Ejecución del mexicano Édgar Tamayo pone a Estados Unidos en el ojo del huracán

de Texas, informaron fuentes de la Autoridad Penitenciaria. Tamayo, condenado por la muerte de un policía en 1994, fue declarado muerto a las 21H32 hora local (03H32 GMT), informó a la AFP un vocero del sistema penitenciario en Huntsville, en Texas, donde se practicó la ejecución. Casi simultáneamente, el gobierno mexicano emitió una nota oficial lamentando en enérgicos términos la ejecución de su connacional. De acuerdo con la nota del gobierno mexicano, la ejecución de Tamayo "viola la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y contraviene el fallo de la Corte Internacional de Justicia dictado en el Caso Avena (2004)". "El Gobierno de México hace un llamado para que se tomen acciones efectivas y evite que se ejecuten otras condenas en desacato del fallo Avena que dañen el régimen de asistencia y protección consular acordado entre los países", apuntó la nota distribuida por la cancillería. El caso de Tamayo provocó una verdadera lluvia de llamados e intervenciones diplomáticas y judiciales para tratar de suspender la ejecución. Los abogados alegan que al momento de su detención luego de asesinar al policía Guy Gaddis en Dallas, Texas, Tamayo casi no hablaba inglés y no fue autorizado a comunicarse con el consulado mexicano. El caso de Tamayo era uno de los 51 que la Corte Internacional de Justicia, en un fallo conocido como "caso Avena, pidió a Estados Unidos que someta a revisión, ante evidencias de que sus derechos consulares fueron violados de acuerdo a los principios de la Convención de Viena. La Convención de 1963, ratificada por 175 países incluido Estados Unidos, prevé que todo extranjero debe recibir asistencia de sus representantes consulares tras ser informado de sus derechos. En el estado de Morelos (centro de México), de donde es originario Tamayo, sus familiares y vecinos formaron una cadena de oración durante la tarde del miércoles, que fue rota entre llantos cuando fue notificada su ejecución. Los grupos habían iniciado sus oraciones en la tarde en espera de un aplazamiento de la sentencia. Una media hora antes de la ejecución, la Suprema Corte de Estados Unidos había negado tres recursos de apelación presentados a última hora por los abogados de Tamayo, y con ello se cerraron todas las posibilidades de que el caso fuera revisado. Poco antes de la ejecución de Tamayo, sus abogados defensores expresaron que era "vergonzoso y trágico que el señor Tamayo pague el precio por el fracaso del Congreso en aprobar una legislación que implemente las decisiones del Caso Avena, de la Corte Internacional de Justicia". Otros dos mexicanos cuyos casos habían sido contemplados por la Corte Internacional ya fueron ejecutados en prisiones estadounidenses. Tamayo es el tercero de la lista de condenados contemplados en el "Caso Avena" en ser sometido a la pena de muerte, y un cuarto, Ramiro Hernández, deberá ser ejecutado en Texas el 9 de abril. A fines de 2013, al fijarse la fecha para ejecución de la sentencia de muerte, el Secretario de Estado, John Kerry, había escrito una carta personal al gobernador de Texas, Rick Perry, para pedir la revisión del caso de Tamayo. En la carta, Kerry explicaba que Estados Unidos tenía el compromiso de respetar los acuerdos internacionales de que era signatario, como el de la Convención de Viena, y añadió que la ejecución podría afectar la seguridad de ciudadanos estadounidenses en el exterior. Kerry inclusive envió a Perry copia de una carta del embajador mexicano, quien había alertado que la ejecución de la sentencia podría tener consecuencias para las relaciones bilaterales. En total 96 latinoamericanos aguardan en los corredores de la muerte en cárceles estadounidenses, más de la mitad de ellos (58 personas) de nacionalidad mexicana. La lista incluye nueve cubanos, 10 salvadoreños, cinco colombianos y cinco hondureños, así como detenidos de Perú, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y Argentina. Desde la reinstalación de la pena capital en Estados Unidos, 17 ciudadanos latinoamericanos fueron ejecutados, en su mayoría mexicanos, de acuerdo con la ONG Death Penalty Information Center. Con AFP.