A cinco días de terminar su administración, la Contraloría General presentó el balance de su gestión entre 2022 y 2026. En estos cuatro años, el organismo de control reportó la recuperación de $22,7 billones para el patrimonio público. De ese total, $4,41 billones correspondieron a recursos recuperados directamente por daños causados al Estado, una cifra que supera la meta anual de $1 billón fijada por la entidad.
La mayor parte de esos recursos, $3,74 billones, se obtuvo mediante el cobro coactivo, es decir, el dinero que la Contraloría logra recaudar después de establecer que una persona o entidad debe responder por un daño a los recursos públicos. Otros $660.000 millones fueron recuperados de manera anticipada, $20.000 millones a través de procesos penales y $1,25 billones gracias a beneficios derivados de las auditorías.
“Si la Contraloría General le cuesta al país algo más de un billón de pesos al año, significa que esta administración recuperó prácticamente lo que le cuesta al país. Porque casi siempre he escuchado que la Contraloría no logra recuperar ni siquiera el 10, 20 o 30% de lo que efectivamente recauda”, afirmó el contralor saliente, Carlos Hernán Rodríguez.
A estos resultados se suman $7,44 billones identificados mediante el control preventivo y concomitante, realizado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, DIARI. También se reportaron $9,6 billones recuperados a través de la estrategia Salvando Obras, con la que la entidad buscó reactivar proyectos de infraestructura que estaban inconclusos, con participación de las comunidades.
En materia de investigaciones, la Contraloría abrió 5.315 procesos de responsabilidad fiscal por $21,72 billones y emitió 1.090 fallos en los que determinó responsabilidad fiscal por $3,37 billones. Además, durante estos cuatro años se identificaron 6.261 hallazgos fiscales por $28,2 billones, como resultado de más de 4.000 actuaciones de fiscalización y cerca de 3.000 auditorías y actuaciones especiales.
“Debo resaltar el hecho de que, cuando llegué a la Contraloría General de la República, encontramos procesos de responsabilidad fiscal por una cifra de 8,9 billones de pesos. Durante los cuatro años de gestión de esta administración, abrimos procesos de responsabilidad fiscal que están en curso por cerca de 20 billones de pesos. Es decir, casi el triple”, afirmó Rodríguez.
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Por otra parte, la Contraloría emitió 46 advertencias por riesgos fiscales que suman $38,1 billones. Entre ellas estuvo la alerta por el crecimiento del endeudamiento público, que en 2022 llegó a $1.033 billones, equivalentes al 70,6 % del Producto Interno Bruto, y que volvió a ser objeto de advertencia este año por su aumento continuo.