A diez años de la firma del Acuerdo de Paz, su implementación y los resultados en los territorios fueron el centro de un debate de control político en las comisiones de Paz y Posconflicto. Durante la discusión de este miércoles 11 de noviembre se escucharon cuestionamientos sobre la inversión en las regiones más afectadas por el conflicto, las garantías para los firmantes y el impacto de lo pactado con las antiguas FARC.
La intervención por parte del gobierno fue hecha por la alta comisionada de Paz, Viviane Morales, quien planteó lo que denominó la “paradoja de los PDET”. Según explicó, aunque la pobreza ha disminuido a un ritmo mayor en estos territorios que en otras regiones del país, ese avance no se ha traducido en mejores condiciones de seguridad ni en una garantía efectiva de los derechos de las comunidades.
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Morales señaló que, de los cuatro criterios que justificaron la intervención estatal en los territorios PDET, que son la reducción de la pobreza, la afectación por el conflicto, la debilidad institucional y la presencia de cultivos ilícitos y otras economías ilegales, el único que muestra resultados es el primero, pese a una inversión de 170 billones de pesos.
La funcionaria advirtió que tras diez años de la firma del acuerdo, todavía persisten la violencia, la expansión de los cultivos ilícitos y la presencia de organizaciones armadas, que someten a las comunidades a situaciones de confinamiento, desplazamiento y reclutamiento de menores.
“Si estamos para cumplir lo que nos corresponde constitucionalmente cumplir. ¿Pero qué implica el principio de progresividad? El principio de progresividad significa avanzar en el cumplimiento y el de no regresividad, no retroceder en los avances. ¿Me pregunto en dónde estamos en el acuerdo? Como usted podrá ver, de las muchas respuestas que dieron las instituciones, hay mucha incongruencia e incoherencia en los indicadores del cumplimiento del acuerdo”, dijo la comisionada.
Frente a esto, el representante Daniel Monroy, del Pacto Histórico, cuestionó la política del Gobierno de Abelardo De La Espriella frente a la implementación del Acuerdo. Aseguró que no existe una hoja de ruta clara y alertó sobre el impacto de los recortes presupuestales en los procesos de reincorporación.
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“Se han generado resultados exitosos en materia de sustitución de cultivos y eso tampoco está acá. Yo sí quisiera que por parte del Gobierno nacional le dijeran al país cuál va a ser la hoja de ruta y cómo recortando el presupuesto del proceso de paz le van a cumplir a los firmantes, a las víctimas y a la sociedad en general”, señaló.
Monroy aseguró que hay un bloqueo de 53.000 millones de pesos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, destinados a proyectos productivos de quienes dejaron las armas. También advirtió que estas decisiones pueden afectar a cerca de 11.000 firmantes que, según indicó, continúan comprometidos con el proceso.
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El congresista criticó, además, la posibilidad de recurrir a las fumigaciones para enfrentar los cultivos ilícitos, en lugar de fortalecer los programas de sustitución.
En una posición contraria, se encuentra el representante Enrique Gómez de Salvación Nacional, quien calificó de “farsa” el debate sobre el cumplimiento del Acuerdo de Paz y sostuvo que las antiguas FARC sí habrían conseguido varios de sus objetivos con lo pactado en La Habana.
“Es una farsa. Porque los objetivos de la paz de La Habana, de los acuerdos, claro que se han cumplido. Si las FARC quería expandir la frontera de la coca, lo ha logrado con 320 mil hectáreas. Si las Farc quería impunidad para sus crímenes de guerra horrendos, claro que la ha tenido a través de la JEP. Si las Farc quería con los Espacios Territoriales de Capacitación y Reconciliación crear corredores para alimentar enclaves cocaleros, claro que lo ha logrado”, dijo.
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Gómez cuestionó los resultados de la JEP, el crecimiento de los cultivos de coca y la expansión de los grupos armados. También aseguró que estas estructuras tienen presencia en 480 municipios y que, desde 2016, se han registrado 2,7 millones de nuevas víctimas en el país.
Debido a la falta de tiempo para el desarrollo del debate, la sesión se levantó y fue citada nuevamente para el próximo 25 de noviembre, en donde se esperan las intervenciones de los otros representantes del gobierno citados al encuentro.