En el marco del debate de Blu Radio con los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia, los aspirantes mostraron una postura unánime frente a uno de los temas más sensibles del país: el orden público.
Ante la pregunta directa sobre si abrirían la puerta para entablar procesos de paz con grupos al margen de la ley, la respuesta de todos los aspirantes fue un rotundo "no", marcando una distancia definitiva frente a las políticas actuales de diálogo.
Sometimiento a la justicia y fin de la "Paz Total"
Para Juan Manuel Galán, el cambio de mando el próximo 7 de agosto significaría el desmantelamiento inmediato del actual modelo de negociación. Su enfoque se centra en atacar las finanzas criminales y reactivar la persecución judicial. Según Galán: "Se acaba la paz total. Se reactivan todas las órdenes de captura contra los cabecillas de las organizaciones criminales... no más negociaciones ni diálogos colectivos de tipo político con estructuras criminales. En mi gobierno habrá una política de sometimiento individual a la justicia".
Seguridad total y Plan Colombia 2.0
Paloma Valencia propuso una transición hacia lo que denominó "seguridad total", enfatizando el control del microtráfico y la extorsión mediante el fortalecimiento de la fuerza pública con apoyo internacional. Valencia afirmó: "Con nosotros se acaba la paz total y llega la seguridad total. Vamos a reducirle los ingresos a los ilegales... tenemos que robustecer nuestra fuerza pública con un plan Colombia 2.0 que incluya gobiernos europeos porque necesitamos inteligencia, capacidades, drones".
De la insurgencia al "traqueteo": El fin de la voluntad política
Por su parte, David Luna justificó su negativa argumentando que la naturaleza de los grupos armados ha mutado de fines políticos a intereses puramente mafiosos, lo que imposibilita un diálogo de paz tradicional. Luna sostuvo: "El Clan del Golfo, el ELN y las disidencias dejaron de ser grupos que se quieren tomar el poder con las armas para convertirse en grupos de traquetos, de mafiosos... si alguien se quiere someter, lo debe hacer ante la justicia ordinaria".
El respaldo político a la fuerza pública
Aníbal Gaviria centró su argumento en la pérdida de validez de la lucha armada, señalando que el acceso al poder en Colombia hoy se da a través de las urnas y no de los fusiles. Gaviria explicó: "No diálogos de paz, tiene un sustento y lo que tiene que haber es una política y una estrategia de sometimiento de los grupos criminales al Estado y los que no se sometan, toda la fuerza del Estado". Además, enfatizó la necesidad de un "apoyo político, el respaldo y el liderazgo del presidente" hacia los uniformados.
Combate frontal y extradición
El exministro Mauricio Cárdenas fue enfático en que su administración no brindaría espacios de diálogo a organizaciones que considera narcoterroristas y que amenazan la democracia local. Cárdenas declaró: "Se levantan las mesas de negociación. Lo segundo, se revoca toda esta cantidad de medidas que han suspendido órdenes de captura. Se van a extraditar cuando venga la Interpol por ellos. No los vamos a frenar, que se los lleven".
Autoridad sin complejos y recompensas en dólares
Vicky Dávila justificó su postura basándose en lo que considera un cansancio generalizado de la ciudadanía hacia la impunidad y la falta de resultados de los diálogos previos. Dávila propuso: "Se acaba la paz total... vamos a tener recompensas jugosas en dólares en un fondo con Estados Unidos que no se lo puedan robar... vamos a recuperar el territorio recuperando la autoridad, la fuerza legítima del Estado para usarla sin complejos y sin abusos".
Conocimiento del enemigo y desarticulación financiera
Para Juan Daniel Oviedo, la situación de orden público requiere una respuesta técnica basada en la inteligencia para frenar la captura de rentas locales y autoridades civiles por parte de criminales. Oviedo argumentó: "Ya no podemos ir por el camino de la negociación porque Colombia hoy tiene un problema de orden público muy distinto al que teníamos en el pasado... queremos, como lo mencionaban ya, proceso de sometimiento a partir del conocimiento de quiénes son los enemigos del orden".
Infraestructura, tecnología y megacárceles
Finalmente, Enrique Peñalosa basó su negativa en la pérdida de legitimidad política de los grupos armados y propuso una combinación de presencia estatal física y medidas punitivas severas. Peñalosa concluyó: "De ninguna manera lo haría porque ya perdieron cualquier legitimidad política que pudieran haber tenido... vamos a fortalecer con armamento, con tecnología, con inteligencia... y vamos a construir seis megacárceles con 25,000 cupos para que castiguemos de verdad".
Escuche aquí lo dicho por lo precandidatos:
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