El Consejo de Estado respaldó en las últimas horas una decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico que obliga a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y al Ministerio de Minas y Energía actuar de forma inmediata frente a la crisis tarifaria que padecen los usuarios de energía eléctrica en la región Caribe.Durante el desmonte del llamado régimen tarifario especial, el cual cobraba a los usuarios del norte del país gastos de operación y pérdidas por robo de energía, se presentó una apelación por parte de MinMinas, la Creg y Air-e que advertía un “riesgo en la sostenibilidad financiera del servicio”, en caso de avanzar en el cambio de las fórmulas tarifarias y por ende en la reducción del precio de la factura.No obstante, ahora el alto tribunal consideró que eso sí es posible modernizando la infraestructura para proteger las redes y desplegando actividades para prevenir el robo de energía y la manipulación de medidores.De tal modo, entre la orden impartida hacia esas entidades también está que se active un protocolo que verifique que las pérdidas que reporta Air-e correspondan a la realidad, siguiendo las recomendaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y a Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios. Además, adoptar las medidas necesarias para que la variación de las tarifas en la región Caribe sea proporcional al promedio nacional.También es importante mencionar que la providencia, con ponencia de la magistrada Nubia Margoth Peña, surge de una acción popular interpuesta por las personerías de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, en la que denunciaron que durante el régimen tarifario especial las compañías Air-e y Afinia estarían cobrando a los usuarios los costos de un sistema deteriorado, sin haber hecho las inversiones que prometieron.De hecho, el fallo es contundente al señalar que las empresas han trasladado a los usuarios "los costos del deterioro del sistema, de la falta de inversión en infraestructura y tecnologías, y de la falta de control de las pérdidas no técnicas de energía eléctrica."
Como un alivio es visto por las generadoras de energía el reciente aviso publicado por Air-e en su página web, donde la intervenida empresa informó que tras una aprobación de recursos superiores a los 200.000 millones de pesos desde el Ministerio de Hacienda, "la compañía iniciará las gestiones necesarias ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para pagar a partir de la fecha la mayor cantidad de obligaciones relacionadas con compra de energía adquiridas en forma previa y posterior a la toma de posesión".El desembolso es menor al 10% de la deuda, la cual supera los 2.5 billones de pesos; sin embargo, desde el gremio de las generadoras Andeg destacan que al menos habrá un abono, después de año y medio sin recibir un pago por parte de Air-e."La última vez que la empresa pagó esa acreencia que se viene acumulando fue más o menos en enero o febrero de 2025 y desde entonces la bola de nieve lo único que ha hecho es crecer; entonces que estén diciendo que van a comenzar a pagar algo, pues es un buen mensaje", expresó Alejandro Castañeda, presidente de Andeg."Ojalá sean más recursos, porque la verdad es que la gestión de la SuperServicios frente a esta compañía es nula o muy baja, por eso esta deuda viene subiendo y subiendo cada mes. Solo el último mes subió 130.000 millones de pesos", indicó.Castañeda aseguró que es necesario que esos aportes se hagan lo más rápido posible, para que los acreedores mejoren la situación que tienen con respecto al Fenómeno de El Niño. "Hay que encontrar esos mecanismos para que esto sea rápido y diligente, es decir, tiene que llegarles a los principales acreedores. Hay empresas que están acumulando hoy en día casi el 40% el total de la deuda, que no vayamos a tener apagones por falta de plata y por falta de de compra de combustible durante el Fenómeno de El Niño", agregó Castañeda.
