La Asociación Colombiana de Criminología cuestionó el cambio en las directrices del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) relacionado con el uso de la palabra “niñas” en sus comunicaciones. Luz Elena Rodríguez Mesa, presidenta de la organización, sostuvo que diferenciar entre niñas y niños no responde únicamente a una cuestión semántica, sino que tiene implicaciones para las políticas públicas, las rutas de atención y los protocolos dirigidos a la infancia y la adolescencia.
“Las niñas son titulares de derechos y están expresamente reconocidas por la Constitución y la Ley 1098”, afirmó Rodríguez Mesa. Según explicó, la diferenciación también está contemplada en el Código de Infancia y Adolescencia y en convenios internacionales mencionados durante la entrevista.
La presidenta de la asociación señaló que existen factores de riesgo diferentes según el sexo y puso como ejemplo situaciones de emergencia. En ese contexto, indicó que puede aumentar la probabilidad de explotación sexual, trata de personas y delitos sexuales contra niñas, mientras que mencionó el reclutamiento forzado entre los riesgos relacionados con los niños.
Rutas de atención y políticas públicas
Rodríguez Mesa insistió en que utilizar únicamente el término “niñez” no resolvería las preocupaciones planteadas por la organización, debido a la necesidad de establecer mecanismos diferenciados de atención.
“Las niñas y los niños tienen que tener una diferenciación en las rutas de atención y en los protocolos, precisamente porque las aquejan problemáticas diferentes”, sostuvo.
La dirigente también mencionó problemáticas como los delitos sexuales, la explotación sexual infantil, la mutilación genital y el matrimonio en menores de edad, y señaló que estos fenómenos deben ser considerados en la formulación de políticas públicas.
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La importancia de las estadísticas
Otro de los argumentos expuestos está relacionado con la medición y evaluación de las políticas. Rodríguez Mesa señaló que, sin una diferenciación estadística, sería más difícil identificar los focos de atención, realizar diagnósticos y medir la eficacia de las acciones.
“Esto no es un problema de lenguaje. Acá estamos hablando de unos lineamientos públicos y estamos hablando del conocimiento basado en evidencia”, afirmó.
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Finalmente, sostuvo que la diferenciación hace parte de avances legislativos y judiciales que, según explicó, se han desarrollado durante las últimas tres décadas. Para la Asociación Colombiana de Criminología, mantener ese componente diferencial es necesario para una atención integral y eficaz de niñas, niños y adolescentes.
Escuche la entrevista completa acá: