La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria en contra de Elmer Felipe Durán, exsuperintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, y tres de los agentes especiales que intervinieron la empresa Air-e en la región Caribe: el exministro de Minas, Edwin Palma Egea, Diana María Bustamante Rueda y Nelson Javier Vásquez Torres.
La decisión fue tomada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 2, tras un informe preventivo de la delegación de asuntos ambientales, minero-energéticos y agrarios del ente de control, en la que se encontró un patrón de omisiones durante los tres periodos de intervención de Air-e.
Según ese informe, la deuda con las generadoras pasó de solo 833.000 millones de pesos en febrero de 2025 a 2.23 billones de pesos en diciembre del mismo año. En ese periodo, el índice de pérdidas técnicas subió del 29.37% al 31.20% y el patrimonio neto de la empresa pasó de positivo a negativo bajo la administración directa del Estado.
Al exsuperintendente Durán se le indaga por la falta de un plan estructurado de intervención y solución empresarial, por omisiones en la gestión de la deuda con generadores y por no entregar información completa a los organismos de control.
Mientras tanto, al exministro Edwin Palma la autoridad le atribuye incumplimientos en el traslado de recursos para alumbrado público, retrasos en reportes ante el SUI, XM y la CREG, y la falta de corrección de prácticas irregulares de facturación heredadas de administraciones anteriores.
En esa línea, a Diana Bustamante Rueda se le señala el incumplimiento de reportes regulatorios y un permiso de poda vencido, la baja ejecución del plan de inversiones sin medidas de contingencia, el deterioro del índice de pérdidas y el abandono de 68 de los 70 proyectos previstos bajo el programa PRONE 2021.
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Finalmente, a Nelson Javier Vásquez Torres se le investiga por una ejecución del plan de inversiones de apenas el 5,4%, el deterioro del índice de pérdidas con riesgo de una devolución de 467.000 millones de pesos a los usuarios, casos de fraude de contratistas sin medidas correctivas acreditadas, pasivos ambientales sin legalizar en doce líneas de alta tensión y el reporte de 21.000 millones de pesos en activos ante la CREG que, según el informe, no correspondían a la realidad operativa.
La Procuraduría ordenó notificar la decisión a los investigados y solicitó pruebas adicionales a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la propia Procuraduría Delegada que presentó el informe inicial.
El primero en reaccionar al respecto fue el mismo exministro de minas y energía, Edwin Palma, escribió por sus redes sociales que no se enteró por los canales correspondientes y que “se defenderá como siempre”.