A raíz de las quejas por el aumento de la tarifa de energía para los usuarios de Air-e en el Caribe, la intervenida empresa explicó que el incremento obedece a los impactos del Fenómeno de El Niño sobre los costos de generación.Como se recordará, Air-e anunció que en la factura que llegará a partir de julio, habrá un incremento del 5.5% en el valor del kilovatio hora, ubicándose en 840,15 pesos, para sus usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira.Para entenderlo mejor, si tomamos como referencia el recibo de luz de una casa donde viven tres personas, en estrato 2 y con un consumo de 294 kilovatios hora al mes, encontramos que allí deberán pagar unos 220.000 pesos por la energía, aún con el subsidio del 50% que aplica para su estrato y sin incluir impuestos adicionales como la tasa de seguridad.Al respecto, Air-e explicó que las variaciones obedecen, especialmente, al incremento del costo de generación por los altos precios en bolsa como consecuencia de la presión ejercida por el fenómeno de El Niño. A esto, sostuvo la empresa, se suma el crecimiento de la demanda de electricidad en el país por las altas temperaturas, "un mayor requerimiento de energía que ha impactado los precios en el mercado, generando un aumento en los costos de compra para las empresas comercializadoras en el país".Rechazo de los usuariosDesde la Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe afirma que la explicación de Air-e "no es valedera porque la empresa intervenida había anunciado el año pasado que las tarifas eléctricas de los años 2025 y 2026 permanecerían estables, pues ya había negociado las necesidades de energía a través de contratos a largo plazo, que permiten precios constantes para el 85% a 90% de las necesidades del fluido". "El otro 10% o 15% es el que puede variar, porque se negocia a diario en la bolsa de energía, pero su peso es muy pequeño en la tarifa, cuando estamos hablando de un aumento de $45 el kilovatio hora, el 5,5% que es igual o mayor al costo de vida en todo el año", criticó Norman Alarcón, presidente de la Liga de Usuarios.
Desde las 7:00 de la mañana de este viernes se llevará a cabo un plantón en la sede Torres del Atlántico, ubicada en el norte de Barranquilla, donde trabajadores de la empresa Air-e Intervenida protestarán en rechazo al anuncio de liquidación entregado por el Presidente Gustavo Petro esta semana.Aseguró al respecto el presidente del sindicato de trabajadores de la Energía (Sintraelecol), Eduardo Remolino, que el llamado se hizo para defender “sus contratos de trabajo, estabilidad y garantías laborales, así como su convención colectiva de trabajo”.“Como Sintraelecol, sindicato que representa a los trabajadores, tenemos que manifestar efectivamente nuestra inconformidad con que el señor Presidente (Gustavo Petro) haya manifestado liquidación de la empresa Air-e a menos de dos meses de terminar su periodo, contando además que estamos a escasos días de las elecciones en donde se dará un nuevo mandatario.Nos jugamos nuestra estabilidad como trabajadores, pero mucho más que eso nos la prestación de un servicio público”, declaró en entrevista con Blu Radio.Más allá de cierre operacional de la empresa, desde el sindicato también mostrarán su descontento por “las decisiones que se vienen adoptando internamente por parte del nuevo agente interventor”, Jaime Humberto Mesa Buitrago, en las que según ellos se sembró zozobra e incertidumbre por el despido de 12 trabajadores en los últimos 15 días.Además, denunció Remolino que cargos que eran ocupados por personas de la costa con varios años de experiencia, ahora estarían siendo presuntamente entregados a asesores que llegan desde el interior del país.“Reconocemos el compromiso histórico del gobierno del presidente Gustavo Petro con las causas laborales y la defensa de los trabajadores. Sin embargo, también consideramos que la lealtad con los principios exige señalar cuando determinados funcionarios o administradores designados durante los procesos de intervención adoptan decisiones que se apartan de esos postulados. La defensa de los trabajadores no puede ser un discurso para las campañas y una práctica diferente en la administración cotidiana de las empresas intervenidas”, escribieron en una carta.“Sintraelecol Atlántico reitera que la verdadera transformación de Air-e no se logrará mediante despidos, persecuciones o cambios de nombres en los cargos directivos. La solución pasa por construir una empresa sólida, técnica, transparente y respetuosa de los derechos humanos y laborales. Ningún proyecto empresarial puede sostenerse sobre el miedo, la injusticia o la vulneración de las garantías de quienes han entregado su vida al servicio de la comunidad”, añadieron.La intención de los trabajadores es hacer un plantón durante un par de horas y luego volver a los respectivos sitios de trabajo para no frenar completamente la jornada laboral.
La intervenida empresa Air-e respondió a los cuestionamientos y envió un mensaje de tranquilidad a sus usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira frente a la incertidumbre que ha surgido por la liquidación a la que será sometida esta compañía.El presidente Gustavo Petro aseguró que hay que liquidar a Air-e y, pese al revuelo que ha causado el anuncio, la compañía recordó que esta liquidación se viene trabajando desde “febrero de 2025, cuando la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios expidió la resolución mediante la cual estableció que la toma de posesión de la empresa continuaría bajo dicha finalidad”.No obstante, Air-e aclaró que mientras haya una transición ordenada de la operación, y aun cuando esta termine, estará garantizado el suministro de energía para cada uno de sus usuarios y que el cambio de operador no implica aumentos en las tarifas vigentes.A pesar de esto, no hay tranquilidad, por lo menos para los generadores y demás agentes del mercado que afirman que, además de la continuidad del servicio, también debe garantizarse la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, antes de cualquier decisión sobre Air-e.Lo anterior se basa en que Air-e atiende aproximadamente el 11,3 % de la demanda nacional de energía y mantiene obligaciones cercanas a $2,7 billones con agentes del mercado eléctrico, pese a la intervención.
El mandatario barranquillero fue enfático en decir que durante la intervención del Gobierno, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos, Air-e se ha deteriorado en diferentes frentes.Las declaraciones del alcalde Alejandro Char, quien estaba acompañado del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, se dieron después de que se le preguntara por la decisión de Gustavo Petro de liquidar la empresa a menos de dos meses de terminar su presidencia.“Todo lo que hace el Gobierno es un desastre: cinco interventores, la deuda se duplicó, se triplicó con las generadores, eso fue un desastre, eso ha sido lo peor que ha pasado. Así de sencillo”, dijo.Las afirmaciones de Char en contra de la liquidación anunciada por el Presidente de la República en su cuenta de la red social X, se suma a la de gremios en el Caribe colombiano, las generadoras, usuarios y voces autorizadas como la del exministro de minas Amylkar Acosta, que califican la decisión como un salto al vacío que pone en grave riesgo energético a los habitantes de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde Air-e presta sus servicios.Para las generadoras, por ejemplo, esto implicaría un apagón inmediato para más de un millón de hogares, dónde opera la empresa, al no tener un operador claro para su reemplazo; sin mencionar que las deudas de 2,5 billones de pesos quedarían congeladas en el tiempo y sin un horizonte claro de pago.
Poco a poco se van conociendo más reacciones alrededor del anuncio del Presidente Gustavo Petro de liquidar la empresa Air-e Intervenida, que tiene operación en la región Caribe. Este miércoles, quienes se quejaron al respecto fueron los tenderos y pequeños comerciantes del Atlántico, asegurando que de ser una decisión tomada, esperan que vaya acompañada de todo un proceso para la correcta entrada de un nuevo operador y que ellos no queden afectados con el suministro de energía ni con aumentos en las tarifas, cuyo valor en los últimos años “ha crecido en un 100% en esta jurisdicción”.Orlando Jiménez, directivo de Undeco Atlántico, aseguró que pequeños comerciantes o hasta panaderos dependen de un buen servicio de la empresa, ya que no tienen las ganancias suficientes para comprar paneles solares o una planta eléctrica, mucho menos si pagan facturas alrededor de los dos millones de pesos.“Si esa es la forma para garantizar un manejo eficiente del servicio de la energía en nuestra región o departamento y revisar de fondo el componente de las tarifas, teniendo además una eficiencia constante en la prestación de servicio, pues estaríamos de acuerdo (con la liquidación). Solo con el cumplimiento de esas condiciones, no podemos repetir los errores del pasado”, declaró Jimenez en entrevista con Blu Radio.Agregó el directivo de la Unión Nacional de Comerciantes que son al menos 6.000 tiendas en Barranquilla las que se han visto afectadas con cortes repentinos de luz o altos pagos. Si se cuenta todo el departamento, el número de comercios abrumados supera los 13.000.Una posición similar tienen los habitantes del municipio de Galapa, donde están dispuestos a cerrar el paso vehícular en la vía Cordialidad que conecta al Atlántico con Cartagena, si una liquidación de la empresa Air- e significa renunciar a las subestimación que les prometieron para ponerle fin a los racionamientos de energía en esa zona.“La empresa Air-e tiene un plan de inversión de 5.000 millones de pesos para un nuevo circuito en el municipio de Galapa, con el objetivo de aliviar las cargas que se han venido presentando, siendo estas el causal de los apagones que hemos tenido. La pregunta a ahora es, ¿Donde quedará ese plan de inversión previsto?”, fueron las palabras de Alexander Aguilar, líder comunal en la urbanización Villa Olímpica y Galapa.Ellos describen como irresponsable que vaya a realizarse una liquidación sin tener un norte claro. Por poner un ejemplo, solo este lunes festivo todo el barrio Mundo Feliz del municipio de Galapa, uno de los más grandes en esa población, debió pasar la noche sin luz.
