En medio de la instalación de la Mesa Técnica Permanente del Sector Energético, la situación de la Costa Caribe ocupó buena parte de la discusión, especialmente por las dificultades que enfrenta Air-e para responder a sus deudas, atender el crecimiento de la demanda y garantizar el servicio. El encuentro buscó revisar estos problemas y plantear medidas que permitan evitar que la situación energética termine afectando a los ciudadanos.
Jaime Humberto Meza Buitrago, agente especial de Air-e, advirtió que las dificultades no son exclusivas de esta empresa, sino que involucran a los siete departamentos de la Costa Caribe y hacen parte de un problema que también podría afectar al resto del país, planteando que también este panorama se da por el mercado y la economía. Explicó que la demanda de energía está creciendo más rápido que la capacidad de la infraestructura disponible.
“Desafortunadamente, la infraestructura tiene una capacidad y la velocidad a la que está creciendo la demanda es mucho mayor que esa capacidad”, indicó el agente.
A esta situación se suma la realidad financiera de Air-e. El agente explicó que la empresa tiene una deuda cercana a los $5 billones con el mercado generador, mientras que sus usuarios le deben alrededor de $6,4 billones. En esta última cifra están incluidas deudas de hogares de barrios eléctricamente subnormales, estratos 1, 2 y 3 y otros clientes.
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Además, planteó que recuperar parte de ese dinero permitiría a Air-e cumplir con sus obligaciones y contar con recursos para invertir en la mejora del servicio. Entre las posibilidades mencionó que algunas de estas deudas puedan ser asumidas o reorganizadas con apoyo del Estado, especialmente las de los hogares con menores ingresos.
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“Ahí juntaríamos los 5.5 billones, es decir, podríamos pagarle al mercado generador y nos quedarían unos recursos adicionales que podríamos destinar a la inversión”, añadió.
Otro de los problemas señalados fue la alta concentración de barrios eléctricamente subnormales o asentamientos humanos en la región. Según Jaime Humberto Meza, el 92% de estos barrios del país están ubicados en la Costa Caribe, una situación que dificulta el cobro del servicio y también aumenta las pérdidas de energía. En Air-e, estas pérdidas se acercan al 30%.
A esto se suma el hurto de energía, que también afecta los ingresos de la compañía. El agente especial explicó que Air-e deja de recaudar aproximadamente entre el 25% y el 26% de la energía que factura, por lo que considera necesario establecer medidas que tengan en cuenta las condiciones particulares de la región.
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Mientras se buscan soluciones de fondo, Jaime Humberto Meza destacó una medida anunciada por el Gobierno para atender las dificultades más inmediatas: la destinación de $1,5 billones para pagar deudas con las empresas térmicas. Aunque aclaró que estos recursos no solucionan toda la situación, señaló que permitirán darle un respiro financiero a Air-e y a las empresas encargadas de generar energía.
En la instalación de lo que se convertirán espacios para buscar soluciones al contexto energético colombiano, también fueron discutidas las tarifas para los hogares de menores ingresos. John Maya, presidente de EPM, advirtió que en la Costa Caribe el consumo de los hogares de estrato 1 puede superar el límite establecido para recibir subsidios.
Cuando esto ocurre, las familias deben asumir una parte mayor de la factura, algo que puede resultar especialmente difícil durante periodos de altas temperaturas. Como alternativa, planteó revisar el uso de sistemas de energía prepago.
Al cierre del encuentro, la ministra de Minas y Energía, Nohemí Arboleda, anunció que estas mesas de trabajo continuarán y tendrán participación de los sectores de energía, carbón y gas, además de la academia, gobernadores y autoridades municipales. La funcionaria destacó que durante la jornada surgieron propuestas de diferentes actores para enfrentar las dificultades y aseguró que el trabajo continuará pese al momento complejo que atraviesa el sector.
Finalmente, el procurador general, Gregorio Eljach, advirtió sobre el crecimiento de las deudas, el déficit y los bloqueos que afectan al sector energético. Explicó que la Procuraduría acompañará este proceso desde la prevención y el cumplimiento de las normas, pero sin asumir las funciones de las entidades responsables. Eljach aseguró que el Ministerio Público mantendrá sus puertas abiertas para seguir buscando soluciones y prevenir mayores costos para el Estado y posibles actuaciones disciplinarias.