En medio del debate por el proyecto de Presupuesto General de la Nación presentado por el gobierno de Abelardo De La Espriella, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas planteó una propuesta económica para enfrentar la difícil situación de las finanzas públicas. A juicio del exfuncionario, el país requiere tanto sincerar el gasto estatal como acudir a la venta de activos clave para sanear el endeudamiento.Un presupuesto «XXL» y la responsabilidad del gobierno anteriorCárdenas cuestionó la aprobación en el Congreso de un monto presupuestal de 635 billones de pesos, al cual calificó como un presupuesto "XXL" por ser "exageradamente grande". Según advirtió, fijar ese techo generaría un déficit fiscal considerable, provocaría un aumento de la deuda pública y de las tasas de interés, e impulsaría un masivo ingreso de dólares perjudicial para el tipo de cambio.Al analizar las causas de este panorama fiscal, Cárdenas fue enfático en señalar a la administración previa. "El juicio de responsabilidades tiene que apuntar hacia el gobierno de Petro. O sea, no hay la más mínima duda. El manejo fiscal del gobierno de Petro fue realmente un desastre porque no tuvieron en consideración ningún criterio de responsabilidad, de sostenibilidad, nada de esas cosas que son importantes para los economistas, sino decir aquí es a gastar, gastar, gastar y dejar líos y que el próximo lo resuelva". En su concepto, la crisis actual "no es un problema del gobierno de Abelardo De La Espriella, es un problema de heredados".La exigencia de recortar el gasto y evitar la dilataciónEl exministro señaló que medidas como la congelación de salarios públicos, el ajuste al precio del ACPM, la supresión de cargos administrativos y la eliminación de fondos como Fonsecon son decisiones impopulares pero necesarias. Asimismo, explicó que aprobar un presupuesto abultado terminará derivando en una jugada de "tres por uno" que obligará a tramitar una ley de financiamiento (reforma tributaria) y un aumento en el cupo de endeudamiento.Venta de ISA: recursos para prepagar la deuda públicaAnte la necesidad de nuevas fuentes de ingresos, Cárdenas propuso que Ecopetrol venda su participación en Interconexión Eléctrica S.A. (ISA). "Hay que devolver a ISA a su estado original, que sea una compañía independiente con buen gobierno corporativo... ¿Qué debe hacer Ecopetrol? Venderla. Venderla a quién, a los fondos de pensiones que representan a todos los colombianos y volver a ofrecer acciones en el mercado".De ejecutarse la transacción, Ecopetrol obtendría una importante liquidez. "Ecopetrol entonces va a recibir una caja grande, billones de pesos... Y con eso debería pagar un dividendo extraordinario que le entra una parte al gobierno, le ayuda a resolver problemas fiscales al gobierno nacional". Teniendo en cuenta que el valor en bolsa de ISA asciende a 33,76 billones de pesos, la venta de la participación accionaria de Ecopetrol (superior al 51%) aportaría entre 15 y 17 billones de pesos.Frente al riesgo de destinar estos recursos a financiar gasto corriente, Cárdenas remarcó: "esto tiene que irse a una de dos cosas, o a reducir la deuda de Ecopetrol o a reducir la deuda de la nación, o sea, directo directo a prepagar deuda, a bajar un poco esa deuda pública". Concluyó además que Ecopetrol debe concentrar sus esfuerzos en las áreas de petróleo y gas, dejando la gestión eléctrica a expertos e inversión privada independiente.Escuche aquí la entrevista:
La inflación en Colombia podría volver a ubicarse en la meta del 3 % establecida por el Banco de la República hacia el 2030, según las proyecciones del exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. El economista indicó que este resultado dependerá principalmente de la capacidad del país para corregir los desequilibrios fiscales que aún presionan variables clave como las tasas de interés y la estabilidad cambiaria.Durante una nueva edición de Microvision Itaú, organizada por el Banco Itaú, Cárdenas explicó que el principal desafío económico de Colombia continúa siendo el manejo de las finanzas públicas. A su juicio, una mayor disciplina fiscal permitiría generar condiciones favorables para la reducción de las tasas de interés y fortalecer la confianza de los mercados en la economía colombiana.El exministro señaló que actualmente la inflación se mantiene cerca del 6 %, por lo que el retorno a la meta del 3 % sigue siendo uno de los principales retos para las autoridades económicas. Según explicó, recuperar ese objetivo será fundamental para preservar la credibilidad del Banco de la República y consolidar un entorno de mayor estabilidad para hogares y empresas.Cárdenas también relacionó la evolución de la inflación con el comportamiento de la tasa de cambio. Consideró que una mejora en las cuentas fiscales permitiría que el dólar converja gradualmente hacia niveles cercanos a los $3.500, beneficiando especialmente a los sectores exportadores y agroindustriales, que han enfrentado dificultades por la reciente fortaleza del peso colombiano frente a la moneda estadounidense.Pese a los desafíos económicos actuales, el exfuncionario envió un mensaje de optimismo al sector empresarial, al Mauricio Cárdenas. Por ello, invitó a las empresas a continuar invirtiendo y desarrollando proyectos de expansión, al considerar que quienes tomen decisiones de inversión desde ahora podrían beneficiarse cuando se consolide la recuperación económica y el país avance hacia el cumplimiento de la meta de inflación del 3 %.
