La exsecretaria general del Ministerio de Educación, Natalia Alexandra Riveros Castillo, junto a Dunia Semmir Montañez Jiménez, exsubdirectora de contratación, enfrentan juicio disciplinario ante la Procuraduría por aparentes irregularidades en licitaciones para mejorar infraestructura de colegios.
El Ministerio Público busca determinar si los estudios previos para dichos procesos fueron completos y suficientes para determinar las condiciones reales de las obras a contratar.
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Según la Procuraduría, “el mejoramiento de la infraestructura educativa es una política prioritaria para el desarrollo de los niños y jóvenes del país, el cual demanda una atención especial y primordial de los funcionarios que tiene a su cargo la ejecución de las mismas”.
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El ente de control disciplinario recordó que los estudios previos “deben corresponder a la mejor manera de absolver la necesidad que da inicio al proceso de selección y, tratándose de obras, deben abarcar todos los aspectos técnicos”. Sin embargo, en este caso al parecer no se habrían verificado las condiciones en que se encontraban las instituciones educativas a intervenir.
Entre las normas presuntamente vulneradas por las exfuncionarias está el numeral 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, que indica que “(…) cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño”.
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