cuanto una declaración de ese tipo viniendo de un alto oficial pone en riesgo el buen nombre y la seguridad del edificio", sostuvo.

La mujer agregó además que “el video en el que se observa el supuesto consumo de sustancias prohibidas debe ser analizado en su contexto, porque el hecho de que unos residentes o visitantes hayan presuntamente cometido ese tipo de infracción

no puede ser motivo para estigmatizar al edificio en general".

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Para la administración del edificio La Ría, ubicado en el barrio Villa Santos, norte de Barranquilla, "resulta absurdo” entender la posición de la Policía Nacional y del secretario de Gobierno distrital.

“Esto se da por la supuesta violación a normas sanitarias. No puede la administración pasar de víctima a victimario por una omisión en la tarea de amparo que debe cumplir la Policía, tampoco puede esta institución eludir y trasladar su competencia y responsabilidad al órgano de administración de la copropiedad, el cual carece de funciones policivas", indicó

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