La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia expresó su preocupación por las recientes amenazas contra aspirantes presidenciales y respaldó el llamado de la Defensoría del Pueblo a proteger la democracia.
Según indicó la entidad, en las últimas semanas se habrían registrado ataques y mensajes intimidatorios contra los candidatos Paloma Valencia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, una situación que, advirtió, pone en riesgo el desarrollo normal de la campaña electoral.
En su pronunciamiento, la Oficina insistió en la necesidad de evitar la circulación de desinformación y de frenar cualquier discurso que promueva la estigmatización o la violencia. Además, recordó que el ejercicio político debe darse en condiciones de respeto, sin amenazas ni presiones.
“Llamamos, dentro del marco de nuestro mandato, a respetar los derechos de las y los candidatos a la Presidencia en Colombia, a no difundir desinformación, a no estigmatizar ni amenazar ni atacar a ninguna persona, en particular, a las y los candidatos”.
A este llamado se sumó la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, que manifestó su inquietud frente a hechos recientes dirigidos contra la candidata Paloma Valencia, entre ellos, actos de vandalismo contra una sede de su campaña.
“La MAPP/OEA manifiesta su profunda preocupación por este tipo de hechos, que ponen en riesgo la vida e integridad de quienes participan en la vida política del país y afectan las garantías para el ejercicio democrático”.
La misión advirtió que este tipo de situaciones afectan directamente las garantías democráticas y subrayó que quienes participan en política deben contar con condiciones de seguridad que les permitan ejercer sus derechos sin temor.
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“En el marco del Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia, la MAPP/OEA reitera que ninguna candidata o candidato debe ser objeto de amenazas, intimidaciones o cualquier forma de violencia. La participación política debe desarrollarse en condiciones de seguridad, respeto y plena garantía de derechos”.
En ese sentido, instó a las autoridades a avanzar con rapidez en las investigaciones, esclarecer lo ocurrido y adoptar medidas de protección eficaces para todos los aspirantes, en un momento clave para el país.
Ambos organismos coincidieron en que el debate electoral debe desarrollarse a través del diálogo y dentro de las reglas democráticas, sin que medien actos de intimidación o violencia.
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