La reciente tensión entre el Gobierno nacional y la Junta Directiva del Banco de la República ha encendido las alarmas en el ámbito económico y político del país. Tras la decisión del ministro de Hacienda de retirarse de la junta y anunciar que no volvería a presidir sus sesiones, analistas y exfuncionarios advierten sobre las consecuencias que esto podría tener para la estabilidad institucional y económica de Colombia.En entrevista con Mañanas Blu, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas calificó el hecho como una ruptura institucional que podría tener repercusiones profundas en la confianza de los inversionistas y en el control de la inflación.“Es obviamente una ruptura institucional para atravesársele al Banco de la República para que haga su tarea, que es subir la tasa de interés”, afirmó Cárdenas al explicar el trasfondo de la controversia.Inflación en aumento y el debate por las tasas de interésUno de los puntos centrales de la discusión es el manejo de la inflación en Colombia. Según Cárdenas, las proyecciones indican que el aumento de los precios continuará durante el año, lo que obligaría al Banco de la República a elevar las tasas de interés para frenar la presión inflacionaria.El exministro explicó que este mecanismo es uno de los instrumentos tradicionales de política monetaria. Sin embargo, el Gobierno se opondría a esa medida debido a su impacto en el crédito y en el crecimiento económico.“La inflación está subiendo y todo el mundo pronostica que al final de este año va a estar más alta. Hay quienes dicen que puede llegar al 7%”, señaló Cárdenas durante la entrevista.El economista también sostuvo que el aumento del gasto público y el incremento significativo del salario mínimo han contribuido a presiones inflacionarias. Según su análisis, el aumento del salario mínimo en un 23% en un contexto de inflación cercana al 5% ha impulsado el incremento de precios en diversos servicios.La independencia del Banco de la República en discusiónUno de los elementos más sensibles del debate es la independencia del Banco de la República, considerada una de las bases de la estabilidad macroeconómica del país.La junta directiva del banco está conformada por siete miembros, entre ellos el ministro de Hacienda, quien además preside las sesiones. Según Cárdenas, los estatutos del banco establecen que la junta no puede sesionar sin la presencia del ministro, lo que genera un bloqueo institucional si este decide no asistir.En ese sentido, el exfuncionario advirtió que la decisión del Gobierno puede interpretarse como una estrategia para impedir que el Banco Central adopte medidas monetarias contrarias a los intereses del Ejecutivo.Riesgos para la inversión extranjeraCárdenas también alertó sobre el impacto que esta situación podría tener en la percepción internacional sobre la economía colombiana. Según explicó, los inversionistas extranjeros observan con atención las decisiones institucionales del país, especialmente aquellas relacionadas con la independencia del Banco Central.De acuerdo con el exministro, actualmente Colombia está ofreciendo tasas de interés cercanas al 14% para atraer capital extranjero, lo que ha permitido mantener un flujo de dólares y un tipo de cambio relativamente estable.No obstante, advirtió que ese escenario podría cambiar rápidamente si se percibe un debilitamiento institucional: “Muchos inversionistas pueden decir: este país ya no es tan seguro ni tan confiable”, advirtió Cárdenas al referirse a los riesgos de una eventual salida de capitales.Debate político y eleccionesEl tema también se ha trasladado al escenario político, especialmente en medio del contexto electoral. Para Cárdenas, las decisiones recientes del Gobierno forman parte de un ambiente de tensión institucional que podría afectar la economía en los próximos meses.“Vamos camino al precipicio en materia económica”, afirmó, señalando que la combinación de inflación, desequilibrios fiscales y tensiones institucionales representa un riesgo para la estabilidad del país.El exministro sostuvo que, aunque algunos indicadores como el desempleo o el precio del dólar podrían parecer favorables en el corto plazo, estos no reflejan necesariamente la situación estructural de la economía.Según su explicación, parte de la reducción del desempleo se explica por el aumento del empleo público, mientras que la estabilidad del dólar responde a la entrada de capital extranjero atraído por altas tasas de interés.Un episodio sin precedentesPor su parte, el exgerente del Banco de la República Juan José Echavarría, también entrevistado en el programa, aseguró que una situación como esta no tiene antecedentes en la historia reciente del país.“Yo recuerdo muchas discusiones acaloradas con ministros de Hacienda, pero nunca que se retiren y menos que se retiren permanentemente”, señaló. Echavarría expresó su esperanza de que el ministro retome su participación en la junta y permita que la institución continúe cumpliendo su función de definir la política monetaria del país.