Más voces de rechazo se suman a la decisión del presidente Gustavo Petro de liquidar Air-e y que anunció en una publicación en la red social X.En un comunicado a la opinión pública suscrito por los Comités Intergremiales del Atlántico y Magdalena, las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, y Andi Atlántico-Magdalena, sostienen que al anunciar la liquidación de Air-e sin contar con un operador de reemplazo, sin plan de pago a generadores y sin garantías de continuidad, el presidente de la República viola la Constitución y la ley, además de que desconoce la existencia de alternativas idóneas para asegurar la prestación del servicio público esencial y domiciliario.Señalan los gremios en el documento que, al estar Air-e actualmente intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante un proceso de toma de posesión que se adelanta de conformidad con la Ley 142 de 1994 y el Decreto 990 de 2002, cualquier decisión sobre la liquidación de la compañía debe respetar las etapas y condiciones previstas en este procedimiento.Añade también que trasladar la operación a Gecelca, como insinúa el presidente, sin resolver previamente las deudas de Air-e con las generadoras de energía agravaría la crisis actual.“Jurídicamente, cualquier proceso de fusión o integración empresarial debe respetar los límites a integraciones verticales, los derechos de los acreedores y el cumplimiento de múltiples requisitos legales y regulatorios. Los acreedores cuentan con mecanismos para oponerse o controvertir operaciones que puedan afectar la satisfacción de sus créditos, lo que podría llevar a controversias y retrasos significativos”.En ese sentido, agregaron que antes de iniciar cualquier proceso de liquidación, el Gobierno debe garantizar la existencia de un operador idóneo que asuma la prestación del servicio para más de 1,3 millones de usuarios. “Ese operador debe contar con experiencia comprobada, capacidad técnica, solidez financiera y la infraestructura necesaria para atender uno de los mercados eléctricos más importantes del país”.Así mismo, el exministro de Minas, Amylkar Acosta, calificó como imprudente la liquidación, sobre todo porque el país enfrenta un fenómeno del Niño intenso que podría ser duradero, además de la deuda por 2.5 billones de pesos de Air-e con las generadoras y que las pone en grave riesgo financiero.“Esto podría dar lugar a lo que ya ha prevenido XM, que es la empresa que administra y opera el sistema interconectado nacional, a un efecto dominó que podría derivar en lo que han advertido los organismos de control en un apagón financiero que comprometería seriamente la prestación del servicio de energía. Este sería un salto al vacío”, destacó Acosta.Por último, desde los gremios en el Caribe pidieron a la Procuraduría y la Contraloría actuar ante el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro con base en las facultades y responsabilidades que tienen.
