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Reforma laboral: controversia por nuevo artículo que amplía vacaciones de guardas

En Colombia hay más de 400.000 trabajadores de la seguridad privada que se verían muy bien beneficiados con esta reforma. Sin embargo, empresas de seguridad aseguran que no hay sustento.

El artículo de la reforma laboral que favorece a celadores, pero que piden retirar
Foto: Alcaldía de Bogotá.

El Senado aprobó el pasado 18 de junio en primer debate un nuevo artículo en el proyecto de reforma laboral que ha generado controversia.

Este artículo amplía en tres días las vacaciones remuneradas del personal operativo del sector de seguridad privada por cada año laborado, lo que ha preocupado a los empresarios del sector.

La principal preocupación radica en que el sector de seguridad privada es el único al que se le ha añadido este periodo sin ningún estudio técnico que lo respalde, lo cual podría tener un impacto significativo en la economía y sostenibilidad de las compañías de vigilancia.

“Preocupa porque esta iniciativa, que se incluye en el Proyecto de Reforma Laboral, afectaría directamente a la ciudadanía debido al incremento en costos de prestación del servicio y de igual manera la estabilidad del personal operativo”, afirmó Cesar Rodríguez, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada.

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Rodríguez advirtió que este nuevo artículo podría generar prácticas indeseadas en el sector, afectando las buenas prácticas promovidas por el gremio.

Además, aseguran que la inclusión de este artículo plantea un vacío jurídico, ya que no está contemplado dentro del Código Sustantivo del Trabajo ni en el Decreto 1561 de 2022, que establece las tarifas mínimas en los servicios de vigilancia y seguridad privada. Esto, según Rodríguez, podría llevar a complicaciones legales y operativas para las empresas del sector.

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Desde el Consejo Nacional de Seguridad Privada hacen un llamado al Congreso para que el artículo sea retirado de la reforma laboral.

Una de las preocupaciones es que el incremento en los costos del servicio podría llevar a los usuarios a buscar alternativas más baratas y, potencialmente, ilegales, que no cuentan con licencia de funcionamiento, argumenta el sector.

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