Colombia enfrenta un nuevo episodio de tensión tras la decisión del ministro de Hacienda de retirarse indefinidamente de la junta directiva del Banco de la República, un hecho que fue catalogado como sin precedentes y que ha desatado críticas desde distintos sectores económicos y políticos. El debate no solo gira en torno a la subida de tasas de interés, sino al alcance de la autonomía del banco central.En entrevista con Recap Blu, exministros de Hacienda coincidieron en advertir que la situación puede tener efectos profundos en la estabilidad económica y democrática del país. Más allá de las diferencias técnicas, el mensaje de fondo apunta a un riesgo institucional que, según señalan, no se puede minimizar.“Estamos jugando con la democracia”: la advertencia de José Manuel RestrepoEl exministro José Manuel Restrepo fue contundente al señalar que lo ocurrido va más allá de una simple discrepancia técnica. “Estamos jugando con la democracia”, afirmó, al cuestionar la postura del Gobierno frente a la independencia del Banco de la República.Restrepo planteó dos lecturas sobre la decisión del ministro: una “inocente”, relacionada con desconocimiento, y otra más preocupante. “El gobierno quiere genuinamente romper con la autonomía del Banco Central”, dijo, advirtiendo que esto podría abrir la puerta a usar la política monetaria con fines políticos.El exfuncionario también cuestionó la actitud del ministro al retirarse de la junta. “Hay que perder con dignidad”, afirmó, recordando que las decisiones se toman de manera colegiada y bajo criterios técnicos. Incluso fue más allá al calificar la reacción como “muy infantil”, insistiendo en que nunca vio algo similar durante su paso por esa instancia.Además, alertó sobre un posible “limbo jurídico” si la junta no puede sesionar sin la presencia del ministro, lo que podría paralizar decisiones clave en materia económica.“El gobierno es el culpable”: la lectura de Mauricio CárdenasPor su parte, el exministro Mauricio Cárdenas puso el foco en el origen del problema económico. Según explicó, las altas tasas de interés no son responsabilidad principal del Banco de la República, sino del propio Gobierno.“El gobierno está abusando del gasto público”, afirmó, señalando que el alto nivel de endeudamiento obliga a pagar tasas elevadas, lo que termina presionando todo el sistema financiero.Cárdenas fue enfático en que la estrategia de culpar al banco central es equivocada. “El gobierno es el culpable, pero quiere encontrar a quién echarle la culpa”, sostuvo, al explicar que las necesidades de financiamiento estatal están marcando la pauta en el mercado.También cuestionó la decisión del ministro de no asistir a la junta, calificándola como “una irresponsabilidad”. Según dijo, esto podría incluso derivar en sanciones disciplinarias por incumplimiento de funciones.Una disputa con efectos en la economíaMás allá del debate técnico, ambos exministros coincidieron en que las decisiones en torno a las tasas de interés tienen efectos directos en la vida de los ciudadanos. Créditos más costosos, menor inversión y desaceleración económica son algunas de las consecuencias.Sin embargo, también recordaron que el objetivo del Banco de la República es evitar un escenario más grave: el descontrol de la inflación. En ese contexto, la independencia del emisor se vuelve clave para mantener el equilibrio.
En el marco del debate de Blu Radio con los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia, los aspirantes mostraron una postura unánime frente a uno de los temas más sensibles del país: el orden público. Ante la pregunta directa sobre si abrirían la puerta para entablar procesos de paz con grupos al margen de la ley, la respuesta de todos los aspirantes fue un rotundo "no", marcando una distancia definitiva frente a las políticas actuales de diálogo.Sometimiento a la justicia y fin de la "Paz Total"Para Juan Manuel Galán, el cambio de mando el próximo 7 de agosto significaría el desmantelamiento inmediato del actual modelo de negociación. Su enfoque se centra en atacar las finanzas criminales y reactivar la persecución judicial. Según Galán: "Se acaba la paz total. Se reactivan todas las órdenes de captura contra los cabecillas de las organizaciones criminales... no más negociaciones ni diálogos colectivos de tipo político con estructuras criminales. En mi gobierno habrá una política de sometimiento individual a la justicia".Seguridad total y Plan Colombia 2.0Paloma Valencia propuso una transición hacia lo que denominó "seguridad total", enfatizando el control del microtráfico y la extorsión mediante el fortalecimiento de la fuerza pública con apoyo internacional. Valencia afirmó: "Con nosotros se acaba la paz total y llega la seguridad total. Vamos a reducirle los ingresos a los ilegales... tenemos que robustecer nuestra fuerza pública con un plan Colombia 2.0 que incluya gobiernos europeos porque necesitamos inteligencia, capacidades, drones".De la insurgencia al "traqueteo": El fin de la voluntad políticaPor su parte, David Luna justificó su negativa argumentando que la naturaleza de los grupos armados ha mutado de fines políticos a intereses puramente mafiosos, lo que imposibilita un diálogo de paz tradicional. Luna sostuvo: "El Clan del Golfo, el ELN y las disidencias dejaron de ser grupos que se quieren tomar el poder con las armas para convertirse en grupos de traquetos, de mafiosos... si alguien se quiere someter, lo debe hacer ante la justicia ordinaria".El respaldo político a la fuerza públicaAníbal Gaviria centró su argumento en la pérdida de validez de la lucha armada, señalando que el acceso al poder en Colombia hoy se da a través de las urnas y no de los fusiles. Gaviria explicó: "No diálogos de paz, tiene un sustento y lo que tiene que haber es una política y una estrategia de sometimiento de los grupos criminales al Estado y los que no se sometan, toda la fuerza del Estado". Además, enfatizó la necesidad de un "apoyo político, el respaldo y el liderazgo del presidente" hacia los uniformados.Combate frontal y extradiciónEl exministro Mauricio Cárdenas fue enfático en que su administración no brindaría espacios de diálogo a organizaciones que considera narcoterroristas y que amenazan la democracia local. Cárdenas declaró: "Se levantan las mesas de negociación. Lo segundo, se revoca toda esta cantidad de medidas que han suspendido órdenes de captura. Se van a extraditar cuando venga la Interpol por ellos. No los vamos a frenar, que se los lleven".Autoridad sin complejos y recompensas en dólaresVicky Dávila justificó su postura basándose en lo que considera un cansancio generalizado de la ciudadanía hacia la impunidad y la falta de resultados de los diálogos previos. Dávila propuso: "Se acaba la paz total... vamos a tener recompensas jugosas en