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En las instalaciones de la Asamblea del Atlántico se llevó a cabo una sesión descentralizada de la Comisión IV del Senado, que citó a debate de control político a la ministra de Transporte, María Constanza García, a Invías y a la ANI, para abordar el polémico cobro de valorización que se aplicará a los predios aledaños al corredor Cartagena - Barranquilla.
Este viernes se adelantó, en la Asamblea del Atlántico, una sesión descentralizada de la Comisión IV del Senado para debatir sobre el futuro del polémico cobro de valorización que se aplicará a los predios ubicados en inmediaciones a la vía Cartagena - Barranquilla y allí estuvo citada la ministra de Transporte, María Constanza García, así como Invías y la ANI.
Allí la jefe de cartera confirmó que iniciaron con todo el plan judicial para responder a las demandas que han interpuesto congresistas, gremios y diferentes sectores contra de este cobro que, según ella, es necesario para recaudar más de $1 billón.
Ante esto, el senador liberal Mauricio Gómez, presente en la sesión, cuestionó que la funcionaria y el Gobierno en general siguen sin escuchar los reclamos de esos sectores del Atlántico y Bolívar en contra del cobro que han catalogado como injusto.
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Y es que además de los congresistas, consejos intergremiales, Andi y Camacol se han sumado a las voces de preocupación y, en esa medida, el congresista consultó a García qué se haría con el recurso pues varios informes muestran que aún hay recursos guardados sin ejecutar.
“Yo le pregunto a Petro y a su gobierno, ¿pero para qué quieren esos recursos si no saben ejecutar? ¿Por qué no cogen la platica que tienen guardada en la Fiducia, que son $97 billones y ejecutan obras?. Muestren resultados, no más discursos.. (...) Este gobierno de Petro se graduó y tiene máster y PhD en no saber ejecutar”, agregó Gómez recordando que en la región Caribe no se ha iniciado ningún gran proyecto de infraestructura por parte del Gobierno actual.
El congresista le pidió además a la ministra no ser “terca” con los diferentes llamados sobre este impuesto y otros temas; a los demás líderes políticos de la región, a unirse para garantizar que los recursos del Caribe no se recorten más y a la Consejo de Estado y la Corte Constitucional revisar en detalle las demandas.
“Estamos en manos de ellos. Esto al final se va a decidir jurídicamente, porque no hay voluntad política de este Gobierno. Tenemos 50 mil veladoras prendidas para que les iluminen la cabeza a los magistrados”, finalizó el senador.
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Sin embargo, la ministra de Transporte insistió en que "este no es un impuesto, sino una contribución" que solo se exigirá a quienes tengan capacidad de pago y por ello, de los 248.000 predios identificados como sujetos de valorización, 100.000 quedarán exentos.
La ministra manifestó que los recursos servirían para atender necesidades en materia de infraestructura que hoy tiene este territorio, "como el puente de la hermandad, proyectos de la vías secundarias y la imperiosa deconstrucción del viejo puente pumarejo".
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