El Tribunal Superior de Bogotá le ordenó al candidato a la Presidencia Abelardo De La Espriella retirar toda la propaganda política de su campaña en la que se usen símbolos patrios como la bandera de Colombia, el escudo nacional e imágenes alusivas a instituciones militares y policiales.
La decisión de la Sala Segunda, encabezada por el magistrado Rafael Albeiro Chavarro, es una respuesta a una acción de tutela (recurso de amparo) presentada por el ciudadano Dylan Lizarazo Ramos contra el candidato ultraderechista y el movimiento Defensores de la Patria.
El candidato presidencial colombiano de ultraderecha Abelardo De La Espriella y sus seguidores desafiaron este martes una orden judicial que les prohibió el uso de símbolos patrios y expresiones alusivas a instituciones militares y llenaron con banderas la plaza de la Aduana, en Cartagena de Indias, en un multitudinario mitin de campaña.
Miles de simpatizantes del candidato del movimiento Defensores de la Patria llegaron al lugar con la bandera tricolor de Colombia, pese a que esta tarde el Tribunal Superior de Bogotá les prohibió su uso en actos políticos, y lo hicieron vestidos además con la camiseta amarilla de la selección de fútbol, que también les fue vedada en la campaña para la segunda vuelta del próximo 21 de junio.
En diálogo con Mañanas Blu, Enrique Gómez, jefe de debate en la campaña de Aberlardo De La Espriella, calificó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá sobre la campaña de Abelardo ilegal. Según Gómez, esta decisión representa una interferencia indebida en el proceso democrático a pocos días de la segunda vuelta electoral.
Adicional, señaló que le preocupa la injerencia de la justicia en la campaña de De La Espriella: “Es un saboteo”.
Interferencia en la autonomía electoral
Para el jefe de debate, el tribunal está desconociendo la autoridad del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que, según afirma, ya ha validado los símbolos de la campaña en dos ocasiones.
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Gómez señaló que la decisión judicial es sorpresiva y carece de sustento legal adecuado, calificándola directamente como una agresión al proceso: “lo que no podemos terminar validando es un saboteo del proceso electoral por parte de una autoridad jurisdiccional”.
Gómez argumentó que los colores utilizados en la publicidad de "Defensores de la Patria" no corresponden técnicamente a los símbolos patrios oficiales, ya que son “diferentes números del pantone de colores” y no los seleccionados específicamente por la norma vigente para la bandera nacional.
Bajo esta premisa, sostuvo que “la decisión es arbitraria, preocupa la injerencia del poder judicial violando la competencia de la organización electoral”.
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Acciones legales contra el fallo
La campaña de De La Espriella no pretende acatar la orden sin dar una batalla jurídica. Gómez anunció que interpondrán recursos de reposición y posibles acciones de tutela ante el Consejo de Estado.
Además, adelantó que iniciará procesos disciplinarios contra los magistrados responsables: “Yo personalmente voy a iniciar una acción administrativa ante el Consejo Superior de la Judicatura... para que revisemos la conducta de estos magistrados que han tomado esta decisión claramente ilegal y antidemocrática”.
El senador electo insistió en que este escenario es producto de un “activismo judicial” que busca frenar el avance de una candidatura con respaldo popular.
Según su visión, se están utilizando los tribunales para desconocer las mayorías democráticas expresadas en las urnas el pasado 31 de mayo.
Logística y cumplimiento en tiempo récord
Uno de los puntos más críticos de la orden es el plazo de 24 horas para retirar la publicidad de redes sociales y medios de comunicación. Gómez calificó este requerimiento como imposible de cumplir y perjudicial para derechos fundamentales.
Con eventos masivos programados en ciudades como Montería, la campaña se encuentra evaluando cómo modular la decisión del juez. “La decisión es claramente atrabiliaria. El plazo concedido es insuficiente y perturba el ejercicio de derechos fundamentales”, concluyó Gómez, subrayando que la medida cautelar interfiere en el libre desarrollo de la campaña en un momento de trascendencia nacional. Por ahora, el equipo jurídico analiza los pasos a seguir mientras la tensión entre el poder judicial y la organización electoral continúa escalando.
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Escuche aquí la entrevista:
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