dólares en un fondo con Estados Unidos que no se lo puedan robar... vamos a recuperar el territorio recuperando la autoridad, la fuerza legítima del Estado para usarla sin complejos y sin abusos".Conocimiento del enemigo y desarticulación financieraPara Juan Daniel Oviedo, la situación de orden público requiere una respuesta técnica basada en la inteligencia para frenar la captura de rentas locales y autoridades civiles por parte de criminales. Oviedo argumentó: "Ya no podemos ir por el camino de la negociación porque Colombia hoy tiene un problema de orden público muy distinto al que teníamos en el pasado... queremos, como lo mencionaban ya, proceso de sometimiento a partir del conocimiento de quiénes son los enemigos del orden".Infraestructura, tecnología y megacárcelesFinalmente, Enrique Peñalosa basó su negativa en la pérdida de legitimidad política de los grupos armados y propuso una combinación de presencia estatal física y medidas punitivas severas. Peñalosa concluyó: "De ninguna manera lo haría porque ya perdieron cualquier legitimidad política que pudieran haber tenido... vamos a fortalecer con armamento, con tecnología, con inteligencia... y vamos a construir seis megacárceles con 25,000 cupos para que castiguemos de verdad".Escuche aquí lo dicho por lo precandidatos:
El momento de las definiciones ha llegado. La carrera hacia la Presidencia de 2026 comienza a tomar forma con el primer gran encuentro de los candidatos que integran la Gran Consulta Popular por Colombia, un espacio decisivo para escoger al aspirante único que representará a esta coalición en la primera vuelta presidencial.Bajo la conducción de Camila Zuluaga y Ricardo Ospina, ocho precandidatos se enfrentan en un debate clave que pone sobre la mesa las principales preocupaciones del país: seguridad, economía y salud. Cada intervención busca convencer no solo a los votantes de la coalición, sino a millones de colombianos que observan con atención quién tiene la capacidad de liderar un nuevo rumbo nacional.En el escenario estarán Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo y Enrique Peñalosa. (Juan Carlos Pinzón canceló a última hora) Cada uno llega con propuestas propias y visiones distintas sobre cómo enfrentar la compleja coyuntura que atraviesa Colombia.La transmisión inicia con un análisis del tablero político hacia 2026, seguido de la explicación de las reglas del debate. Luego, en el bloque de Visión de País, los aspirantes responden por qué consideran ser la mejor opción para liderar la Gran Consulta. Posteriormente, el eje de seguridad aborda los planes concretos frente al deterioro del orden público y el accionar de estructuras criminales.El debate avanza hacia la economía, uno de los puntos más sensibles para los ciudadanos, con propuestas sobre el costo de vida, la generación de empleo y la crisis de combustibles. En el segmento de salud, los candidatos exponen sus fórmulas para salvar el sistema y garantizar la atención oportuna y eficiente a los colombianos.Los momentos más tensos llegan en el cara a cara, cuando los aspirantes se interpelan directamente, y en la ronda de preguntas rápidas, donde deben responder “sí” o “no” frente a temas que dividen al país. Finalmente, el “Minuto de Oro” cierra la jornada con un mensaje directo al electorado.Este debate no solo define un candidato, sino que marca el tono de la contienda presidencial de 2026. Aquí comienza, en firme, la disputa por el liderazgo del país.
En medio de la contienda por la gran consulta de la centro-derecha, una figura ha cobrado relevancia silenciosa pero determinante en el entorno de Mauricio Cárdenas: su esposa, Cristina Fernández Mejía. Economista, doctora en la materia por la Universidad del Rosario y profesora universitaria, Fernández no solo acompaña al candidato en tarima, sino que también incide en los contenidos y enfoques de su discurso.En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Fernández dejó claro que su papel trasciende el apoyo emocional. “Claro que sí”, respondió cuando se le preguntó si influye en las decisiones y posturas del exministro. Su especialidad es la informalidad laboral, un tema estructural en la economía colombiana, y desde allí —según explicó— ha buscado incorporar propuestas concretas en la agenda de campaña.Uno de los debates recientes ha sido el aumento del salario mínimo del 23%. Para la académica, la discusión no puede centrarse en reversar decisiones ya tomadas. “Una vez aumentado el salario no se le puede rebajar a los trabajadores”, afirmó. Sin embargo, advirtió que hacia adelante se deben evitar sorpresas para los empresarios, quienes proyectan costos laborales con anticipación. En su visión, el reto está en generar reglas claras y previsibilidad.Pero es en la informalidad donde Fernández marca mayor distancia frente a algunos sectores académicos. Aunque hay quienes defienden que el camino es fortalecer grandes empresas que absorban empleo informal, ella considera que “eso no se da tan fácil y no se da orgánicamente”. Su apuesta está en fortalecer al trabajador por cuenta propia, mejorar su productividad e impulsar mecanismos como el monotributo para facilitar su inserción formal en la economía.Ese enfoque también ha permeado el documento programático de la campaña. La propia Fernández reconoce que, además de acompañar a Cárdenas en actividades como el volanteo —“ya soy experta”, dijo entre risas—, también ha escrito artículos y aportado en la construcción de propuestas sobre pequeñas empresas e informalidad.El respaldo no ha sido solo técnico. En los momentos en que la consulta era vista por algunos como el “club del 1%”, Fernández insistió en que su esposo debía perseverar. Destacó su capacidad para unir sectores políticos que antes parecían irreconciliables, incluidos quienes trabajaron en gobiernos distintos y enfrentados. “No era tan fácil”, subrayó, al referirse al trabajo de filigrana que implicó consolidar esa alianza.En lo personal, reconoce que no es sencillo “tener un marido candidato”. La exposición pública, los tiempos familiares y la presión constante forman parte del paquete. Sin embargo, también reivindica el ejemplo que, según dice, sus hijas ven en su padre: la persistencia frente a la adversidad.Sobre una eventual llegada a la Casa de Nariño, Fernández no descarta asumir un rol activo, especialmente en temas de microempresas e informalidad, aunque insiste en que no abandonaría del todo la academia. “Uno tiene una responsabilidad”, aseguró, al señalar que el poder de convocatoria de una primera dama no puede desperdiciarse.Así, entre ecuaciones que —según aclara— no dominan las conversaciones cotidianas en casa y jornadas de campaña que exigen paciencia, Cristina Fernández se consolida como una pieza clave en la estrategia de Mauricio Cárdenas.
