La Corte Constitucional declaró exequible el estado de emergencia económica, social y ecológica que decretó el Gobierno de Abelardo De La Espriella tras el terremoto del 10 de agosto. Sin embargo, condicionó su aplicación y estableció restricciones sobre los territorios que podrán recibir las medidas extraordinarias, el uso de los recursos y las acciones que podrá ejecutar el Ejecutivo durante el estado de excepción.
La decisión fue adoptada por la Sala Plena con una votación de siete votos contra uno, dentro del estudio del Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026 y su modificación mediante el Decreto 1348 del 31 de agosto. El magistrado Juan Carlos Cortés González fue el ponente de la decisión.
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Uno de los principales condicionamientos tiene que ver con el alcance territorial de la emergencia. La Corte determinó que esta solamente podrá cobijar a los municipios que, según el Reporte Situacional 054 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, registraron afectaciones por el terremoto y su secuencia de réplicas.
También podrán incluirse otros municipios de los departamentos contemplados en el decreto, siempre que se demuestren afectaciones concretas relacionadas con el sismo y exista soporte técnico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
La Corte también estableció que la emergencia no podrá utilizarse para adoptar medidas estructurales ni para atender problemas que existían antes del terremoto, particularmente los relacionados con el sistema penitenciario y carcelario.
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En cuanto a las acciones de reconstrucción, señaló que estas no podrán financiarse mediante las facultades extraordinarias, a menos que el Gobierno demuestre que los mecanismos ordinarios son insuficientes y que las intervenciones están directamente relacionadas con la fase de rehabilitación. Además, deberán buscar el restablecimiento de las condiciones de vida, la infraestructura, los servicios y las actividades socioeconómicas afectadas, sin reproducir situaciones de riesgo.
Otro de los puntos centrales del fallo establece que los recursos extraordinarios no podrán destinarse a gastos que no estén directamente relacionados con la emergencia ni utilizarse para financiar el déficit fiscal.
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En ese sentido, la Corte ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público recalcular, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la publicación del comunicado de la providencia, el costo de la emergencia y las adiciones presupuestales necesarias para financiarla.
Asimismo, las entidades que ordenen gastos deberán justificar mediante actos administrativos por qué no pueden acudir a mecanismos ordinarios de financiación. También tendrán que establecerse mecanismos de seguimiento para garantizar que los recursos se destinen directamente a atender la emergencia y que los organismos de control puedan conocer permanentemente los compromisos adquiridos.
La Sala Plena también exhortó al presidente de la República, como conductor del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, para que adopte y ejecute el plan de acción específico para la recuperación, con una planeación plurianual de los recursos y la continuidad del régimen especial durante las labores de rehabilitación y reconstrucción.