El fenómeno El Niño no solo traerá altas temperaturas en las próximas semanas, sino la posibilidad de racionamientos para el país desde abril del próximo año, según la advertencia entregada por el gremio de las generadoras de energía, Andeg, ya que actualmente están sumidas en una crisis de operación por las deudas cercanas a los 2.5 billones de pesos que tienen con la empresa Air-e Intervenida; y de la aún no se observa una solución clara a la vista.De esa manera fue descrito el panorama por el director ejecutivo de Andeg, Alejandro Castañeda, quien especificó a Blu Radio que esos compromisos financieros vienen creciendo mensualmente en unos 140 mil millones de pesos, por lo que a corte de diciembre la deuda estaría fijada en 3.2 billones de pesos de no haber abonos; estaríamos hablando de un aumento del 40% en total.“Para nosotros comprar el combustible que nos generará energía un mes en todas las plantas térmicas del país nos vale cerca de 1.5 billones de pesos, entonces estaríamos iniciando este fenómeno con un mes sin caja para comprarlo. La verdad lo que notamos es que no hay ninguna respuesta de parte del Gobierno. Como decimos, no hay ninguna priorización de desembolsar esos recursos”, dijo inicialmente.Agrega Castañeda que la falta de respuestas podría hacer fracasar los preparativos del gremio para este largo verano, los cuales iniciaron desde el año anterior con mantenimientos programados y alistamiento de la logística de combustible. Por ende, critica la gestión del Gobierno desde su Ministerio de Minas y Energía.“El Gobierno Nacional no tiene ni idea del por qué intervino la empresa Air-e. No sabía en qué se estaba metiendo, ni lo sabe después de 20 meses de gestión. Para operar esa compañía tenía que tener recursos. Ellos llegaron porque había un problema financiero con deudas más o menos de unos 500 mil millones de pesos, una parte vencida y otra no. Si usted interviene, es para que sigan funcionando dentro del mercado. Para que se sigan pagando a los demás agentes, pues al final del día es responsabilidad suya que no se apague el país, o que no ocurra eso en los tres departamentos, en Atlántico, Magdalena y La Guajira”, agregó.Finalmente, la alerta de Andeg es que sin recursos “será complejo soportar los golpes del fenómeno El Niño”. Por eso, tampoco están de acuerdo en que la empresa Air-e esté cambiando constantemente de agentes especiales, ya que no les da tiempo de comprender y ayudar con la problemática energética.
Mientras el termómetro viene marcando más de 41 grados en Valledupar, a diario los cortes de energía se extienden hasta por 12 horas, sea por mantenimiento o por liberarle carga al sistema, lo cual mantiene en aprietos a los usuarios, en especial aquellos enfermos que requieren del servicio eléctrico para sobrevivir.Tal es el caso de Yolanda del Valle, una paciente de 73 años que sufre de alzheimer, está en cama, es portadora de sonda para alimentación y requiere estar conectada a un equipo de oxígeno 24/7. Cuando no hay luz, su familia debe conectarla a una bala de oxígeno, pero la EPS solo recarga esta bala cada tres meses y ahora temen que el contenido se agote antes de tiempo, debido a los extensos cortes de energía."Cuando los cortes son muy recurrentes, la bala de oxígeno no alcanza, porque ellos a mí nada más me entregan una bala cada tres o cuatro meses. Por eso para mí eso es un dolor de cabeza, cada vez que se va la luz. A veces se han cumplido 12 horas y nada que han restablecido el servicio", contó su hija, Denisfer Romani.Recibos más costososLa ciudadanía también se queja porque, a pesar de soportar largas horas sin el servicio de energía, el recibo del mayo llegó más costoso. Usuarios de estrato 2 afirman que les están cobrando más de 300.000 pesos por el servicio del mes pasado, aun cuando muchas veces no tienen ni cómo prender un abanico."Cómo es posible que yo venía pagando un recibo de 170.000 pesos y últimamente se me ha incrementado, tanto así, que este último me llegó de 328.000 pesos, pero se nos va la luz toda la noche. Se supone que si nos están suspendiendo la luz siete u ocho horas diarias, el recibo debería bajarnos", cuestionó un habitante del barrio 7 de agosto, de Valledupar.Afinia explicaAl respecto, lo que indica la empresa Afinia es que el consumo en el mes de mayo aumentó en un 10% y ello explica las altas tarifas, pues en las horas en las que se utiliza el servicio hay mayor uso de aires acondicionados y equipos de refrigeración por el intenso calor.El gerente de Afinia, Ricardo Arango, sostuvo que las altas temperaturas han