El pasado 30 de abril, la Procuraduría remitió a la Jurisdicción Especial de Paz un documento de 102 páginas, en el que explica sus observaciones frente a la imputación anunciada contra las Farc por secuestro y otros crímenes de lesa humanidad.
Los argumentos del Ministerio Público fueron importantes para que en las últimas semanas, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas sumara el delito de esclavitud a los que les fueron imputados a los antiguos integrantes del secretariado de las Farc dentro del caso de secuestro.
El documento preparado por el equipo del procurador delegado para la JEP, Jairo Acosta, desarrolla un interesante análisis jurídico sobre el caso de toma de rehenes por parte de las Farc, analizado a la luz del Estatuto de Roma, que es la columna vertebral de la Corte Penal Internacional y hace comentarios sobre varios aspectos, en particular, dos que son muy sensibles.
El primero, tiene que ver con el tema de la esclavitud cometida por las Farc con los secuestrados, sobre esto, la Procuraduría dice: “en ningún momento se tuvieron en cuenta los casos de venta del secuestrado y explotación (casos concretos, donde se utilizaban a las víctimas para tareas específicas como cocinar o limpiar carreteras), que son conductas descritas por el Estatuto de Roma como formas de esclavitud”.
La Procuraduría recuerda que el Estatuto de Roma “define la esclavitud como el ejercicio de uno o todos los poderes relacionados con el derecho de posesión sobre una persona e incluye el ejercicio de ese poder en cursos de tráfico de personas, en especial, de mujeres y niños. Dentro de los elementos del crimen se mencionan las diversas formas por las cuales se puede ejercer el derecho de propiedad sobre una persona, como, por ejemplo, la compra y la venta, entre otros”.
El Ministerio Público también advierte que “la finalidad de explotación en los secuestros también hizo parte de los actos de las Farc y esto se extrajo de los patrones de comportamiento criminal”, ante lo cual, el Ministerio Público pide a la JEP que identifique patrones criminales cometidos por la antigua guerrilla, en lugar de políticas de la organización.
El otro capítulo de la mayor gravedad que puso sobre el tapete la Procuraduría ante la JEP, está relacionada con la violencia sexual, en particular, la sufrida por algunas mujeres durante el secuestro.
La Procuraduría afirmó en el documento que “la violencia sexual sufrida por algunas víctimas durante el cautiverio, especialmente dirigida para atentar contra las mujeres, constituía una forma especial de victimización porque estaba enmarcada en estructuras de dominación que surgen de una cultura de desigualdad”.
Según la entidad, “se utilizó el cuerpo de las mujeres para reafirmar la autoridad y el poder en los territorios” y recordó, con base en testimonios de las mujeres, que debían hacer sus necesidades frente a los guerrilleros y eran obligadas a exhibir sus partes íntimas.