El aumento del salario mínimo en un 23,7 % sigue sacudiendo el debate económico y político del país. Esta vez, la crítica llegó desde uno de los exministros de Hacienda con mayor trayectoria reciente: Mauricio Cárdenas, hoy candidato presidencial, quien en entrevista con Blu Radio este 30 de diciembre de 2025 cuestionó con dureza la decisión del Gobierno.Desde el inicio, Cárdenas marcó distancia con el enfoque oficial y aseguró que el decreto no responde a criterios técnicos. “Esto no es economía. Aquí no hay economía. Esto es totalmente político”, afirmó, al advertir que el impacto real se sentirá en los próximos meses, cuando empiecen a verse despidos, mayor informalidad y presiones inflacionarias.Aumento del salario mínimo: efectos sobre el empleoPara el exministro, el incremento genera una sensación pasajera de bienestar, pero no es sostenible. “El remedio resulta peor que la enfermedad”, dijo, al explicar que una economía con bajo crecimiento, poca inversión y sin mejoras en productividad no puede sostener un salario mínimo tan alto.Cárdenas relató recorridos recientes por municipios del país donde, según dijo, la realidad ya contradice el discurso oficial. “La inmensa mayoría de las personas dicen que están ganando menos del salario mínimo porque los empleadores no les pagan el salario mínimo”, señaló. Con el nuevo aumento, advirtió, esa práctica se extenderá aún más.“Petro quiere la foto de hoy”, advierte CárdenasUno de los momentos más punzantes de la entrevista llegó cuando Cárdenas cuestionó la motivación del presidente Gustavo Petro. “Petro quiere esa foto de hoy porque le genera una sensación efímera de bienestar”, afirmó, insistiendo en que el costo real quedará para el próximo gobierno.Según explicó, los microempresarios y dueños de pequeños negocios serán los primeros en sentir el golpe. “El dueño de la pyme va a hacer sus números y va a decir: ahora tengo que despedir gente”, aseguró, anticipando una reducción de empleos formales a partir del primer trimestre de 2026.Cárdenas criticó el respeto a la ley por ajuste del salario mínimoCárdenas también cuestionó el respeto a la ley que regula el ajuste del salario mínimo. “La ley dice inflación más productividad, eso daba cerca del 7 %, y Petro sale con 23 %”, afirmó, señalando que el decreto se aparta de los parámetros legales.Advirtió, además, un efecto en cascada sobre las finanzas públicas: salarios del sector público, congresistas, rama judicial y Fuerza Pública. “Esto es una escalera y una cascada”, explicó, alertando sobre un hueco fiscal adicional de varios billones de pesos en un Estado que ya declaró emergencia económica.En su cierre, Cárdenas fue contundente: “El próximo gobierno va a heredar un país lleno de bombas de tiempo”, y llamó a que el debate se dé con argumentos y pedagogía. Para él, el aumento del salario mínimo no es una solución estructural, sino una decisión política que, según dijo, “va a dejar más pobreza, más informalidad y más líos para Colombia”.