provocado un consumo de energía sin precedentes y que la empresa está haciendo esfuerzos para atender el crecimiento de la demanda, pero que los bloqueos y problemas de inseguridad han impedido avanzar en las obras que se requieren para modernizar la infraestructura eléctrica y garantizar un mejor servicio a los usuarios."El sistema eléctrico del Cesar está enfrentando una presión sin precedentes por las altas temperaturas que han incrementado significativamente el consumo de energía en toda la región", dijo. "Es importante destacar que existen sectores y municipios donde la modernización y ampliación de las redes eléctricas no ha podido avanzar al ritmo que el territorio requiere, debido a dificultades sociales de orden público, bloqueo, resistencia al ingreso de cuadrillas para ejecutar obras y presencia de actores ilegales", agregó.Afinia afirma que a la fecha ha invertido cerca de 475.000 millones de pesos en la modernización y fortalecimiento del sistema eléctrico del Cesar, a pesar de que en este departamento el recaudo es apenas del 60% y las pérdidas de energía están por el orden del 40%.
La reducción de la jornada laboral en Colombia sigue siendo uno de los cambios más importantes en las relaciones entre trabajadores y empresas. La medida tiene como objetivo disminuir las horas de trabajo semanales sin afectar el salario de los empleados, por lo que las empresas ahora deben ajustar sus horarios y procesos para cumplir con la normativa.El cambio corresponde a la Ley 2101, que establece una reducción gradual de la jornada máxima laboral en el país. La aplicación inició con una disminución progresiva hasta llegar a las 42 horas semanales, reemplazando el límite anterior de 48 horas.Este ajuste lleva a que las empresas deban revisar la manera en la que distribuyen los turnos y las cargas laborales, especialmente en sectores donde la operación depende de horarios extendidos o atención permanente al público.Reducción laboral obliga a hacer estos cambiosUno de los principales cambios que deben implementar las empresas está relacionado con la reorganización del tiempo laboral. Es decir, la reducción de horas no significa que los empleados reciban menores salarios ni que se reduzcan sus funciones automáticamente.Las compañías tendrán que analizar sus esquemas internos para garantizar el cumplimiento de las horas establecidas sin afectar la productividad. Entre los ajustes que pueden realizar están:Redistribuir los horarios de entrada y salida de los empleados.Modificar turnos de trabajo según las necesidades de cada área.Optimizar procesos internos para mantener la operación.Revisar la asignación de tareas y responsabilidades.El objetivo es que la disminución de la jornada no genere sobrecargas laborales ni obligue a los empleados a compensar las horas reducidas con mayor presión durante el tiempo restante.Empresas deben mantener el salarioUno de los elementos que más dudas genera entre trabajadores y empleadores es el impacto económico del cambio. De acuerdo con la norma, la reducción de la jornada laboral no puede ser una razón para disminuir el salario.Es decir, los empleados seguirán recibiendo el mismo pago por sus labores a pesar de la reducción de horas trabajadas. Además, las empresas deberán mantener las condiciones laborales establecidas en los contratos vigentes.La medida busca que Colombia avance hacia modelos laborales con mayor equilibrio entre la vida personal y profesional, siguiendo tendencias internacionales relacionadas con la productividad y el bienestar de los trabajadores.Sin embargo, no se trata únicamente de la reducción de horas, pues también se deben tener en cuenta aspectos como el pago de horas extras, recargos nocturnos y dominicales, ya que estos cálculos dependerán de la nueva jornada máxima permitida.Norma propone un cambio en la organización del trabajoLa implementación de esta norma representa un reto para diferentes sectores económicos, especialmente aquellos que funcionan con atención continua como comercio, servicios, salud, transporte e industrias.Aunque algunas compañías ya han adelantado ajustes, otras deberán acelerar sus procesos de adaptación para evitar incumplimientos laborales. La recomendación para los empleadores es revisar contratos, horarios y sistemas de control de tiempo para ajustarse a las nuevas reglas.Con esta reducción progresiva, el país busca transformar la relación laboral y promover una jornada más equilibrada, mientras las empresas enfrentan el desafío de mantener su eficiencia con una nueva distribución del tiempo de trabajo.
