La Colombia rural "ha resuelto la mayoría de sus conflictos a balazos. Esa es una de las causas de la guerra en el país", dijo el exguerrillero y ahora congresista 'Pablo Catatumbo', quien pidió la palabra para celebrar la radicación en el Congreso de dos proyectos de ley del Gobierno que buscan darle forma, recursos y dientes a la jurisdicción agraria en Colombia.
Los dos proyectos son una ley estatutaria y otra ordinaria que crean juzgados de tierras en Colombia y cinco tribunales de segunda instancia. El objetivo es que pleitos que antes tardaban décadas (y por eso terminaban resueltos a las malas) puedan atenderse "casi tan rápido como una tutela".
Además, el Gobierno nacional quiere terminar de "ajustar" lo que hace falta para tener leyes claras en el marco de la reforma agraria y crear las bases de un ‘estatuto agrario’ que ordene principios de la ley de tierras de 1994, pero también de normas que están sobre la mesa desde hace casi un siglo.
“Lo que estamos diciendo hoy es: ordenemos en jueces que tienen conocimiento especializado y que tienen la capacidad de resolver prontamente todas esas discusiones. Tanto en lo sustancial como en el control judicial de la actuación administrativa del régimen agrario. Tenga usted la certeza de que ninguna persona con una decisión hoy de la Agencia Nacional de Tierras está carente de un recurso y lo que va a hacer esta jurisdicción es darle una respuesta más efectiva, especializada y eso que ha puesto de presente el ministro que es acortar decisiones que eran de décadas”, dijo la viceministra de Desarrollo Rural, Martha Carvajalino.
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Mediante el Plan Nacional de Desarrollo y algunos decretos, el Gobierno nacional quiere que la Agencia Nacional de Tierras resuelva asuntos como la extinción del derecho de dominio para acelerar la reforma agraria. Sin embargo, esas decisiones podrán ser discutidas y apeladas en la nueva jurisdicción.
Por su parte, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que la jurisdicción costará unos 138.000 millones de pesos al año, que ya están asegurados, y que los primeros juzgados deberían abrirse al público aproximadamente en enero del 2024.
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Osuna explicó que las altas cortes podrán seleccionar los casos de juzgados y tribunales que mas les interesen para ‘sentar jurisprudencia’. Aunque el acto oficial de radicación estuvo abarrotado de congresistas de la coalición de Gobierno y el Pacto Histórico, según el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, tiene las firmas de 60 congresistas de casi todos los partidos políticos.
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