El precandidato presidencial Mauricio Cárdenas defendió la consulta como el mecanismo clave para definir una candidatura única que enfrente al petrismo. En entrevista con Mañanas Blu, de Blu Radio, aseguró que este proceso es indispensable para que la ciudadanía tome la decisión a través del voto directo.“Creo, firmemente, en que la consulta es el mecanismo para decidir el candidato que va a derrotar los extremos”, afirmó Cárdenas, al señalar que se trata de una herramienta democrática que le devuelve el poder al elector. Según explicó, es la gente la que debe definir quién competirá en el escenario presidencial.El exministro también rechazó las críticas sobre el costo de la consulta y calificó esas versiones como falsas. De manera directa, explicó que el próximo 8 de marzo ya están programadas elecciones y que la única novedad será un tarjetón adicional para que los ciudadanos elijan.De forma indirecta, Cárdenas indicó que desde comienzos de este año se viene trabajando en la organización de la consulta, con un enfoque centrado en la unidad. Recalcó que el proceso se ha adelantado con seriedad y compromiso con la democracia, sin descalificaciones personales.En ese mismo contexto, sostuvo que el objetivo es que el elector decida quién enfrentará a los extremos en mayo. “Defendemos a capa y espada que el elector decida quién va a enfrentar, en mayo, a los extremos”, reiteró durante la entrevista.Finalmente, se refirió a la posible participación de Enrique Peñalosa, a quien calificó como “más que bienvenido” si cuenta con el aval del Partido Liberal. Cárdenas advirtió que sería un “gran error” pensar en ir solos a primera vuelta y llamó a la unidad para enfrentar al petrismo, en especial al senador Iván Cepeda.
A las 7:30 de la mañana de este viernes se encontraron los precandidatos a la presidencia David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria y Juan Daniel Oviedo. El encuentro duró aproximadamente dos horas y se habló sobre la alianza que se viene tejiendo entre estos precandidatos para las elecciones presidenciales del 2026.Es importante recordar que este jueves Aníbal Gaviria entregó a la Registraduría las firmas con las que busca avalar su candidatura, en el evento estuvieron presentes Mauricio Cárdenas y David Luna.Desde allí Aníbal Gaviria señaló que la idea es buscar una opción alejada de los extremos."Lo que nosotros hemos hecho, y lo que continuaremos haciendo, es buscando una candidatura que surja de una unión, de un colectivo de varios candidatos para que de allí, como tiene que ser la democracia, los colombianos escojan y el que salga de ahí será respaldado por los otros para ir a la primera vuelta y a la presidencia”, djio el exgobernador y precandidato Aníbal Gaviria.Esta alianza está casi lista pero también se contempla la posibilidad de incluir a otros precandidatos que participen en la consulta de marzo. En las últimas horas, la candidata Vicky Dávila hizo un llamado a varios de los candidatos que son opositores a Petro para unirse y sacar adelante la consulta, entre ellos, mencionó a Luna, Cárdenas, Oviedo, Galán y Gaviria.El precandidato Juan Manuel Galán, al referirse a esta alianza con Cárdenas, Gaviria, Oviedo y Luna dijo que "se puede esperar que en los próximos días haya avances significativos, en ese esfuerzo hemos venido trabajando desde hace unos meses y creo que las cosas se están dando para que el país pueda tener una alternativa distinta a los dos extremos en confrontación que han tenido bloqueado al país y bloqueada la política".Es importante recordar que tanto Abelardo de la Espriella como Sergio Fajardo han dicho que no van a ir a una consulta. Además en las últimas horas también hubo una reunión entre Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón. Los dos precandidatos presidenciales hablaron sobre la unidad para el 2026.Además los partidos Cambio Radical, el partido Liberal, los Conservadores y el Centro Democrático manifestaron su intención de ir a una consulta en marzo.
Una seguidilla de temblores se registró durante la mañana de este jueves 24 de septiembre en el departamento del Tolima, donde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos movimientos sísmicos con pocos minutos de diferencia.El primero ocurrió a las 11:40 de la mañana y tuvo una magnitud de 3.4. De acuerdo con el reporte, el evento tuvo una profundidad superficial y fue localizado en Chaparral, Tolima.Cinco minutos después, a las 11:46 de la mañana, se presentó un segundo movimiento, esta vez de magnitud 4.1. El SGC también estableció una profundidad superficial para este sismo, cuyo punto de referencia fue Chaparral.Dos temblores en pocos minutosEl segundo movimiento fue percibido en diferentes ciudades del país. Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor de magnitud 4.1 se sintió en Armenia, Ibagué, Cali, Neiva y Pereira, entre otros puntos.El evento tuvo como referencia el municipio de Chaparral y ocurrió a 14 kilómetros de Roncesvalles, en el departamento del Tolima. El SGC ubicó el movimiento en una latitud de 3.88 y una longitud de -75.61.La cercanía en el tiempo entre ambos eventos llamó la atención, pues los dos fueron registrados en la misma zona de referencia y con una diferencia de apenas seis minutos.Colombia registra actividad sísmica de manera frecuente debido a su ubicación geológica. Por ello, el Servicio Geológico Colombiano realiza seguimiento permanente a los movimientos que se presentan en diferentes regiones del territorio nacional.Hasta el momento, la información suministrada corresponde a los reportes disponibles sobre estos dos eventos registrados durante la mañana de este jueves en el Tolima.