La lucha contra el crimen organizado sumó un nuevo capítulo simbólico en Medellín con la entrega de una lujosa propiedad que alguna vez estuvo en la órbita del Cartel de Pablo Escobar y que, desde ahora, será utilizada por el Gaula Militar para fortalecer las operaciones contra el secuestro y la extorsión.El inmueble, ubicado en el exclusivo sector de El Poblado, deja atrás su pasado ligado a una de las organizaciones criminales más poderosas de la historia del país para convertirse en un activo al servicio de la seguridad.La entrega fue realizada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) como parte de una estrategia conjunta con el Ministerio de Defensa para recuperar bienes provenientes de economías ilícitas y destinarlos al fortalecimiento de la Fuerza Pública.La propiedad, de 1.798 metros cuadrados construidos, hacía parte de los procesos de extinción de dominio relacionados con los hermanos Galeano y Moncada, considerados piezas fundamentales de la estructura financiera del Cartel de Medellín y estrechos aliados de Escobar durante los años de mayor poder de esa organización narcotraficante.Amelia Pérez, presidenta de la SAE, destacó que con esta decisión, el Estado busca resignificar espacios que durante décadas representaron el enriquecimiento producto del narcotráfico y convertirlos en herramientas para combatir precisamente al crimen."Ser utilizado para beneficio del país y qué más que a través de ustedes. Esperamos sea bien aprovechado, que sea bien utilizado en todo lo que ustedes saben hacer para evitar tantas extorsiones, tantos hechos que afectan a esta sociedad", dijo la directiva.Aparte de este bien en la capital antioqueña, la entidad del Gobierno nacional también entregó otros dos inmuebles en Cúcuta y Cali. En la capital nortesantandereana fue recuperada una propiedad de más de 3.500 metros cuadrados que perteneció a la estructura criminal de Henry Carrillo Ramírez, alias ‘Barriga’, señalado como cabecilla de una red transnacional de narcotráfico.Por su parte, en Cali, el Estado puso al servicio de las autoridades una vivienda de tres niveles vinculada a procesos de extinción de dominio contra Helmer Herrera Buitrago, alias ‘Pacho Herrera’, uno de los máximos jefes del Cartel de Cali.
Ariana Tirado es una joven venezolana que vive en el barrio Villa Estadio del municipio de Soledad, en el Atlántico. En esta coyuntura trágica para su país, su historia tuvo un final feliz cuando se enteró de que su hermano, Gustavo Tirado, no murió en el terremoto del pasado miércoles en Venezuela, que afectó gravemente la ciudad de La Guaira, donde se encontraba.Fueron más de dos días los que vivieron Ariana y su madre sin saber nada de su hermano. Contó que las comunicaciones eran casi imposibles; sin embargo, pudo contactarse con algunos vecinos en La Guaira que le dijeron que Gustavo estaba bien, pero no lograban escucharlo a él de viva voz.“Fue una sensación de alivio muy grande, pasamos más de 48 horas sin saber nada de él y por fin este sábado en la madrugada pudimos hablar telefónicamente y nos contó que estaba bien. Estábamos desesperados. Mi hermano vivía en un conjunto residencial que, afortunadamente, no se vino abajo totalmente, pero sí quedó inhabitable. Varios vecinos quedaron heridos y mi hermano ayudó a sacar a varios. Todos los residentes sobrevivieron”.Pese a que su hermano apareció, la joven cuenta que son muchas las personas cercanas y amistades que siguen perdidas entre los escombros, como la señora Celeste Adriana Pérez Landaeta, quien, según describe, estaba en la residencia Costa Azul, en la ciudad de La Guaira.Por último, Ariana agradeció a todos los barranquilleros y colombianos que se han sumado a la campaña de solidaridad, pero hizo énfasis en que ahora lo que más necesitan sus compatriotas, por las conversaciones que ha tenido con familiares y amigos, son insumos médicos para atender a la gran cantidad de heridos que llegan a los hospitales.
