El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, anunció la gestión de más de 253.000 millones de pesos para garantizar la continuidad de los servicios de atención a la primera infancia hasta diciembre de 2026, en medio de las denuncias por interrupciones en programas dirigidos a niños y niñas en diferentes regiones del país.
De acuerdo con la entidad, los recursos ya fueron trasladados a las direcciones regionales, que deberán avanzar en los procesos de contratación que permanecen pendientes y permitir así la reactivación de los servicios relacionados con atención, educación y alimentación.
El ICBF también señaló que la actual administración encontró una situación que, según su comunicado, ponía en riesgo la prestación de estos servicios. Se trata de contratos para la atención a la primera infancia que estaban vencidos desde el pasado 31 de julio en 11 departamentos del país.
La entidad aseguró que esta situación fue identificada al asumir la actual administración y que se están adelantando las gestiones necesarias para garantizar que los programas puedan continuar y que los derechos de los menores no se vean afectados.
Pero el panorama también está bajo la lupa por posibles irregularidades. El ICBF informó que adelanta una investigación para establecer si existen casos de corrupción relacionados con algunos operadores. Según la entidad, fueron identificados contratistas que tienen procesos sancionatorios activos y que, pese a esta situación, continúan prestando servicios en territorio.
Frente a estos casos, la institución anunció una revisión de cada situación y aseguró que se adoptarán las medidas correspondientes una vez avancen las investigaciones.
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La directora general del ICBF, Carolina Restrepo, también adelanta una revisión del presupuesto y de los procesos de contratación de la entidad para 2027, con el objetivo de evitar nuevas interrupciones y garantizar que la atención a niños, adolescentes y familias se mantenga de manera oportuna durante el próximo año.
El Instituto aseguró que esta nueva etapa estará marcada por una mayor vigilancia y control sobre los recursos destinados a la niñez y a las poblaciones más vulnerables. La apuesta, según la entidad, es garantizar que los recursos públicos lleguen de manera eficiente a quienes los necesitan y que la atención de la primera infancia no vuelva a quedar en riesgo por retrasos contractuales.