La Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación entregaron ante el Congreso un informe sobre los principales rezagos en la implementación de la Ley de Víctimas y de los Decretos Ley Étnicos, 15 años después de la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011.
Los reportes señalan dificultades especialmente en indemnización, reparación colectiva, vivienda, generación de ingresos y fortalecimiento institucional, mientras persisten las afectaciones derivadas del conflicto armado en distintas regiones del país.
El Décimo Tercer Informe de Seguimiento a la Ley de Víctimas reconoce que la política pública ha ejecutado 265,2 billones de pesos desde su implementación y registra avances normativos e institucionales en atención, asistencia y reparación. Sin embargo, las entidades advierten que persisten problemas relacionados con la suficiencia de los recursos, la oportunidad con la que se ejecutan y la capacidad para medir sus resultados.
Uno de los principales llamados está relacionado con el aumento de las emergencias humanitarias. Durante 2025, 83.874 personas fueron afectadas por desplazamientos masivos, una cifra 68 % superior a la registrada en 2024. Además, con corte al 31 de marzo de 2026, permanecían activas 130 Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, que advertían riesgos para la población en 421 municipios y 15 áreas no municipalizadas.
A las dificultades de seguridad se suman las condiciones económicas de las víctimas. El informe señala que el 41,2 % se encuentra en pobreza monetaria y el 17,4 % en pobreza extrema. Además, más de 5,1 millones de víctimas no han logrado superar las dificultades para generar ingresos, lo que evidencia las barreras que todavía enfrentan para alcanzar una reparación integral y mejorar sus condiciones de vida.
La indemnización administrativa continúa siendo uno de los mayores pendientes. Desde 2011 se han entregado cerca de 1,95 millones de indemnizaciones, equivalentes al 24,7 % de las víctimas susceptibles de recibir esta medida. De acuerdo con el informe, si el proceso continúa al ritmo actual, se necesitarían 31,5 años para atender a las personas que permanecen pendientes de esta reparación.
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La situación también es crítica en materia de reparación colectiva. De los 1.292 sujetos que se encontraban en ruta de reparación, apenas el 5 % había culminado su Plan Integral de Reparación Colectiva, con corte a marzo de 2026. Las entidades también identificaron brechas en el acceso de las mujeres y de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas a diferentes medidas de reparación.
Otro de los problemas está en la capacidad de las entidades territoriales para ejecutar la política pública. Según el informe, el 46 % de los municipios del país presenta una necesidad alta o muy alta de fortalecimiento institucional, lo que limita la capacidad para garantizar de manera adecuada los derechos de las víctimas.
Pueblos étnicos, entre los más afectados
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El panorama es especialmente preocupante para los pueblos indígenas y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rrom. El XIV Informe de Seguimiento advierte que los grupos armados ilegales continúan afectando la movilidad de estas comunidades, sus procesos de retorno, sus derechos territoriales y el acceso a medidas de reparación.
Además, el 36,5 % de la población indígena del país está inscrita en el Registro Único de Víctimas, frente a un promedio nacional del 19 %. En los pueblos negros, afrocolombianos, palenqueros y raizales, la proporción alcanza el 37 %. Entre 2023 y 2025, la Unidad para las Víctimas reportó 643 emergencias masivas. De ellas, 291 afectaron a población indígena y afrocolombiana, lo que equivale al 45 %. Los departamentos con mayores afectaciones son Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander, Putumayo y Guaviare.
Frente a este panorama, la Defensoría, la Contraloría y la Procuraduría insistieron en la necesidad de acelerar la implementación de las medidas de atención y reparación, fortalecer la coordinación entre las entidades y mejorar las capacidades de los territorios. Las entidades consideran que la implementación de la Ley 2421 de 2024 será determinante para enfrentar los rezagos históricos y responder a las nuevas dinámicas del conflicto armado.