Siguen los pronunciamientos institucionales tras las declaraciones de los últimos días del concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez, quien lanzó una polémica propuesta al Gobierno nacional electo a raíz de los resultados de los comicios del pasado 21 de junio.Quien más recientemente lo hizo fue la Defensoría del Pueblo, quien afirmó que los discursos que promueven violencia contra territorios y comunidades por sus decisiones políticas son incompatibles con la democracia. Esto, a propósito de la solicitud del corporado de iniciar fumigaciones contra cultivos ilícitos y bombardeos en municipios antioqueños donde aumentó considerablemente la votación por Iván Cepeda entre la primera y segunda vuelta presidencial.Rordíguez se refirió específicamente al municipio de Campamento, Norte de Antioquia, donde días previos a los comicios se levantaron alertas por presuntos constreñimientos de las disidencias de las Farc."No nos vamos lejos, Campamento. Pasó de 400 votos por Iván Cepeda a 2.500 y todos sabíamos las alertas que habían en el municipio de Campamento de las amenazas de las Farc para que votaran por Iván Cepeda. Podemos arrancar las fumigaciones por ahí, podemos arrancar los ataques del Ejército y la Policía por ahí", declaró el corporado druante una sesión plenaria el apsado 23 de junio. Por este tipo de declaraciones la Defensoría del Pueblo le pidió al concejal Rodríguez retractarse de estas declaraciones, al mismo tiempo que anunciaron la remisión de una petición a la Fiscalía General para que investigue si las palabras del concejal constituyen algún tipo de conducta delictiva.“Señalar territorios como objetivos militares por sus decisiones democráticas, constituyen un discurso incompatible con el Estado social y democrático de derecho. Desconoce la dignidad humana y ponen en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de millones de colombianos y colombianos”, dijo la Defensoría remarcando que el ejercicio de un cargo de elección popular no constituye una autorización para promover discursos de odio.
Las autoridades colombianas dieron un nuevo golpe contra el crimen transnacional con la captura en Medellín de uno de los delincuentes más buscados por la justicia chilena.Se trata del ciudadano venezolano Eduardo Antonio Gómez Arévalo, conocido como 'Guayo', señalado de integrar estructuras criminales responsables de homicidios y otros hechos de extrema violencia en ese país.La detención fue realizada por la Dirección de Investigación Criminal y la Interpol, luego de un trabajo de inteligencia que permitió ubicar al fugitivo en la capital antioqueña. Al momento del procedimiento, el hombre intentaba ocultar su verdadera identidad: no portaba documentación y utilizaba datos falsos con el propósito de burlar los controles migratorios y evitar ser detectado por las autoridades internacionales.Sobre alias 'Guayo' pesaba una notificación roja de Interpol emitida por la justicia chilena, quienes lo requieren para responder por una serie de delitos de alto impacto. Entre ellos figura el feminicidio de su compañera sentimental, a quien, según la investigación, habría ultimado con arma de fuego. Además, enfrenta procesos por homicidios frustrados y múltiples ataques armados que dejaron varias personas muertas y heridas.Las pesquisas también lo ubican como uno de los presuntos coordinadores de las operaciones delictivas del Tren del Coro en territorio chileno, organización señalada de ejecutar acciones violentas mediante el uso de armas de fuego de alto calibre para atacar a grupos rivales y consolidar su control criminal.Tras su captura, alias 'Guayo' quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta el trámite correspondiente mientras el Gobierno de Chile formaliza la solicitud de extradición para que responda ante la justicia por el amplio prontuario criminal que se le atribuye.