Amazonas registra la mayor tasa de evasión de la revisión tecnomecánica en Colombia: durante 2026, el 96,95 % de los vehículos del departamento no ha cumplido con esta revisión obligatoria, según las cifras del informe sobre el estado del parque automotor nacional.El dato significa que casi 97 de cada 100 vehículos en esta región aparecen como evasores de la tecnomecánica. Amazonas encabeza así un listado en el que también aparecen otros departamentos con niveles de incumplimiento superiores al 90 %.Guainía registra una evasión del 93,79 %, concentrada en Inírida, mientras que Vichada alcanza el 93,42 %, con el incumplimiento concentrado en Puerto Carreño.¿Cuántos vehículos evaden la tecnomecánica en Colombia?El caso de Amazonas hace parte de un problema que se extiende por todo el país. Colombia tiene actualmente 22.161.912 vehículos matriculados, de los cuales más de 10 millones evaden la RTMyEC.A esa cifra se suman más de 3 millones de vehículos que todavía no están obligados a realizar la revisión, debido a su reciente matrícula o a las exenciones contempladas en la normativa.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, manteniéndose por encima del 50 % durante los últimos cinco años.La falta de renovación acumulada en ese periodo corresponde a 5.927.092 vehículos particulares, 192.871 de servicio público, 69.532 oficiales y 992 diplomáticos.¿En qué otras zonas hay altos niveles de evasión?El incumplimiento no se limita a los departamentos con menor cantidad de vehículos. A nivel municipal también aparecen cifras elevadas.Aguachica registra una evasión del 90,93 %, mientras que La Dorada llega al 74,48 %. Estos datos muestran que los mayores niveles de incumplimiento también se presentan en municipios ubicados sobre corredores de circulación importantes.En contraste, Bogotá concentra el mayor número de inspecciones realizadas durante 2026, con 747.140 revisiones. De ese total, 663.252 correspondieron a vehículos particulares, 77.172 a transporte público, 6.715 a vehículos oficiales y una a servicio diplomático.Más de la mitad de las motos rechazadas no supera la revisiónEl informe también muestra diferencias según el tipo de vehículo que llega a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).Las motocicletas son el grupo con mayor cantidad de inspecciones rechazadas en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la revisión.Por departamentos, el Archipiélago de San Andrés y Providencia presenta el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.La evasión de la tecnomecánica supera el 50 % en ColombiaAunque el panorama mantiene niveles elevados de incumplimiento, el número de vehículos certificados aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026 hubo 3.810.725 vehículos con la tecnomecánica al día, frente a 3.629.782 durante el mismo periodo de 2025.Esto representa un incremento de 180.943 vehículos certificados, equivalente a cerca del 5 %.El país cuenta actualmente con una red de 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados. Sin embargo, la capacidad instalada permanece ampliamente subutilizada
El Gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del despuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, al considerar que existe un riesgo de fuga "extremo" y que representa un "peligro para el público", según documentos judiciales presentados en las últimas horas.En un memorando presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales federales solicitaron al juez que desestime la moción de la defensa para conceder a Flores la libertad previa al inicio del proceso judicial que enfrenta junto a Maduro.La Fiscalía argumentó que ningún tipo de fianza garantizaría adecuadamente la comparecencia de Flores ante los tribunales y destacó sus recursos, conexiones internacionales y la gravedad de las acusaciones formuladas en su contra.Destacó también la capacidad que seguiría teniendo el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en el extranjero, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados.La defensa de Flores, de 69 años, pidió a principios de mes que fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York y sometida a un régimen de arresto domiciliario, con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.Flores asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, cuando fue capturada junto a Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.De ser declarada culpable, Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.
La vivienda turística en Medellín se ha consolidado como una industria que mueve cerca de $76.000 millones mensuales, en medio del crecimiento de las rentas cortas y el alojamiento para visitantes.En Antioquia hay más de 15.143 propiedades listadas, cifra que representa cerca del 22 % de la oferta nacional, según cálculos de Confecámaras con base en datos del Registro Nacional de Turismo (RNT).Ante este panorama, la ciudad enfrenta el reto de lograr que el crecimiento de la oferta esté acompañado por mayores niveles de formalización, profesionalización y estándares para la operación de los alojamientos turísticos.Por tercera ocasión, la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos (ASOHOST) y la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín lanzarán el programa INN Host Medellín.La iniciativa ofrece formación gratuita para 150 prestadores de servicios turísticos que, en conjunto, podrían representar más de 1.000 Registros Nacionales de Turismo activos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre.Los interesados deberán contar con un RNT vigente y desarrollar actividades relacionadas con vivienda turística, rentas cortas u oficinas de representación turística en Medellín. El programa comenzará el próximo 13 de octubre.Juan Camilo Vargas, director de ASOHOST, señaló que Medellín atraviesa una transformación en este sector y destacó la necesidad de avanzar en la profesionalización de quienes participan en el mercado de vivienda turística.