La guerrilla del ELN aseguró que estaría dispuesta a realizar un “canje humanitario” para buscar la liberación de dos funcionarios del CTI y dos miembros de la Policía secuestrados desde mediados del año pasado.
Sin embargo, según un video difundido por el Frente de Guerra Oriental, los secuestrados fueron sometidos a un “juicio” interno en el que decidieron no imponerles una pena de muerte, sino mantenerlos en lo que denominan “prisión revolucionaria”.
En ese contexto, el ELN plantea la posibilidad de intercambiarlos por personas detenidas o por condiciones que serían negociadas con el Estado, aunque no entregó más detalles.
Los funcionarios del CTI secuestrados son José Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, mientras que los policías corresponden a Franque Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza. Todos fueron interceptados cuando adelantaban diferentes labores en el departamento de Arauca.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó esta postura, asegurando que el ELN no puede suplantar a las autoridades judiciales, pues sería una amenaza contra los colombianos.
“El repudiable delito del secuestro tiene una condena de hasta 40 años de prisión, así que exigimos que liberen a todos los colombianos que el cartel del ELN tiene secuestrados. Y le pedimos también a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos, a la Iglesia católica, al mundo entero, que se unan en este propósito para traer a todos los colombianos que están secuestrados al seno de sus hogares”, dijo Sánchez.
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Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, reiteró que la libertad de todos los secuestrados debería ser inmediata y sin condiciones, y que en este caso no aplica el Derecho Internacional Humanitario.
“El hecho de que hagan una especie de juicio no valida esta privación de la libertad. Hacemos un llamado al Gobierno nacional, porque hemos solicitado al Gobierno una atención directa a las familias y fortalecer los esfuerzos para propiciar la liberación de estas personas. Las familias se han sentido solas; han acudido, pues hemos escuchado desde la Defensoría del Pueblo el clamor de las familias, pero han sentido que no ha habido suficiente acompañamiento de parte del Gobierno nacional”, aseguró Marín.
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