“Medellín es hoy uno de los mercados más dinámicos del país en vivienda turística, pero ese crecimiento exige más profesionalización y mejores estándares de operación”, afirmó Vargas.El programa contempla capacitación en el marco regulatorio de la vivienda turística en Colombia, aspectos fiscales y contables, preparación de propiedades, tecnologías avanzadas e inteligencia artificial aplicada a la gestión de alojamientos.También incluye formación en finanzas estratégicas para proyectos de alojamiento y herramientas orientadas a mejorar la operación y la rentabilidad de los establecimientos turísticos.Entre los beneficios para los participantes están el acceso durante un año a una plataforma de aprendizaje, un manual digital interactivo, certificaciones impresas y tecnologías para la gestión de rentas cortas.La formación también contempla herramientas como un PMS, un channel manager, una plataforma de experiencias turísticas con inteligencia artificial y el Sello Vivienda Turística Responsable.Este distintivo busca acreditar ante autoridades, plataformas digitales e inversionistas el cumplimiento legal de los operadores que hacen parte de la iniciativa.Desde ASOHOST señalaron que la profesionalización también busca prevenir problemas asociados con la informalidad, las malas prácticas, la convivencia y la pérdida de confianza en el sector.En materia de rentabilidad, las estimaciones ubican el retorno neto entre el 8 % y el 12 % en zonas de alta demanda como El Poblado, específicamente Provenza.En estos sectores, los ingresos brutos mensuales por unidad pueden alcanzar los $16 millones, mientras que en zonas como Laureles-Estadio las rentabilidades netas estimadas están entre el 6 % y el 9 %.La dinámica de este mercado también ha impulsado la expansión del modelo hacia otros municipios del Valle de Aburrá, como Envigado y Sabaneta, y más recientemente hacia diferentes sectores del Oriente antioqueño.El crecimiento de la vivienda turística se suma al comportamiento del turismo en Medellín. Durante 2025, la ciudad registró cerca de $4 billones en gasto turístico medido mediante transacciones con tarjeta.De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, esas operaciones representaron alrededor de 16 millones de transacciones. Debido a que Credibanco procesa aproximadamente el 45 % de los pagos con tarjeta, el Distrito estimó que el gasto turístico total podría acercarse a $9 billones.La cifra estimada no incluye los pagos realizados en efectivo, por lo que el impacto económico del turismo en la ciudad sería mayor al registrado mediante las transacciones con tarjeta.Para ASOHOST, la profesionalización es clave para que la industria de vivienda turística continúe creciendo con responsabilidad y mejores estándares de servicio.El proceso busca que los prestadores conozcan la normativa, cumplan sus obligaciones, mejoren la atención a los huéspedes, incorporen tecnología y gestionen de manera más eficiente sus ingresos.La iniciativa plantea además la necesidad de diferenciar entre los operadores que cumplen las reglas y aquellas prácticas que pueden generar impactos negativos en la convivencia, el mercado inmobiliario o la seguridad.En ese contexto, ASOHOST considera que la profesionalización de los actores de la vivienda turística es una de las principales herramientas para acompañar el crecimiento de esta industria en Medellín y Antioquia.
La Corte Suprema de Justicia puso un nuevo límite a la forma en que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tramita los procesos judiciales de protección al consumidor. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural determinó que la entidad debe admitir obligatoriamente el llamamiento en garantía cuando una de las partes lo solicite y se cumplan los requisitos legales.En términos sencillos, el llamamiento en garantía permite que una persona o empresa demandada vincule al mismo proceso a un tercero que podría tener responsabilidad en el problema. Por ejemplo, si un consumidor demanda a una compañía por una falla y esta considera que el daño fue causado por uno de sus proveedores, puede pedir que ese proveedor participe en el mismo juicio y, si corresponde, responda directamente o reembolse el dinero que la empresa tenga que pagar.La Corte señaló que los procesos de protección al consumidor que adelanta la SIC en ejercicio de funciones judiciales deben seguir las mismas reglas procesales que aplican ante los jueces ordinarios. Esto significa que la condición de autoridad administrativa de la SIC no puede convertirse en una razón para limitar las herramientas de defensa que tienen las partes dentro de un proceso judicial.El pronunciamiento también cuestiona la práctica de la SIC y de algunos tribunales que habían rechazado esta figura o restringido su utilización casi exclusivamente a casos relacionados con el sector turístico. Para la Corte, no es jurídicamente válido establecer mediante interpretaciones limitaciones o trabas que no están contempladas expresamente en la ley.Puntualmente, el alto tribunal le exige a la SIC aplicar de manera rigurosa el artículo 24 del Código General del Proceso, norma que establece las reglas para el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de determinadas autoridades. La Corte busca garantizar que las partes tengan las mismas oportunidades para defenderse, presentar pruebas y ejercer sus derechos, independientemente de que el proceso sea tramitado ante la SIC o ante un juez.El caso que llevó a esta decisión surgió por una tutela presentada por dos empresas constructoras y una sociedad fiduciaria, demandadas ante la SIC por supuestas fallas relacionadas con un inmueble. Las compañías pidieron que fuera vinculada al proceso la empresa encargada de elaborar el estudio de suelos de la obra, pero esa solicitud fue negada.La Corte Suprema protegió entonces su derecho de defensa y ordenó al Tribunal Superior emitir una nueva decisión en la que estudie la vinculación de esa empresa. Con este pronunciamiento, el alto tribunal deja establecido que las posibles responsabilidades entre los distintos integrantes de una cadena de consumo pueden discutirse dentro del mismo expediente, bajo las garantías procesales previstas por la ley.Para los consumidores y ciudadanos, la decisión no elimina ni reduce la responsabilidad que tienen los productores y proveedores frente a sus clientes. La responsabilidad solidaria que establece la ley se mantiene. Es decir, cuando corresponda, el consumidor podrá continuar reclamando frente a los responsables de la cadena de producción o comercialización, aunque durante el proceso se incorpore a otros actores que puedan tener responsabilidades internas.Para las empresas, proveedores, fabricantes, contratistas y demás integrantes de la cadena comercial, el fallo representa la posibilidad de discutir dentro de un mismo proceso quién debe asumir finalmente las consecuencias económicas de una eventual condena. Esto puede evitar que una empresa tenga que iniciar posteriormente otro pleito para intentar recuperar de un proveedor o contratista el dinero que tuvo que pagar al consumidor.